DS(P) nº 44/5 del 10/5/2001

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, buenos días, se reanuda la sesión. Ruego al Secretario dé lectura al punto séptimo del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL-LETRADO MAYOR (SEÑOR DE MARÍA PEÑA):

Séptimo punto del Orden del Día: "Moción número 57, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política en materia de Universidades Privadas, consecuencia de la Interpelación que formuló dicho Grupo en la sesión plenaria anterior".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Don Ángel Velasco, en nombre de su Grupo, tiene la palabra para exponer la Moción. Gómez Velasco, perdón.

EL SEÑOR GÓMEZ GONZÁLEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, Señorías. Volvemos hoy a tratar aquí un tema que ya hace un mes expusimos y que no ha perdido ninguna actualidad, sino que yo creo que la mantiene con intensidad y con fuerza. Las mismas preocupaciones que nos condujeron a plantear el tema en estas Cortes, solicitando la intervención del señor Consejero, se mantienen vivas, porque la realidad en torno a la Universidad Privada SEK de Segovia no ha cambiado desde hace un mes; es más, no ha cambiado, en realidad, a lo largo de todo el curso. Y esa preocupación a nosotros nos empuja a ser, en este campo, reivindicativos con lo que entendemos que está siendo una actitud de inanición por parte de la Junta, de no asunción de lo que son sus responsabilidades y de dejar que el tiempo actúe curando lo que por sí mismo no va a curar.

Bajo nuestro punto de vista, es necesaria la intervención política de quien tiene capacidad política para ejercer los efectos políticos que sobre este asunto producirían, a nuestro juicio, si se hacen bien, soluciones. Y, desde ese punto de vista, creemos que nadie más capacitado que el propio Consejero de Educación para ejercer esas funciones políticas. Porque es verdad que en el conflicto SEK hay un asunto muy importante, que es el tema laboral y los conflictos que están acuciando a la Universidad desde el punto de vista de los trabajadores. Eso es cierto. Y, seguramente, ése es un campo en el que, probablemente, otro tipo de autoridades, distintas de la Consejería de Educación, tienen responsabilidades, y seguramente emitirán su valoración; ya la están emitiendo.

Pero no es menos cierto que esta anormalidad laboral está produciendo los efectos negativos que tratamos de evitar, y está causando, sobre todo, perjuicios a quienes de ningún modo tenían que verse perjudicados, que son los alumnos y sus derechos. El curso ha transcurrido con tanta anormalidad que el cierre del mismo va a ser necesariamente anormal. Esta propia anormalidad, que el propio Consejero reconoció hace apenas un mes diciendo que, si fuera necesario, prolongaría el curso, es lo que determina también, por nuestra parte, que consideremos necesaria la intervención política para solucionarlo y para aminorarlo.

Porque, es más, nosotros nos tememos que si no hay lo que a nuestro juicio tiene que ser un juego del papel que le corresponde a la Junta de Castilla y León en el asunto, el conflicto se prolongará más allá del presente y del actual curso académico. Y eso introduce otro elemento enormemente conflictivo y, desde luego, tremendamente preocupante.

El clima en la Universidad SEK, a pesar de que sí que hay algunas diferencias en cuanto a que, bueno, las clases se están impartiendo, pero el clima, es un clima en el que falta serenidad, no hay la suficiente serenidad académica para que los resultados puedan ser positivos, puedan ser efectivos. Y, por tanto, Señorías, se está prolongando un perjuicio, sobre todo, a los alumnos.

Por eso nosotros presentamos la Moción que seguramente ya conocen, y que, desde luego, reclamamos... para la que reclamamos su aprobación, sin la cual, evidentemente, no triunfaría.

Por eso pedimos que la Junta de Castilla y León asuma y desarrolle la función de arbitraje entre la comunidad universitaria de la Universidad SEK de Segovia, según recoge la Orden de creación de la citada Universidad, de cara a conseguir una solución a los muchos y graves problemas que durante este curso afectan al desarrollo académico de esta Universidad.

Y, en segundo lugar, pedimos que arbitre las medidas necesarias a fin de garantizar que los alumnos no pierdan el curso como consecuencia de circunstancias extraordinarias en las que se está desarrollando la actividad docente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. A la Moción presentada, se ha presentado por el Grupo Parlamentario Popular una Enmienda. Para su defensa, señor De la Hoz, don Raúl, tiene la palabra.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, Presidente. Y para tratar de presentar esta Enmienda con la misma brevedad con la que lo ha hecho el Proponente. Efectivamente, el Grupo Popular presenta una Enmienda que igualmente usted conoce, en la cual, nos referimos o tratamos de ampliar los contenidos, estando de acuerdo con los mismos, del segundo párrafo, del segundo punto de su Moción.

Consideramos correcto, y así lo había hecho usted, que se separe en su Moción los dos puntos: en la parte -por así decirlo- de conflicto específicamente laboral y la parte académica. Nosotros así lo entendemos también, que hay que separar ambos conceptos o ambas cuestiones, pero lamentamos que ahora, en la presentación de la Moción, haya mezclado las dos cuestiones, la cuestión laboral y la cuestión puramente académica.

Nos ha dicho usted que la Junta no ha asumido las responsabilidades que legalmente le corresponden. Usted, al igual que yo, conocemos tanto la normativa genérica, estatal y autonómica como la normativa específica que regula la creación y el reconocimiento, en concreto, de la Universidad SEK. En ningún caso, en ningún caso, ni en ninguna norma, ni de aplicación directa ni de aplicación indirecta al presente caso, se dice que la Junta de Castilla y León esté obligada o tenga la responsabilidad de asumir el arbitraje, como usted plantea en su Moción, en un conflicto laboral que tiene sus cauces normativamente especificados y normativamente establecidos de resolución. Es decir, conflicto laboral que, usted sabe, está en estos momentos en los tribunales; conflicto laboral que, usted sabe, tiene perfectamente encauzados sus cauces... perdón, sus problemas y sus motivos de resolución.

No vamos a entrar, como no entramos tampoco en la Interpelación, en si estamos o no estamos de acuerdo con unos o con otros; creemos que el problema está ahí. Desgraciadamente está ahí el problema, y lo que nosotros pretendemos es que la obligación de la Junta -la que sí que tiene que asumir y de la que sí es responsable, que es del cumplimiento exhaustivo de lo que marca la normativa genérica y la normativa específica aplicable a la Universidad SEK- se haga con la diligencia con la que se está haciendo.

Usted sabe que está en estos momentos abierto un expediente de inspección a la Universidad SEK, precisamente para garantizar lo que usted plantea también y la problemática definitiva que a los dos nos preocupa, que es que no se pierda el curso y que el rendimiento académico de los alumnos sea correcto. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo, y eso es lo que nosotros pedimos a la Junta de Castilla y León a través de esta Enmienda a su Moción que presentamos. Es decir, que cumpla con las responsabilidades que sí tiene la Junta de Castilla y León, que en ningún caso son responsabilidades laborales, que en ningún caso son responsabilidades que han de pasar por la labor de arbitraje que no le corresponde a la Junta de Castilla y León. Porque, repito, y así le digo: el conflicto laboral, como tal, tiene sus cauces de resolución y así se están aplicando.

Y, dígame usted también, y le pido como pregunta para que me conteste ahora: ¿Para qué, en este momento... para qué, en este momento, la Junta ha de arbitrar solución en un conflicto laboral que no le corresponde? Y dígame usted también que un conflicto laboral que tuvo repercusiones académicas y que a día de hoy sabe usted que no tiene repercusiones académicas, la normalidad, en estos momentos -académica, no laboral, académica-, la SEK, es absoluta. Usted sabe que los problemas y la repercusión del conflicto laboral, en lo académico, sucedió en el cuarto... en el segundo cuatrimestre, pero que a día de hoy, pero que a día de hoy el cumplimiento de horas de clase, el cumplimiento de plantillas, el cumplimiento de exámenes, es absolutamente correcto. Falta recuperar ese segundo cuatrimestre, y para ello es para lo que se está trabajando ahora.

Le digo y le informo -porque me tomé la molestia de reunirme con los inspectores que están llevando el asunto- de que en este momento ya ha llegado el informe que se solicitó a la Universidad SEK; es un informe de cuatro mil folios, que en estos momentos está siendo analizado por la... analizado por los inspectores para hacer ese requerimiento en el cual se le inste, en base a un plazo, para que la Universidad SEK, a través de sus órganos directivos, recupere las horas, ordene las plantillas allá donde no estén ordenadas, adecuándolas al Real Decreto 557, y también, lógicamente, para que se recuperen los exámenes que no se han celebrado, o aquellos que en su día se celebraron irregularmente.

Por lo tanto, y agradeciéndole -como le digo- que usted haya separado en su Moción el aspecto laboral del aspecto académico, nuestra Enmienda de Sustitución pretende entrar y tratar de ampliar o de completar, estando absolutamente de acuerdo con el planteamiento que usted hace en el segundo punto; pero, desde luego, no compartiendo para nada que la Junta deba de asumir un arbitraje que no le corresponde, en ningún caso. Porque le digo... y además sabe usted perfectamente que la Junta ha hablado con ambas partes, igual que han hablado ustedes, igual que hemos hablado nosotros, y sabe usted que la Junta, desde luego, es la primera interesada en que el conflicto laboral no afecte al académico; pero, desde luego, no le corresponde tampoco, y no lo va a hacer, asumir responsabilidades que en ningún caso corresponden a la autoridad académica, y que sí que corresponden a la jurisdicción laboral, que es el lugar y el punto donde se está resolviendo la cuestión. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para pronunciarse sobre la Enmienda, a favor o en contra, señor Gómez Velasco.

EL SEÑOR GÓMEZ GONZÁLEZ:

Muchas gracias. Señor De la Hoz, he leído su Enmienda y créame que la comparto. Y, por tanto, le indico que, por nuestra parte, no hay ningún problema en asumirla, sumándola como complemento y adición de la propuesta que nosotros le presentamos.

Y lo hago porque comparto, ya he dicho, el contenido de la Enmienda -no podía ser de otra manera-, en cuanto que la Enmienda viene a solicitar en sí que la Junta de Castilla y León cumpla con sus obligaciones. Lo cual es un reconocimiento público de que no está cumpliendo; criterio que, evidentemente, nosotros también compartimos.

Justo creemos que este problema se ha derivado porque la Junta no ha cumplido con su obligación, la de inspección. Y, si no, respóndame a esta pregunta: ¿en cinco años de funcionamiento de la SEK, la Junta de Castilla y León había hecho alguna vez un seguimiento, una inspección, sobre el funcionamiento de la SEK? No. La respuesta es no, y usted lo sabe. El primer efecto inspector que se produce es consecuencia de la traída a estas Cortes -y, por tanto, a la propia Junta de Castilla y León- del problema por parte del Grupo Socialista.

En cuanto que la Enmienda reconoce eso y nosotros creemos que es necesario que la Junta de Castilla y León pase a ser... a asumir la responsabilidad que la ley le tiene encomendada, desde ese punto de vista, la Enmienda nos parece razonable y nos parece asumible, y por eso queremos incorporarla.

Pero, mire usted, yo tengo un criterio diferente. Cuando nosotros presentamos alguna vez alguna PNL, o alguna iniciativa en la que le solicitamos a ustedes que insten a la Junta a que asuman las responsabilidades que la ley o la norma le establece, ustedes siempre nos responden del mismo modo: eso no procede porque se da por supuesto, y, por tanto, se la rechazamos. Hoy son ustedes quienes quieren instar a la Junta a que asuma la responsabilidades que la normativa les tiene establecidas. Y nosotros les decimos: sí, porque ésa es una carencia que hay que llenar.

Pero yo quiero ir más allá. Yo entiendo que la Junta de Castilla y León no está sólo para cumplir las obligaciones que la ley establece; que sí, para eso está, lo mismo que estamos cualquiera de nosotros o cualquiera de los ciudadanos de este país o de esta Comunidad. La obligación de cumplir la ley es algo que nos atañe a todos; pero a los políticos -créame, y cuanta más responsabilidad se tiene- nos atañen también otras responsabilidades: la de ejercitar lo conveniente, aunque no esté marcado por la ley; siempre que esté posibilitado por la ley. Y ésa, justo esa realidad es la que yo solicito de ustedes. Solicito de la Junta que, además de asumir las responsabilidades que la ley le da, asuma también la tarea de hacer política; porque la política, bajo mi punto de vista, puede contribuir a solucionar un problema. Y la política tienen que ejercerla quienes se comprometen a ello, y más quienes se comprometen a gobernar, en este caso el señor Consejero. Por eso, como tiene esa capacidad y -bajo mi punto de vista- también esa obligación de ir más allá de lo que la ley nos marca, es por lo que reclamamos que se ejercite.

Ha hecho usted algunas consideraciones -dicho esto- que quiero también manifestar. Dice que la Junta no tiene responsabilidad de arbitraje. Queda manifestado, queda demostrado que, aunque no tenga la obligación, sí que tiene la responsabilidad. Usted me dirá que no tiene la obligación. Y yo le digo: la obligación es algo distinto de la responsabilidad, son dos cosas distintas. Es decir, es una tarea que puede hacer o no hacer en función de lo que juzgue, en función de criterios. Si tuviera la obligación, ya la tendría que estar haciendo, y le acusaríamos de no cumplir con su obligación. Pero sí que tiene la posibilidad política de hacerla, y, dado que es una conveniencia, yo creo que debe ejercitarla.

Y dice usted que el curso se ha normalizado y que los alumnos están recibiendo con normalidad las clases. Bueno, yo le digo... comparto con usted el hecho de que las clases se están impartiendo, pero ni el clima ni el espíritu universitario que hay en aquella Universidad son suficientes para garantizar el éxito académico, porque es un clima enrarecido. Y más allá de los asuntos puramente laborales, que los tribunales dirán y que ya están diciendo, más allá -insisto-, es necesario intervenir para normalizar académicamente la Universidad, normalizarla académicamente, y tienen ustedes que reconocer que no hay una normalidad; hoy por hoy, no hay una normalidad.

Ha terminado usted aseverando que la Junta es la primera interesada en que el problema se solucione. Y yo le digo: ni yo ni la sociedad segoviana esto lo ha percibido. Yo, probablemente, no tenga dudas de ello: creo que sí, que el señor Consejero tiene interés verdadero en que esto se solucione; pero no he visto actuación ni gestos que me lo demuestren, y la sociedad segoviana tampoco. Entonces, si eso es verdad, conviértanlo en algo visible, actúen, actúen políticamente, que es su obligación, porque la política aquí sí que puede resolver el conflicto.

Demuestren a la sociedad segoviana y demuéstrennos a todos que, ciertamente, quieren solucionar el conflicto, que saben solucionar el conflicto y que pueden solucionar el conflicto. Y para eso debieran ustedes aceptar la Moción que nosotros les presentamos, que, sumada a la que ustedes... a la Enmienda que ustedes presentan, yo creo que sí que aporta la solución que la SEK necesita. Pero no se cierren en el rechazo de nuestra Moción, intentando exclusivamente que las cosas sigan igual, porque, entonces, el conflicto se prolongará más allá de donde todos queremos que se prolongue. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor De la Hoz, para la réplica.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Muchas gracias, Presidente. Pues, para comenzar, le diré que no podemos, desde luego, estar de acuerdo con añadir nuestra Enmienda a su Moción, porque -le digo- estamos absolutamente en desacuerdo con que la Junta deba de hacer... o arbitrar en el conflicto, en el supuesto conflicto que usted plantea.

Y antes de entrar a la cuestión, me dice usted que la Junta no está cumpliendo con su obligación. Eso sabe usted que no es así; usted sabe perfectamente que no es así. Igualmente, nos ha dicho usted que la Junta empieza a actuar desde que ustedes plantean esto aquí; igualmente, usted sabe que esto no es así. Usted sabe que la Junta de Castilla y León empezó a actuar hace mucho tiempo en esta cuestión.

¿Qué es lo que pasa? Que la Junta de Castilla y León, en todas las reuniones que mantiene y que ha mantenido con el Rectorado, con los representantes de los trabajadores, con los representantes de alumnos, con los decanos, desde luego, no ha hecho rueda de prensa como han hecho otros Grupos Políticos al salir de una reunión. Creo que la función y la obligación de la Junta de Castilla y León es actuar y es inspeccionar, y no se ha hecho desde diciembre de forma extraordinaria -lógicamente-, por el conflicto, pero, mucho antes, de forma ordinaria, porque es obligación de la Junta de Castilla y León hacerlo. Y no me diga usted que, desde luego, y además usted lo sabe, que la Junta ha hecho en ningún caso dejación de funciones.

Y creo que no iba a hacer falta, pero le voy a decir qué es lo que ha hecho la Junta hasta hoy desde entonces, desde que surgió el conflicto, mucho antes de que usted y nosotros... que, por cierto, nos reunimos el mismo día, y conocimos el problema el mismo día de la mano de los representantes de los trabajadores, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista; mucho antes de que nosotros conociésemos el problema ya se estaba actuando sobre la cuestión.

Sabe usted que se hicieron muchas visitas, sabe usted que se requirieron informes, que se solicitaron ampliaciones de informes, y sabe usted, igualmente, que la Junta está escrupulosamente, escrupulosamente, cumpliendo con las exigencias del Real Decreto 557 y de la Ley de Creación o de Reconocimiento de la Universidad SEK de Segovia. Y esto no lo puede negar usted, señor Gómez; no lo puede negar usted, porque sabe que no es en ningún caso cierto.

Y dicho esto, y teniendo en cuenta que nuestra Enmienda no supone ningún reconocimiento de que la Junta está incumpliendo en sus obligaciones, sino que supone la plasmación, la plasmación de cuáles son las obligaciones de la Junta, que -repetimos aquí- está cumpliendo, está cumpliendo, y pregunte usted a los propios representantes de los trabajadores si la Junta está cumpliendo, pregunte usted a los propios decanos si la Junta está cumpliendo, o al propio Rectorado si la Junta está cumpliendo, que, desde luego, su opinión es muy distinta a la que usted manifiesta aquí.

Y volvemos o reiteramos la cuestión de arbitraje. Me dice usted, me reconoce por lo menos -porque su Moción no lo hacía; en su Moción dice que es obligación legal, según dice aquí. Ahora ya me dice que no es obligación legal, pero sí responsabilidad- responsabilidad de la Junta asumir que en un problema como éste debe actuar. ¿Me puede decir, por favor, a día de hoy, para qué va a intervenir la Junta? Me dice usted: el clima está enrarecido... Me reconoce, por lo menos, que hay normalidad académica. Pero me dice: el clima está enrarecido. ¿Me puede decir usted cómo la Junta puede cambiar ese clima enrarecido que usted plantea? Si hay normalidad académica y si la Junta de Castilla y León es la autoridad académica, ¿cómo podemos mejorar el clima?

¿Me puede... sabe usted, porque a mí también me han planteado lo mismo que a usted, y a mí también me han planteado los representantes de los trabajadores, o los representantes de los profesores me han planteado el arbitraje... sabe usted para qué en estos momentos pretenden los representantes de los trabajadores que medie la Junta de Castilla y León? ¿Me puede decir usted qué posibilidad de arbitraje tendría la Junta de Castilla y León en un hipotético caso de que asumiese ese arbitraje? ¿Para qué?, ¿para readmitir a los trabajadores que una Sentencia judicial ha dicho que es un despido improcedente, y con lo cual el Estatuto de los Trabajadores es claro y tajante a la hora de establecer cuáles son las consecuencias de un despido improcedente? ¿Es que la Junta de Castilla y León se va a superponer a la resolución de un órgano judicial? ¿Es que la Junta de Castilla y León va a intervenir ahora a la revocación por parte de la asamblea -que está recurrida- del comité de empresa? ¿Es que la Junta de Castilla y León debe decir a la judicatura, en este momento en el que está recurrido, cómo tiene que resolver ese recurso, creo que correctamente presentado por la... en este caso por el sindicato CGT?

Ésas son las cuestiones y eso es lo que en estos momentos podría arbitrar la Junta de Castilla y León. Pero, por favor, en un tema que tiene una gran repercusión para la sociedad segoviana, desde luego, también para la institución SEK, por favor, lo menos que podemos hacer y el... el favor peor que podemos hacer a esa institución es hacer demagogia, señor Gómez. Y, desgraciadamente, usted ha hecho demagogia aquí al respecto de esta cuestión; que lo lamento profundamente, porque no está perjudicando ni a la Junta de Castilla y León, ni está perjudicando al Grupo Popular, sino que está perjudicando con sus declaraciones a lo más importante y a lo que debemos de valorar aquí, que es a la propia institución. Y perjudicando a la propia institución SEK, estamos perjudicando a la sociedad segoviana y estamos perjudicando, desde luego, al potencial económico y cultural que para la sociedad segoviana y para la sociedad castellanoleonesa representa la Universidad SEK.

Por eso, yo le pediría que con la misma seriedad que usted está tratando, que yo sé que usted está tratando esta cuestión, con los representantes de los trabajadores y con los propios... la propia dirección del centro, la trate también usted aquí. Y, por favor, seamos, con una cuestión que, desde luego, puede tener consecuencias económicas importantes para la ciudad de Segovia y culturales importantes para la sociedad segoviana, pido, desde luego, la seriedad que merece un problema tan grave como es el que está sufriendo la Universidad SEK. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para fijación de posiciones, ¿algún Grupo que no haya intervenido? Entonces, para cerrar el debate, el Proponente, señor Gómez Velasco, tiene la palabra.

EL SEÑOR GÓMEZ GONZÁLEZ:

Gracias, Señoría. Mire usted, voy a empezar por el final, señor De la Hoz, porque su acusación de que yo aquí he hecho demagogia, la dice usted porque tiene boca, pero no porque tenga razón, ninguna razón.

Y, mire usted, se lo voy a demostrar mi seriedad en este asunto: le reto a que me encuentre una sola declaración en prensa respecto al conflicto SEK que sea mía; una sola. He cuidado muy mucho, justo porque sé que el problema tiene profundidad y me tomo muy en serio los asuntos políticos, de no jugar con él a obtener ventaja política. Todo lo que yo he dicho respecto a este tema lo he dicho en esta sala; todo. Por tanto, su acusación yo creo que debiera retirarla por ser falsa y por ser malintencionada, y yo creo que sólo fruto de no tener nada que aportar desde esta tribuna respecto a la propuesta que yo le hago.

Segunda cuestión: ¿para qué el arbitraje? Pues, mire usted, para solucionar el problema que en la SEK existe, y que diciendo usted que no quiere entrar en el asunto laboral, toda su intervención aquí la ha centrado en ese campo: en el asunto laboral, porque está convencido de que el asunto laboral es el que está verdaderamente perturbando el orden que ahí ocurre, el que está imposibilitando que el clima no sea el adecuado para recibir la preparación académica que se necesita, y porque, en definitiva, sabe usted que eso es lo que está haciendo que la Universidad SEK no sea precisamente, en estos momentos, un modelo a seguir, universitariamente hablando.

El arbitraje es necesario para eso, y es necesario también para concretar y para conocer si ciertamente se están respetando -como hay muchas acusaciones que afirman... o que niegan, mejor dicho-, si se están respetando los derechos constitucionales de libertad de expresión, de libertad de cátedra, de libertad de negociación, de libertad de representación. Si... Para saber si todo eso está ocurriendo ahí es necesario el arbitraje. Y, por tanto, señor De la Hoz, nuestra propuesta no es una propuesta vacía, es una propuesta llena de contenido.

Dice usted que su Enmienda no representa un reconocimiento que yo he dicho que sí que representa: el reconocimiento de que la Junta no ha asumido su tarea, no ha asumido su responsabilidad. Y yo, entonces, le hago una pregunta: si realmente ustedes están convencidos de que la Junta ha asumido su responsabilidad, ¿por qué le instan a que la asuma? Eso es una contradicción in terminis, es una contradicción en sí misma. Ustedes están solicitando en su Enmienda que la Junta cumpla el papel que la normativa y la ley le establece. O eso es porque no se está haciendo o, entonces, sobra: una de dos; no queda otro remedio al respecto.

Y quiero terminar diciendo que la Junta... ha afirmado usted que la Junta empezó a actuar hace tiempo. Yo sólo le hago una pregunta: ¿qué fecha tiene el inicio del acto inspector que la Junta encarga respecto a este conflicto? ¿Qué fecha de inicio tiene ese acto inspector? Y, a partir de ahí, podemos determinar si la Junta, realmente, ha empezado a cumplir sus obligaciones.

Y le he hecho antes otra pregunta: si a lo largo de estos cinco años ha habido algún otro acto inspector respecto a la actuación que la Junta haya podido tener. Y yo le digo que no. Yo no los conozco, pero me temo que usted tampoco, porque aquí no me los ha mostrado. Y es que lo que no existe, pues, no es fácil de conocer.

Por tanto, señor De la Hoz, señores Procuradores del Partido Popular, no podemos seguir mirando al tendido. Ustedes no pueden seguir haciendo el papel de don Tancredo. El toro pasa, y el toro se está llevando de aquí derechos fundamentales de los trabajadores, y ustedes quieren seguir mirando al tendido desde lejos. Y eso, bajo mi punto de vista, señor De la Hoz, es una irresponsabilidad.

Y yo les insto a ustedes a que aprueben esta Moción, para que a partir de aquí podamos determinar que la Junta asume no sólo sus obligaciones, sino sus tareas y sus responsabilidades políticas con las que se comprometió ante los ciudadanos de esta Comunidad y también ante los ciudadanos de Segovia, y, por tanto, se responsabilizó de intentar solucionar los conflictos que en ella surjan. Y hoy está este conflicto, muy serio y muy importante, en el que ustedes tienen que jugar un papel que parece ser que no quieren.

Nosotros, dado que no acepta la adición de su Enmienda a la nuestra, nos vemos obligados a mantener, por tanto, la Propuesta que nosotros formulamos, lamentando sinceramente esta... este ánimo de exclusión que permanentemente ustedes muestran ante las iniciativas con que nosotros pretendemos mejorar la política de esta Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Se somete, pues, a votación esta Moción. ¿Quienes estén a favor, levanten la mano? Muchas gracias. ¿Quienes estén en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta. Veintiséis a favor y cuarenta y cuatro en contra. Queda, por lo tanto, rechazada.

Haciendo uso de las facultades que a esta Presidencia le otorga el Artículo 77.2, se ordena la acumulación de los dos puntos siguientes del Orden del Día, por tratar sobre la misma materia.

Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura a los puntos octavo y noveno.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Octavo punto del Orden del Día: "Moción 59, presentada por el Procurador don Antonio Herreros Herreros, relativa a política general sobre financiación autonómica, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Procurador".

Noveno punto del Orden del Día: "Moción 61, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a posición de la Junta de Castilla y León, sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para exponer su Moción, don Antonio Herreros tiene la palabra.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Bien, se ha cumplido ya el periodo de financiación quinquenal de las Comunidades Autónomas y, después de la Interpelación que hacíamos el otro día, queremos hacer una proposición a esta Cámara, para que el próximo quinquenio pueda tener una orientación y un planteamiento que sea compartido por el conjunto de la Cámara, y que, lógicamente, respalde, afiance los planteamientos, le dé consistencia a la argumentación a la Consejera de Economía, mientras el periodo de negociación vaya... o el proceso de negociación vaya a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Así, todas las Comunidades han abordado esta formulación de Propuestas de Resolución conjunta y, en este momento, ya están sugiriendo y apareciendo opiniones, criterios -y diríamos más-, incluso hasta presión para convencer de cuáles son las mejores argumentaciones. Hoy mismo en un medio de comunicación, incluso, se reconoce que Convergència i Unió negocia en estos momentos con el Gobierno todo el proceso en lo que le incumbe a la Comunidad Autónoma catalana. Nos parece que no es el procedimiento. En todo caso, nuestra Comunidad no puede quedar al margen de esta situación.

De hecho, no puede quedar porque se evidencian desequilibrios como consecuencia del modelo actual; desequilibrios que dejan a Castilla y León en una inferioridad manifiesta y que, a través de la evolución de los... de las indicaciones o de las variables que en estos momentos entran a formar parte de todo este proceso de negociación, lógicamente, se están produciendo afianzamientos en sentido contrario a lo que son o pueden ser los intereses de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

No cabe la menor duda que aquellas Comunidades Autónomas con un índice demográfico mayor están consolidando esa teoría, pero teoría que, por otra parte, se está observando en el desarrollo práctico de las cosas. Sin embargo, cuentan cada vez menos en el proceso o la extensión, la dispersión, el complejo mundo de las unidades administrativas o provincias que tienen unas Comunidades Autónomas y otras, con lo que lógicamente nos afecta, y -diríamos- no sólo en ese orden, sino en las variables socioeconómicas directamente vinculadas a lo que es nuestro índice de renta proporcional, o lo que son los indicadores demográficos, desde el punto de vista de los segmentos poblacionales, es decir, de nuestro envejecimiento poblacional y .....

Éstas son las razones que nos llevan, lógicamente entonces, a plantear, primero, que haya un modelo estable que no esté constantemente conjugándose por quinquenios, e incluso haciéndose variaciones sobre la marcha; interpretaciones respetables, pero que casi siempre tienen un mejor respaldo por parte de aquellas Comunidades Autónomas que tienen mayor capacidad de incidencia. Por otra parte, que se agoten, se eviten, se neutralicen las negociaciones bilaterales; digo, insisto, hoy viene en un medio de comunicación. No hace falta tampoco ser un gran descubridor para saber que esto se viene realizando constantemente, y que casi siempre se obtienen resultados, y, además, resultados excepcionales y positivos por algunas Comunidades Autónomas, mientras que nosotros nos vemos metidos siempre en el fondo de saco de la negociación común. Y, lógicamente, en ese fondo de saco, en unas normas generales, casi siempre nos toca estar en inferioridad de condiciones.

Hablamos, en segundo lugar, de la puesta en marcha y el desarrollo suficiente de los instrumentos de compensación y nivelación de los servicios establecidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. No voy a hacer -porque no da tiempo, prácticamente- un análisis histórico, pero todos conocemos cómo hay un gran déficit en este proceso, tanto desde el punto de vista de la puesta en marcha, como de la evolución cuantitativa de aplicación en esos fondos de nivelación o de los fondos de compensación interterritorial. Y, lógicamente, nosotros decimos que tienen que tener una evolución esos fondos por encima de lo que es la evolución normal del Producto Interior Bruto: en un caso del 0,1% y, en otro caso, prácticamente lo mismo para el fondo de nivelación.

En tercer lugar, la necesidad de fondos... de nuevos fondos, precisamente para compensar.

En cuarto lugar, el mantenimiento y consolidación de los fondos de garantía, dado que, si siguen las cosas por este camino, es lo que nos ha salvado en esta última etapa y, lógicamente, será lo que en el futuro pueda mantenernos, aunque sea un fenómeno excepcional que no queda más remedio que exigir -parece mentira-.

En quinto lugar, la participación en impuestos indirectos y en IVA -que no voy a abundar en ello- y que se haga, precisamente, una variación sustancial en las variables socioeconómicas, predominando aquellos elementos de solidaridad sobre el resto.

Y dejaré para próxima interpretación la incorporación de la financiación sanitaria compensada, porque parece ser que hay dudas sobre el particular, y me gustaría, precisamente, abundar y abundar consistentemente. En último extremo, la inclusión también en el proceso de negociación de la financiación de los territorios municipales, es decir, de las Corporaciones Locales, nos parecería imprescindible y ventajoso para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el número de Corporaciones Locales que no son compatibles con el que tienen el resto de las Comunidades Autónomas. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para exponer la Moción, en nombre del Grupo Socialista, señor Granado, tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. El Grupo Socialista ha planteado en su Moción, consecuencia de la Interpelación formulada a la Junta sobre financiación autonómica, los ocho puntos que, a nuestro juicio, son los básicos para definir lo que debe ser un consenso, en términos de Comunidad Autónoma, de qué problemas debe solucionarnos el nuevo sistema de financiación.

Primer punto a considerar. La Comunidad Autónoma de Castilla y León en estos momentos no tiene una posición firme. Hoy mismo salen en los medios de comunicación acuerdos de la Comunidad de Madrid con la Comunidad catalana; conocemos todos el modelo Zaplana; conocemos las posiciones de la Junta de Galicia; conocemos las posiciones de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Castilla y León no sabe o no contesta en el debate sobre financiación autonómica. Y, desde luego, la única manera de tener una posición firme en este debate es que la posición sea una posición no sólo del Gobierno, sino del conjunto de la Comunidad Autónoma, de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

En segundo lugar, el sistema debe englobar a todas las Comunidades Autónomas, y debe ser un sistema estable. El actual sistema tuvo que modificarse al año de su entrada en vigor, y además es un sistema que crea agravios comparativos entre Comunidades Autónomas. La única manera de conseguir un sistema que beneficie a la Comunidad de Castilla y León es que tenga en cuenta los intereses de todas las Comunidades Autónomas, de las que ganan población y de las que la pierden; de las que ganan más actividad económica y las que tienen una menor actividad económica; las que tienen una población más envejecida o menos. La única manera de que el sistema nos beneficie es que sea un sistema que articule el conjunto de España, que no sea un sistema de parte.

En tercer lugar, mayores ingresos. No es de recibo que en los últimos cuatro años los impuestos que pagamos los españoles hayan subido más de un 50%, y haya una parte significativa de los ingresos de la Comunidad Autónoma, los vinculados al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que crece menos. Los impuestos que pagan los ciudadanos tienen que servir para que en Castilla y León haya mejor educación, mejor sanidad, mejores servicios sociales. Y en este sentido, los recursos de la Comunidad Autónoma tienen que ser superiores a los que en estos momentos existen, y tiene que garantizarse una evolución paralela de los impuestos que pagan los ciudadanos y de los ingresos de la Comunidad Autónoma. ¿Cómo? A través de la diversificación, a través de la complementariedad de las bases fiscales de los ingresos de la Comunidad Autónoma. La única manera de conseguir esto es que la Comunidad Autónoma participe en todos los impuestos estatales y no sólo en uno: en los Impuestos Especiales, en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Éste fue el gran defecto del actual sistema: sólo se basaba en un Impuesto. Tiene que basarse en todos para garantizar mayor estabilidad y, además, porque el consumo se reparte de manera más equitativa que la renta, y, en este sentido, las Comunidades Autónomas con menor renta saldremos beneficiados.

En cuarto lugar... en quinto lugar, tenemos que modificar también las capacidades y la manera de gestionar algunos impuestos, para que la Comunidad Autónoma participe más eficazmente en la gestión. Por ejemplo, lo que está pasando con el Impuesto de Patrimonio. Es un impuesto cuyo rendimiento está cedido a la Comunidad Autónoma, pero está siempre gestionado por el Estado, sólo gestionado por el Estado. ¿En qué se traduce esta situación? En que el Estado no lo gestiona, porque no le otorga rendimientos, y la Comunidad Autónoma no lo gestiona, a pesar de que los rendimientos le son cedidos. Y nos encontramos con que cada vez se aflora menos deuda fiscal en materia de Impuesto de Patrimonio.

Pero, además, es que nosotros defendemos que puede haber modificaciones normativas que beneficien a esta Comunidad Autónoma en algunos impuestos especiales; en particular, sobre el impuesto de la electricidad. Y en este sentido sí que quiero hacer una reflexión para el conjunto de la Cámara.

Cuando se discutió el concierto y el cupo vasco en la Legislatura pasada, se cedió al País Vasco la gestión de los impuestos especiales en materia de hidrocarburos. Y esto quiere decir que como esos impuestos se devengan no en los lugares de venta -las gasolineras-, sino en los lugares de refino, la gasolina que echamos los burgaleses en nuestros coches paga impuestos especiales en el País Vasco. De la misma manera podría defenderse, en interés de esta Comunidad Autónoma, que el impuesto sobre la electricidad, que es un impuesto sobre el consumo, es un impuesto específico, se devengara también en origen, con lo cual se pagaría no en los centros de consumo, sino en los centros de producción de energía eléctrica. Y la Comunidad Autónoma obtendría una mayor suficiencia, y la Comunidad Autónoma también obtendría, lógicamente, algunos beneficios de una situación en la que Castilla y León produce la cuarta parte de la energía eléctrica que se consume en España, pero sólo consume el 6% de esta energía eléctrica.

Lo que pedimos son modificaciones normativas de ese calado, y que exista alguna capacidad normativa en algún impuesto. Por ejemplo, lo tenemos muy claro en el impuesto sobre tabacos, sobre consumos de tabaco.

En sexto lugar, tiene que haber instrumentos de nivelación y de solidaridad cuya potencia no disminuya a lo largo del periodo. El Fondo de Compensación Interterritorial, cada vez tiene un peso menor en los ingresos de las Comunidades Autónomas. Pero es que, además, cuando cedemos impuestos a las Comunidades Autónomas, no los mismos impuestos suponen el mismo porcentaje de ingresos en cada Comunidad. Si a nosotros nos ceden algún impuesto, puede suponer un incremento del 2% de la suficiencia de nuestros ingresos, y otras Comunidades Autónomas, sin embargo, pueden ver cómo eso le supone un 8 o un 10%. Eso quiere decir que eso hay que compensarlo. Y también hay que compensar que aquí, en Castilla y León, prestar los mismos servicios tiene un coste mayor, porque tenemos la población más dispersa y tenemos menor densidad de población, y prestar el mismo servicio tiene mayores costes. Y eso hay que compensarlo.

En séptimo lugar, integrar los servicios sociales y la sanidad en el nuevo modelo. Los servicios sociales son lo que menos ha crecido en los últimos cinco años de la financiación de las Comunidades Autónomas, y tiene que crecer al mismo ritmo que el resto de los ingresos.

Y en cuanto a la sanidad, entenderán ustedes que simplemente les diga que con una población envejecida como la nuestra, o garantizamos que los ingresos en materia de sanidad crecen lo mismo que crecen las demandas sociales de esa población cada vez más envejecida, o estaremos abocados, simplemente por consideraciones demográficas, a tener una peor sanidad.

Y, en octavo lugar, tenemos que conseguir un acuerdo que tenga capacidad de integración de las discrepancias, a través de la potenciación del Senado como cámara territorial, y capacidad de integración de todo el conjunto de la fiscalidad territorial del Estado, a través de la mejora de la fiscalidad de las Corporaciones Locales en paralelo a las de las Comunidades Autónomas.

Termino, señor Presidente -muchas gracias por su benevolencia-, para decir que los socialistas hemos presentado aquí lo que a nuestro juicio deben ser los puntos elementales de un acuerdo de Comunidad, que entendemos que estamos haciendo un ejercicio de pura y simple responsabilidad. En otras Comunidades Autónomas el Gobierno ha presentado Comunicaciones al Parlamento, han desarrollado debates monográficos, han aprobado Resoluciones por unanimidad, siempre a iniciativa del Gobierno. En esta Comunidad Autónoma las únicas iniciativas son las de la Oposición. Y ya está bien de que ustedes estén callados, de que no hagan nada y de que al final aparezcan como convidados de piedra en un debate en el que nos jugamos todos los ciudadanos de esta Región el bienestar de nuestros hijos y el bienestar de nuestro futuro para los próximos años. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra de estas Mociones? Por el Grupo Popular, señor Aguilar, tiene la palabra.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Voy a contestar a las dos Mociones que se han presentado por el Grupo Parlamentario Socialista y, a su vez, por don Antonio Herreros, haciendo una primera manifestación en el sentido de que éste es un problema, el de la financiación autonómica, que -como no puede ser menos-, evidentemente, nos tiene que preocupar y nos preocupa a todos los miembros que estamos sentados en este hemiciclo.

Pero, sin embargo, habiendo estudiado -creo que en profundidad- tanto la Interpelación del anterior Pleno, en la que intervinieron ustedes, como, asimismo, las Mociones que traen hoy a la Cámara para que puedan ser aprobadas, evidentemente, existen, por lo que al Grupo Parlamentario Popular respecta, discrepancias notorias, y también puntos de coincidencia evidentes que no podemos olvidar y que, ciertamente, estamos dispuestos a asumir.

Lo primero que les tengo que decir, Señorías, es que no vean ustedes en mi discurso ningún tipo de acritud y que no vean ustedes tampoco en mi discurso más que el intento de poder asumir en lo que nos sea posible las Mociones que han presentado ustedes.

Evidentemente, Castilla y León lo que no podemos compartir es que se haya dicho aquí que es la última de la cola o que Castilla y León, realmente, no pinta nada en el tema de la financiación autonómica. Yo creo que es todo lo contrario. Yo no podría admitirles a ustedes cuestiones como las que aparecen en sus Mociones, de que el Gobierno de Castilla y León ha sido un Gobierno débil entorno a la financiación autonómica y que, por lo tanto, se exige y se pide que tenga una mayor firmeza. Yo creo que el Gobierno de Castilla y León ha actuado con toda firmeza en la defensa de los intereses de la Comunidad. Pero, sin embargo, Señorías, ustedes plantean unos sistemas o un sistema de pivotación de la financiación autonómica en la cual nosotros tenemos que disentir.

¿El IRPF ha sido bueno o ha sido malo? Yo creo que para esta Comunidad la cesión de un tramo del IRPF ha sido realmente buena. Para otras Comunidades que no se han adherido al sistema, que no quisieron saber nada del sistema, les ha costado, al treinta y uno de diciembre, 100.000 millones de pesetas, que ahora realmente reclaman. Y la cifra no la digo yo, la cifra le dice una revista que se llama Parlamento... concretamente, editada en el Parlamento Nacional, o Debate Parlamentario. Y, por lo tanto, Señorías, ésos son... de aquellos lodos vienen ahora estos ruegos.

Señorías, ¿cuáles son... cuál es la línea discursiva por la que el Grupo Parlamentario Popular quiere discurrir en este asunto?

Primero. Para el Grupo Parlamentario Popular, sobre los principios de autonomía, sobre el principio de solidaridad, Señorías, y sobre el principio de coordinación del Artículo 156 de la Constitución Española, es sobre los que entiende o entendemos que deben de articularse el nuevo sistema de financiación autonómica. Y en esto creo que estamos todos de acuerdo, lo manifiestan ustedes -los dos Grupos- en la parte primera, en el punto primero de la Moción.

Y hay que conseguir, evidentemente -y es otra de las cuestiones-, suficiencia financiera, pero no solamente en el año base, sino también en los años posteriores, que es lo que se ha dicho aquí y se ha denominado y se denomina como "suficiencia dinámica". También lo dicen ustedes. También estamos de acuerdo, evidentemente, en este planteamiento.

Y hay que conseguir que el nuevo sistema o los nuevos criterios que aparezcan en el nuevo sistema de financiación autonómica se adapten al coste real de la prestación de los servicios. Y, evidentemente, esto es algo en lo que nos tienen ustedes también, y creo que nosotros a ustedes y ustedes a nosotros, a su lado. Ciertamente, así debe ser, no de otra manera. Y en eso el Gobierno Regional ha luchado y va a seguir luchando.

Por lo tanto, rechazamos -como no podía ser menos- esa debilidad que ustedes han imputado al Gobierno Regional.

Y, lógicamente, entre las variables de reparto que existen en el tema de financiación autonómica, ¿cómo no se va a contemplar o cómo creen ustedes que vamos a dejar de contemplar un hecho tan singular como es el de la extensión del territorio de esta Comunidad y la dispersión de la población? Estamos en ello, Señorías; y el Gobierno está en ello, Señorías. Pero, evidentemente, lógicamente, se tendrán que producir las negociaciones frente al Estado, y también entre las Comunidades Autónomas -como decía aquí la Consejera el otro día-, que son casi siempre las que plantean mayores dificultades.

¿Hay que incrementar o no la participación en el IRPF? Nosotros entendemos que sí, no hasta límites exagerados, porque es un impuesto en regresión. Evidentemente, la bajada de los tipos y la bajada de las exenciones hacen que cada vez se recaude menos. Por lo tanto, Señorías, sí un incremento, pero no excesivo tampoco.

Y hay que participar, indudablemente, en los impuestos indirectos, y tiene que existir una cesta de impuesta donde podamos participar.

Voy a referirme -y el tiempo es escasísimo para contestar a las dos Mociones- al tema famoso de la producción de la energía eléctrica.

Señorías, las variables -como ustedes conocen-, indudablemente, lo que tratan de asumir es el coste de unos servicios. Y el impuesto de electricidad es un impuesto al consumo, no es un impuesto a la producción. Por lo tanto, ciertamente -y me remito al año noventa y siete, y me remito al año noventa y cuatro, y me remito al año noventa y seis-, lógicamente, no podemos concebir que la idea idílica del señor Granado de que eso resolvería todos los problemas no es así. Usted sabe, señor Granado, que puede ser una parte, pero no es así. ¿Que habrá que argumentarlo? Pues, mire usted, en otros términos posiblemente habrá que hacerlo, pero no en los términos que usted lo plantea. ¿Como tributo propio, Señoría? Pues ésa es otra guerra, porque, ciertamente, no podemos hablar de que podíamos establecer un tributo propio respecto a la producción de la energía eléctrica.

Señorías, en definitiva, en definitiva, aceptaríamos una gran parte de las Mociones en sus líneas generales que ustedes nos plantean. ¿Cómo deberíamos de actuar o cómo el Parlamento puede actuar en este asunto? Nos tienen ustedes absolutamente abiertos a cualquier tipo de diálogo, a cualquier tipo de Ponencia dentro de la Comisión de Economía para, de forma inmediata, estudiar aquello que sea conveniente para la Comunidad, y ojalá podamos tener un documento que le sirva al Gobierno de apoyo en la negociación que pueda llevar a cabo en este asunto. Ojalá consiguiéramos todos los Grupos Parlamentarios que ese documento pudiésemos elaborarlo en la Cámara con la premura del tiempo que nos está acuciando y, a la vez, que pudiese ser benefactor de lo que realmente se pide, que es mayor financiación (que, ciertamente, esa mayor financiación redundará en unos mejores servicios).

Pero, señor Herreros, también le tengo que decir a usted que no mezcle usted en su Moción ni la deuda histórica -como usted lo mezcla en los apartados dos y tres-, y tampoco, por supuesto, la financiación municipal, porque eso también es otra guerra y no entra en estos momentos en la financiación que hay que debatir respecto a la Comunidad Autonómica.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para el turno de réplica, señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la preocupación no sólo hay que verbalizarla, yo creo que habrá que materializarla. Y sería aconsejable, posiblemente, que esa materialización nos llevara a hacer un esfuerzo y posiblemente a sentarnos representantes de toda esta Cámara, a fin de poder dar forma a esa preocupación. Digo que sería aconsejable que la preocupación pasase de la forma teórica a la práctica, y que, posiblemente, es conveniente que nos sentemos toda la representación de esta Cámara para articular esa preocupación, para que se la pueda llevar, precisamente, la señora Consejera de Economía al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque, de lo contrario, pues nos podremos quedar en esa preocupación.

Mire, hay una gran... hay un gran desconocimiento, hay una gran ignorancia en este supuesto, y es porque no hay esa comunicación. Usted me dice -y yo me lo creo- que ha actuado la Junta de Castilla y León con toda la firmeza. Me lo dice y me lo creo; pero ¿quién me lo ha dicho a mí? Me lo dice usted. No me lo ha dicho todavía el Gobierno ni por una sola ocasión. Y es un poco lo que estábamos demandando, y es por lo que estamos pensando la necesidad y la conveniencia de sentarnos para llevar una posición común y conjunta, y creo que en eso coincidimos, pero no se materializa el efecto.

Por otra parte, usted dice que rechazamos toda la debilidad. Mire, yo hoy con este comentario de prensa es para preocuparnos, ¿eh?, porque llegan a plantear con meridiana claridad, primero, que se están haciendo negociaciones bilaterales entre el Gobierno y Convergència i Unió -ya es para tener preocupación-. Segundo, que la exposición que se ha hecho en un Ateneo en Madrid por parte de representantes de la Generalitat está confirmada al cien por cien en la teoría defendida también por el Gobierno Autónomo de la Comunidad madrileña. Júntense en este caso dos Comunidades de esa envergadura y obsérvese que, precisamente, son en las que priman intereses de una determinada naturaleza vinculada a mantenimiento de la situación o el statu quo en cuanto a las variables económicas, en cuanto a las variables ponderadas de demografía, de renta, de evolución en cuanto al índice poblacional relativa a su edad y demás, y entonces, pues, prácticamente, estamos condenados a una situación, prácticamente, de repetir lo anterior.

Y nosotros no queremos que se repita lo anterior, porque ustedes saben lo mismo que nosotros que nos salvó del gong precisamente una cláusula de garantías, y esa cláusula de garantías puede o no repetirse. Lo que sí es absolutamente cierto es que es un elemento aleatorio.

Y usted dice que no entremos en la deuda histórica. Tenemos que entrar en la deuda histórica, tenemos que entrar en la deuda histórica, porque yo creo que no hay por qué darla por concluida ni por zanjada de ninguna de las maneras. Es una reivindicación, y una reivindicación que es necesaria poner encima de la mesa.

Segundo. Dice: "no es necesario o no es conveniente mezclar churras con merinas". Yo creo que esto, que es... dicho que no veo la razón de por qué no se puede hacer ese hibridaje, no tiene por qué hacernos rechazar de antemano un planteamiento que es muy interesante para la Comunidad Autónoma. Si nosotros somos capaces de incrustar ese compromiso, entenderemos que dos mil doscientos cuarenta y tres municipios tienen una consistencia muy importante, que no puede esgrimir ninguna otra Comunidad.

Y, por supuesto, yo quiero sí decir algo en relación con eso que llaman ustedes "la sanidad compensada". Preguntaba la Consejera el otro día si estamos de acuerdo en incluir o no la sanidad en este proceso, y nosotros decíamos: no tenemos ningún tipo de inconveniente, en caso de que se produzca una compensación. Y, cuando hablamos de la compensación, hablamos precisamente de todos aquellos elementos que concurren para neutralizar los efectos que en estos momentos hacen regular una distribución primando población, y eso trae como consecuencia, lógicamente, que no es lo más beneficioso para nosotros. Pero incluso cuando hablamos de la renta media por habitante, nuestra renta es inferior a la media española en un 5,3%; y nosotros tenemos que buscar esa compensación. Cuando hablamos del número de camas, las nuestras son 0,84 por mil menos; y también tenemos que buscar esa compensación. Cuando hablamos del envejecimiento, la desviación que se produce en la Comunidad Autónoma de Castilla y León es el 6,7% respecto de la media, a mayores, de envejecimiento de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; y también necesitamos esa compensación.

Y, lógicamente, debíamos entonces entender que esos déficit que se han generado anteriormente tienen que encontrar alguna fórmula compensatoria. De lo contrario, si no se aceptan variaciones sobre lo que está establecido, sabemos de antemano que no vamos a obtener ese tercer criterio, que es -a nuestro juicio- el que debe primar en este proceso de negociación, que es constitucional y que habla de la solidaridad.

No ha hecho mención sobre si se aumentan o no los fondos; pero lo que no cabe la menor duda es que, si no prima en esta ocasión el Fondo de Solidaridad, o los Fondos de Solidaridad, no vamos a tener una favorable situación para la financiación autonómica de Castilla y León. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Granado, para su turno, también de réplica.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Sí, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Yo le agradezco al señor Aguilar el tono de su discurso. El señor Aguilar cuando sube a esta tribuna suele utilizar un tono bien diferente. Y yo creo que el tono de su discurso ha sido... pues abierto, en el sentido de lo que él mismo ha dicho: "nos encontramos abiertos a la posible resolución de este problema y a buscar el consenso por otras fórmulas parlamentarias".

Pero, mire usted, señor Aguilar, señoras y... señor Presidente de la Junta, señoras y señores Consejeros, es que lo que la sociedad les demanda a ustedes no es que estén abiertos a las iniciativas de la Oposición; lo que la sociedad les demanda a ustedes es que se ocupen de los problemas.

Dice el señor Aguilar: "Éste es un tema que nos preocupa mucho". Es que a nosotros nos preocupa, pero a ustedes debería ocuparles; ustedes, por mandato de los electores, tienen que ocuparse de los problemas de la gente. Para preocuparnos, ya estamos nosotros. O sea, para hacer oposición déjenos a nosotros, que lo haremos bien o lo haremos mal, pero, de verdad, se lo juro, que no necesitamos que nos echen una mano. Y ustedes no deberían necesitar que les echáramos demasiadas manos para gobernar. Y, en ese sentido, señor Aguilar, ustedes no se han ocupado de este problema, no ha habido ni una sola iniciativa de la Junta de Castilla y León en esta Cámara sobre el problema de la financiación autonómica.

Pero es que, además, dice usted: "Nos preocupa". Pues tampoco mucho, señor Aguilar; ni siquiera les ha preocupado presentar una enmienda a esta Moción, que sirviera de base para llegar a un acuerdo.

¿Y usted ahora nos ofrece otras fórmulas de acuerdo? Bienvenidas sean otras fórmulas de acuerdo: una ponencia, una comisión, un acuerdo entre las principales fuerzas políticas de Castilla y León. Nosotros vamos a ser una Oposición muy útil. Estamos abiertos a llegar a cualquier acuerdo que beneficie a esta Comunidad Autónoma. Pero, ¡ojo!, la utilidad de la Oposición no compensa, en modo alguno, la falta de utilidad del Gobierno. Y el Gobierno tiene que aceptar sus responsabilidades en esta materia. Y, hasta ahora, el Gobierno está callado, está mudo, y Castilla y León no hace oír su voz en el ámbito nacional. Y, de la misma manera que en los periódicos de Castilla y León viene y sabemos lo que piensa el Presidente de la Comunidad de Madrid o el Consejero de Economía de la Comunidad de Cataluña, nadie sabe lo que defiende Castilla y León en este tema, nadie.

Dice usted, señor Aguilar: "Nuestra línea discursiva discurre en el sentido de buscar acuerdos con ustedes", y ha enunciado una serie de puntos de coincidencia. Mire, señor Aguilar, su línea discursiva es como el pájaro... el ave cuco: ustedes siempre ponen huevos en cesta ajena. Porque usted está haciendo discurso sobre el discurso del señor Herreros y el discurso del Grupo Socialista. Porque, si el Grupo Socialista y el señor Herreros no hubieran presentado una Interpelación sobre financiación autonómica, este tema, que tanto les preocupa, no se hubiera discutido en esta Cámara ni dos minutos. Y ya está bien de que ustedes nos pongan huevos en cesta ajena. Tomen ustedes alguna iniciativa, que para eso han ganado las elecciones. Tomen ustedes alguna iniciativa.

El señor Aguilar ha enunciado los puntos de acuerdo con la Proposición de los Socialistas -yo no tengo nada que replicar-, lo que no le he escuchado es cuáles son los puntos de desacuerdo con la Proposición de los Socialistas. Espero la segunda intervención para conocerlos.

Nos dice cosas tan peregrinas como que, "cuando se habla de actualización de variables, por supuesto que vamos a tener en cuenta la dispersión de la población y el territorio". Mire usted, señor Aguilar, enhorabuena. En el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, se va a actualizar el territorio de Castilla y León; y con eso, ¿qué vamos a salir ganando? ¿Creen ustedes que tenemos más kilómetros cuadrados que hace cinco años? Lo que tenemos es menos habitantes. Por cierto, sí que tenemos alguno más, por mediciones, ¿eh? Pero, bueno... Pero, en cualquier caso, la diferencia es aproximadamente de milésimas.

En este sentido, señor Aguilar, nosotros hemos reflejado en nuestra Proposición algunos elementos que permitan a esta Comunidad Autónoma ganar ingresos en el nuevo sistema de financiación. Si se incorpora a los servicios sociales, saldremos ganando; si el Fondo de Compensación Interterritorial crece lo mismo todos los años que el resto de la financiación, saldremos ganando; si modificamos el sistema de gestión del impuesto sobre la electricidad, saldremos ganando.

Dígannos ustedes cuáles son los aspectos por los que cree que Castilla y León va a salir ganando en el nuevo sistema de financiación. Díganos qué propuestas hace la Junta de Castilla y León para defender los intereses de la Comunidad Autónoma, y no nos venga contando que el nuevo sistema va a ser bueno porque va a haber una cesta de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera, porque eso ya también lo decimos nosotros. Pero todos sabemos que ése no es un beneficio específico para esta Comunidad Autónoma.

Señor Aguilar, para que nos entendamos, porque ustedes, o no entienden o no quieren entender lo que decimos nosotros sobre el impuesto sobre la electricidad. Nosotros no pedimos que el impuesto sobre la electricidad se convierta en un impuesto propio de la Comunidad Autónoma, que eso no es posible -y el único que lo dijo en una ocasión fue el Presidente Lucas-, ni pedimos que se convierta en un impuesto sobre la producción. Lo que pedimos es que el impuesto sobre la electricidad se devengue igual que se está devengando el impuesto específico sobre hidrocarburos, es decir, en los lugares de producción en vez de en los lugares de consumo. Esto es un cambio en el sistema de gestión del impuesto. ¿Y qué supone? Pues que Castilla y León pasaría de gestionar el 6% del impuesto en toda España a gestionar el 25. Y eso es lo que es.

Usted dice -o, de alguna manera, se sobreentiende de su intervención-: "Hombre, esto, esto, pues no va a ser aceptado por otras Comunidades Autónomas porque les perjudica". Pues que lo digan ellos, pero nosotros tenemos que decir aquí lo que beneficia a esta Comunidad Autónoma.

Y le puedo decir una cosa, señor Aguilar: estos ocho puntos el Partido Socialista los asume en toda España. La propuesta de los Socialistas de Castilla y León es posición del Partido Socialista en toda España; los Socialistas de toda España van a defender estos ocho puntos. Y a mí me gustaría que ustedes tuvieran la misma confianza en que el Gobierno del Partido Popular defendiera los intereses de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y no pueden tenerla; y en el próximo turno, si quiere, le explico por qué no pueden tenerla.

En conclusión: vamos a salir de este Pleno con la escenificación de un desacuerdo que no sabemos muy bien a qué se debe. Porque sabemos que estamos todos de acuerdo en lo fundamental, que tenemos que defender los intereses de la Comunidad Autónoma, que conviene a esta Comunidad Autónoma que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Sabemos que ha habido propuestas del Partido Socialista y de Izquierda Unida, no sabemos qué propuestas tiene el Partido Popular ni la Junta de Castilla y León en torno a esta cuestión, no sabemos cómo vamos a ponernos de acuerdo y no sabemos por qué ustedes no van a votar nuestra Moción. Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Granado. Para el turno de dúplica, señor Aguilar, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Herreros, mire usted, la preocupación de la forma a mí tampoco me produce ninguna preocupación, créamelo. Y le he dicho a usted en mi intervención anterior que estamos dispuestos a buscar el sistema, el medio -en comisión, en ponencia, en comparecencia, donde usted quiera- a efectos de conseguir, evidentemente, que la financiación autonómica para esta Comunidad sea lo más positiva posible, y que las fuentes de financiación sean lo mejor posibles.

Y la firmeza en la negociación tampoco se mejora con un documento. No lo crea, tampoco. O sea, ésa es una idea que usted tiene, pero que yo le tengo que replicar a usted que, bueno, el documento puede servir de base, pero no mejora la firmeza. Y yo le digo que el Gobierno de esta Comunidad ha sido firme y contundente en la negociación. Pero la negociación es cosa de varios, ¿sabe usted? No es cosa de uno solo. Y cuando se está en una negociación hay que ceder, y hay que ceder en algunas cuestiones, y hay que guardarse también, por supuesto, otras. Por lo tanto, Señoría, no es el problema tan simple como usted lo plantea.

Y respecto a la deuda histórica, desde luego, no hay que hablar de ella -ni creo que sea el momento de hablar de ella- en relación a la financiación autonómica.

A don Octavio Granado yo le digo a usted que... bueno, le agradezco que usted ha dicho que mi discurso ha cambiado. Pero no crea usted que por cambiar es mejor; posiblemente el otro sea mucho mejor que éste y, a lo mejor, lo entiende usted así. Por lo tanto, no todo es... no todo es lo mismo.

Mire usted, la Junta de Castilla y León no puede usted decirnos ni puede usted imputarle el que haya estado muda y el que no haya informado al Parlamento en relación a todos los temas de financiación autonómica. Usted no debe hacer eso. Y usted no debe hacer eso porque usted sabe que aquí se ha comparecido por la Junta de Castilla y León en multitud de ocasiones; en Pleno se ha dicho y se ha hablado por parte de miembros... de la Consejera de Economía, concretamente, de la Junta de Castilla y León, y por el propio anterior Presidente de la Junta sobre el tema de financiación autonómica. Mire usted, mire usted, ésa es la realidad, y en esa realidad usted no me va cambiar a mí los esquemas. Dígame usted, por ejemplo, si no fueron iniciativa de la Junta de Castilla y León las garantías en el tema de la financiación autonómica; dígamelo usted si no fue así, y si no fue el... el hecho, concretamente, sacado, planteado y defendido por la Junta de Castilla y León.

El Gobierno de esta Comunidad, desde luego, no está mudo, señor Granado. El Gobierno de esta Comunidad tendrá diferencias con respecto a lo que usted plantea o a lo que usted dice, pero no está mudo.

Y una cuestión que quiero que me aclare usted también es por qué habla usted ahora de la gestión del impuesto de energía eléctrica; habla usted de la gestión, antes habla usted de la producción. Y es un tema que debe usted aclararnos; lo ha dicho usted aquí, pero, en definitiva, nos ha cambiado usted ahora mismo el tercio y, por lo tanto, lógicamente, debiera usted -si es que tiene otro turno, que yo no lo sé-, lógicamente, de aclararnos.

¿Puntos en desacuerdo? Por supuesto que los tenemos, por supuesto que los tenemos. A ustedes el IRPF no les gustaba; les gustaba el PIB y les sigue gustando el PIB. Evidentemente, a nosotros nos gusta ahora mucho más y creemos mucho más adecuado el que exista una cesta de impuestos, tanto directos como indirectos, donde realmente podamos obtener una mejor recaudación para poder prestar unos mejores servicios a los ciudadanos, que ése es el meollo de la cuestión, y no le demos vueltas. Y para eso le digo a usted: estamos abiertos y estamos dispuestos a ocuparnos y a preocuparnos, a las dos cosas. Porque la ocupación, evidentemente, es el trabajo; pero la preocupación tampoco deja de ser un trabajo. Y estamos dispuestos a ocuparnos y a preocuparnos. No solamente se ocupan ustedes.

Porque yo también quiero preguntarle a usted que me diga si los 78.000 millones de pesetas que se han conseguido por el sistema de la financiación actual son buenos o son malos. Debe usted decirlo en esta tribuna. Y debe usted decir también si son buenos o son malos que las Comunidades gobernadas por el Partido Socialista hayan perdido 100.000 millones de pesetas y los estén reclamando ahora, evidentemente, porque se han dado cuenta que les hacía falta.

Lógicamente, las cuestiones -como digo a usted- en la negociación es cosa de dos, no es cosa de uno, y es cosa de llegar a acuerdos y es cuestión de llegar a pactos, pero pactos razonables.

¿Las variables, vamos a cambiar las variables? Pues, mire usted, vamos a estudiarlo, evidentemente, pero las variables son las que son, y van a ser las que son. Y no le dé usted vueltas a ese asunto.

Lógicamente, señor Granado, he intentado... y no me achaque usted el que no se ha planteado una enmienda. Las enmiendas se plantean cuando son razonables, no como percha. Sería ridículo plantear enmiendas como percha para llegar a acuerdos. Yo no he planteado enmiendas aquí, porque yo le he dicho a usted en privado, y se lo digo a usted en esta tribuna, que estoy dispuesto, de su Moción, a aceptar una serie de puntos, como son el punto uno, como son el punto dos, como son el punto tres, o como son el punto ocho, respecto a lo que el Senado debe representar en estos aspectos. Pero, evidentemente, mantenemos discrepancia en otros.

Igual que le digo a usted: solicite usted votación separada. Yo esos puntos de su Moción se los acepto. Igual le digo al señor Herreros: el punto uno, el punto cinco también pueden ser aceptados. Solicite usted votación separada, y también se los aceptamos. Pero, lógicamente, no podemos hablar en este asunto, por ejemplo, el señor Herreros, nuevamente de la financiación municipal. Estamos hablando de la financiación autonómica, y, ciertamente, ése es otro discurso, que también estamos dispuestos a mantener cuando ustedes quieran.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Habiendo intervenido todos los Grupos en el debate, no ha lugar a fijación de posiciones, pero cierran el debate los Proponentes. Señor Herreros, tiene, en primer lugar, la palabra.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Aguilar, cada vez me lo complica más. Porque, entonces, yo en estos mismos momentos demando que el Partido Popular y que el Gobierno Autónomo de Castilla y León remitan una nota al señor Rodrigo Rato, o al señor Aznar, al Presidente del Gobierno de la Nación, para que diga: "suspenda definitivamente las relaciones de negociación bilateral entre Cataluña y el Estado o la Administración General del Estado".

Eso es lo que dice nuestro primer punto, además de lo del modelo estable, que en eso posiblemente es a lo que se refería usted.

En el punto cinco, la participación en impuestos indirectos y en IVA con criterios de territorialización y suficiencia para la autonomía financiera; por supuesto. ¡Ah!, pero, ¿entonces no estamos de acuerdo en que se aumente el Fondo de Compensación Interterritorial y el Fondo de Nivelación para las Comunidades que estamos en inferioridad de condiciones? ¿No estamos de acuerdo en eso? Yo creí que sí.

¿No estamos de acuerdo en mantener el Fondo de Garantías, aunque sea excepcional? Yo creía que sí. ¿No estamos de acuerdo en que las variables socioeconómicas que resulten más justas para las Comunidades Autónomas como Castilla y León, también se puedan invertir y que primen aquellas que son más propias de Comunidades Autónomas que estamos en inferioridad de condiciones? Yo creía que sí.

Yo podía entender la dificultad que había en cuanto a la financiación municipal. Yo les he dado mi argumentación; nadie ha dicho que no pueda hacerse. Lo mismo que nadie ha dicho que no pueda hacerse lo que plantea el señor Granado sobre el impuesto de la electrificación o la electricidad en origen y no en el consumo. Luego yo creo que hay posibilidad.

Después, ustedes no quieren saber nada, después del reto que había hecho la señora Consejera, cuando el otro día le dijo: "y quiero saber si los Grupos Parlamentarios están dispuestos a incluir la financiación sanitaria en la financiación autonómica". Y haciendo un esfuerzo ímprobo para llegar a criterios de aproximación, nosotros hemos dicho aquí: la incorporación de la financiación sanitaria, eso sí, compensada.

Nuestra teoría es que a nuestra Comunidad Autónoma la beneficia de forma más clara el que haya una financiación sanitaria finalista, única, no vinculada a la financiación autonómica, pero, en todo caso, estaríamos dispuestos a llegar a plantearnos: si ustedes hacen esa reflexión de financiación sanitaria compensada, en virtud de lo que yo, anteriormente, les comentaba del déficit acumulado de renta por habitante, el déficit acumulado por menor índice de camas, el déficit acumulado por mayor índice de envejecimiento poblacional o el déficit acumulado por habitante, por los presupuestos que se han realizado durante todos estos años anteriores en el Insalud relativos a habitante/año, entonces, nosotros estaríamos en disposición de sentarnos. De lo contrario, bueno, pues es muy difícil; nosotros abogaríamos por mantener la financiación finalista única y exclusiva.

Dice que están dispuestos. Dicen que quieren sentarse. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, yo creo que hay una oportunidad única. Y no es posible que nos pueda afirmar con garantías que es lo mismo la firmeza individual de la señora Consejera de Economía, incluso la firmeza colectiva del Gobierno Autónomo, que la firmeza colectiva de toda esta Asamblea, de todo este Parlamento, que, lógicamente, tiene la representación absoluta del pueblo de Castilla y León.

Por tanto, no cabe la menor duda que se va a sentir mucho más respaldada que por sus propios criterios, con toda la sapiencia -y lo respetamos-, que con los criterios compartidos o discutidos con los miembros del Gobierno; sin embargo, cuando estamos hablando de que haya un respaldo, si fuese posible, total y absoluto, entenderíamos que iría mucho mejor avalada la propuesta desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León. No obstante -ustedes sabrán-, desde luego, no tendríamos inconveniente en que se votasen los puntos de forma separada, pero tampoco entendemos que esa disección sólo en el punto uno y en el punto cinco sea la buena, cuando además el punto uno habría que fraccionarle a la mitad: la parte de estabilidad de financiación, por una parte, y la parte de la negociación bilateral, por otra. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Señor Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Sí, vamos a ver. Señoras y señores Procuradores... Gracias, señor Presidente. Mire usted, señor Aguilar, yo, en aras del consenso, soy capaz de aceptarle todo, que cuando la señora Consejera comparece en esta Cámara a petición del Grupo Socialista, esto demuestra la voluntad del Gobierno de venir aquí; que las garantías que ustedes pusieron en marcha para recibir el dinero que dejaban de recibir por la mala evolución del IRPF es muy... positivas para esa Comunidad Autónoma, porque, claro, si no, nos hubiéramos visto muy gravemente perjudicados por el mal acuerdo que ustedes firmaron, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les cuelgo a ustedes todas las medallas que quieran, y a todos y a cada uno de Sus Señorías.

Pero, hombre, señor Aguilar, es que usted sube a esta tribuna, y, al menos, la opinión pública de esta Comunidad Autónoma debería conocer dos cosas: primero, ¿cómo espera la Junta de Castilla y León que esta Comunidad salga beneficiada del nuevos sistema de financiación? -y usted no lo ha dicho-; y segundo, ¿cuáles son las diferencias políticas que existen entre los Grupos de esta Cámara en materia de financiación? -y seguimos sin saberlas-; y en tercer lugar, ¿qué va a hacer la Junta de Castilla y León? -y eso todavía es lo más grave-, porque lo que va a hacer la Junta de Castilla y León no lo sabemos.

El señor Aguilar ha sido incapaz hasta de concretar de qué manera nos vamos a poner de acuerdo, con lo cual, ad calendas graecas, me temo que este acuerdo llegará después del acuerdo nacional sobre la financiación autonómica.

La cesta de impuestos, señor Aguilar, la defendimos los socialistas en el año noventa y seis, y ustedes se obcecaron en basar el sistema de financiación sobre el IRPF. Y además es que la cesta de impuestos no la defendíamos los socialistas porque tuviéramos razón, porque fuéramos especialmente inteligentes; es que ya lo decía el Libro Blanco encargado por el Gobierno Socialista el año mil novecientos noventa y cinco.

De la misma manera, ustedes ahora, pues, como se han quedado colgados de la percha del IRPF, que ya no lo defienden ni siquiera los catalanes ni los madrileños, son incapaces de encontrar una sola propuesta concreta que beneficie a esta Comunidad Autónoma en materia de financiación autonómica, e intentan crear problemas sobre las propuestas que hacemos los demás; otra vez el vuelo sobre el nido del cuco.

Estamos aquí todavía discutiendo si, cuando hacemos una propuesta razonable de que esta Comunidad Autónoma pueda gestionar el impuesto sobre la electricidad de la electricidad que se produce en Castilla y León, si es una cuestión de gestión, si eso es una cuestión de regulación normativa del impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Lea nuestro punto quinto, señor Aguilar; no lo ha leído, de verdad: "las modificaciones que permitan el desarrollo de las competencias de la Comunidad en la gestión de los nuevos tributos o en su regulación normativa".

Hágase como se haga, nos da lo mismo; lo que queremos son más recursos para la Comunidad Autónoma. Y además, fíjense ustedes que somos un poco masoquistas, porque queremos más recursos para que los administren ustedes, que son los que están gobernando. Y, sin embargo, ustedes no son capaces de decirnos aquí qué nuevos recursos van para la Comunidad Autónoma.

Y luego, señor Aguilar, mire usted, éste es un tema un poquito serio, y como es un tema un poquito serio, aquí no podemos jugar a la línea del bingo, y decir: "del punto uno estoy de acuerdo, el dos también, el tres también, el ocho me gusta; ni el cuatro, ni el cinco, ni el seis, ni el siete les puedo aceptar. Vamos a votarles los puntos por separado". Señor Aguilar, usted y yo sabemos, y todos los Procuradores de esta Cámara, que, si producimos la votación de esta manera, el consenso sobre financiación autonómica que va a producir este Parlamento Regional sería una irrisión, sería una irrisión. Tenemos que hacer un papel y hacerlo bien.

Y, de verdad, a nosotros ya no nos pidan más, que hemos hecho una Interpelación, hemos presentado una Moción, tenemos una voluntad manifiesta de llegar a un acuerdo con ustedes. Hagan ustedes algo. ¿Que no quieren presentar enmiendas? Pues no presenten enmiendas. ¿Que no quieren traer una Comunicación a la Cámara? Pues que no la traigan. ¿Que no es posible llegar a un consenso de las fuerzas políticas? Pues busquen ustedes la fórmula que les venga a ustedes en gana; pero hagan ustedes algo para que en esta Comunidad Autónoma la posición de la Comunidad se oiga con un poquito mayor de firmeza.

Y luego, al final, pues como el debate carece absolutamente de contenido, porque vuelvo a señalar que no sabemos lo que piensan ustedes, porque yo soy incapaz de entender aquí qué es lo que piensa el Partido Popular de Castilla y León sobre la financiación autonómica, y de las explicaciones del señor Aguilar, pues, salgo todavía más confuso que como entré, pues entramos en un debate sobre aspectos concretos que no van a ninguna parte.

La señora Consejera me decía a mí y le decía al señor Herreros... perdón, primero, el señor Herreros y después yo, si no les importa, en el debate de las Interpelaciones: ¿a ver qué piensan ustedes sobre la financiación sanitaria? El señor Herreros y yo formulamos propuestas sobre la financiación sanitaria, y luego resulta que las propuestas sobre la financiación sanitaria no han entrado en la pedrea, porque están en el punto siete y es uno de los puntos que el Partido Popular no quiere votar. Hombre, no vamos a llegar ya al absurdo de que nos pidan a nosotros, como una especie de confesión de fe, de pureza de sangre, que manifestemos nuestra posición sobre un tema, y cuando lo hacemos en los mismos términos que ustedes, ni siquiera quieren votarlo.

Al final, la conclusión que yo saco es que ustedes no quieren votar aquí una Moción del Partido Socialista. Y hasta lo puedo entender: éste es un tema suficientemente importante como para que la iniciativa la lleve el Gobierno. Pero como tampoco quieren tener ninguna iniciativa, porque no quieren comprometerse en nada, porque saben ustedes perfectamente que ustedes van a este debate en una posición de absoluta debilidad, pues, al final, no va a haber ninguna Resolución de esta Cámara.

Y por terminar, ¿saben ustedes por qué pasa esto? Porque ustedes están tan absolutamente convencidos de que lo hacen todo tan bien, y están tan absolutamente convencidos de que no tienen que rectificar nada, que están encantados de haberse conocido. Y como están encantados de haberse conocido, están encantados del actual sistema de financiación, y no son capaces de imaginar ni una sola pizca que beneficie en el nuevo a Castilla y León, porque piensan que el actual sistema va a ser mejor que el que va a venir. En el fondo, están ustedes pensando que con el nuevo sistema de financiación vamos a salir perjudicados, y por eso no quieren ustedes mover ni una sola pieza en el tablero. Y si eso es así, tendrían que tener la valentía política de subir a esta tribuna y decirlo, y decirlo, que con la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cámaras, esta Comunidad Autónoma va a tener un peor sistema de financiación que cuando el Partido Popular no tenía esa mayoría absoluta. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Procedemos, entonces, a someter a votación las dos Mociones por separado. Señor Herreros, ¿va a solicitar votación separada de algún punto o en su conjunto? Se vota en su conjunto la Moción del señor Herreros. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. Veintiséis a favor, y cuarenta y cinco en contra; no hay abstenciones. Y queda rechazada.

Se vota ahora la Moción del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Veintiséis. ¿Votos en contra? Cuarenta y cinco. Abstenciones, no hay. Queda, igualmente, rechazada.

Por acuerdo previo de los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, la Presidencia accede a alterar el Orden del Día, a efectos de que se debata ahora el punto que figuraba como duodécimo. Señor Secretario, dé lectura al mismo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Duodécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 521, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas destinadas al fomento y desarrollo del sector comercial en Castilla y León".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, señor Secretario. Para hacer la presentación de la Proposición No de Ley, tiene por... tiene la palabra don Jorge Félix Alonso. Puede comenzar, Señoría, cuando quiera.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. El sector comercial en Castilla y León es de una importancia estratégica por su aportación al Valor Añadido Bruto Regional, que supone el 9,3% del mismo, y por el elevado número de personas que ocupa, ciento veintitrés mil, que suponen el 14% de la población ocupada.

Este empleo tiene su peso fundamental en el denominado pequeño comercio, dado que las grandes superficies ocupan sólo el 6% del sector, mientras que las empresas incluidas en los denominados comercios especializados y no especializados agrupan el 65 y 29%, respectivamente, lo cual supone un 94% del total de las personas que trabajan en el sector comercial. De ahí la importancia del mantenimiento e impulso del denominado pequeño comercio.

En Castilla y León, el tejido empresarial comercial, además de las funciones estrictamente comerciales, añade valores relativos a la vertebración social por su relación directa con el consumidor y por el arraigo al territorio que aporta en el entorno urbano.

La reciente aprobación por el Gobierno de España del Real Decreto Ley 6/2000, del veintitrés de junio, por el que se liberalizan los horarios comerciales, ha supuesto un nuevo handicap para el comercio tradicional en sus posibilidades de competencia con las grandes superficies comerciales.

El Parlamento catalán, a propuesta de la Generalitat de Catalunya, ha aprobado una ley destinada a la creación de un impuesto de... para las grandes superficies comerciales, cuya recaudación destinará al fomento de medidas para la modernización del comercio urbano de Cataluña y el desarrollo de planes de actuación en áreas afectadas por los emplazamientos de grandes establecimientos comerciales.

En Castilla y León no sólo no se ha tomado ninguna medida específica para corregir la situación del desequilibrio existente entre las grandes superficies comerciales y el sector tradicional, sino que no existe ninguna línea específica de ayudas tendentes a consolidar este sector, siendo la improvisación la forma en que se desarrollan las políticas dirigidas al sector comercial.

Las únicas ayudas dirigidas al sector comercio se encuentran dentro de las que convoca la Agencia de Desarrollo, que hace que produzcan olvidos como que en el año dos mil hacía falta hacer inversiones superiores a 15.000.000, que después hubo que modificar esa convocatoria reduciéndolo a 1.000.000, y que, nuevamente, en la convocatoria del año dos mil uno, al incluirse dentro del conjunto de convocatorias de la Agencia de Desarrollo, sigue siendo necesario invertir más de 5.000.000 para tener posibilidad de solicitar una ayuda para el sector del comercio.

Se ha producido otra situación grave en relación con el gasto que se aprueba en los presupuestos y lo que posteriormente se ejecuta durante el año, hasta el punto de que en el año noventa y nueve sólo el 67% de lo que actualmente se había comprometido gastar en el sector de comercio, al final se destinó al mismo, y en el año dos mil, aun cuando el presupuesto se incrementa de forma significativa, sólo se gasta el 34% de lo presupuestado. O sea, en dos años, el sector del comercio tradicional ha perdido 649.000.000 de pesetas de cantidades que estaban destinadas para fomentar su impulso y su funcionamiento.

Por eso, nuestro Grupo realiza una Proposición en el sentido de que la Junta ponga en marcha medidas que favorezcan el desarrollo del sector comercial tradicional, y planteamos dos actuaciones:

Una primera, dirigida a que se tramite un proyecto de ley destinado a la implantación de un impuesto para las grandes superficies comerciales, del cual se excepcionen aquellas superficies destinadas de forma exclusiva a la jardinería, a la venta de vehículos, a los materiales de construcción, maquinaria o suministros industriales, y que el proyecto de ley tenga los siguientes aspectos: que el contenido de la recaudación sea para el fomento de medidas que permitan la modernización del comercio urbano y rural de Castilla y León, y el desarrollo de planes de actuación en áreas afectadas por los emplazamientos de grandes establecimientos comerciales; y otra medida más, que se module la imposición de forma progresiva a los metros cuadrados de superficie comercial y a la ubicación territorial de cada establecimiento.

Hay un segundo bloque de actuaciones que están destinadas a solventar la carencia de convocatorias específicas, y que esta segunda... este segundo bloque, mediante conversaciones mantenidas con los otros Grupos de esta Cámara, va a modificarse. Este bloque estaría dirigido, fundamentalmente, a... primero, a hacer que las ayudas que se convocan en el sector del comercio sean posibles... su solicitud, no como actualmente está ocurriendo; que sirvan para la modernización del comercio, facilitando su incorporación a las nuevas tecnologías; y que, en definitiva, contribuyan a mejorar su posición competencial respecto a las grandes superficies.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para un turno en contra, tiene la palabra don Javier Marqués.

EL SEÑOR MARQUÉS LÓPEZ:

Gracias, Presidente. Señorías. Coincidimos con usted, querido Portavoz del Grupo Socialista, en la importancia estratégica del sector comercial en nuestra Comunidad. Así lo indican tanto su aportación al Valor Añadido Bruto regional como el número de personas que trabajan en él, además de otros valores que aporta el comercio a nuestra sociedad -como usted nos indica-: su vertebración social o su arraigo al territorio, a los que se podrían añadir otros como es la revitalización de nuestros entornos urbanos, especialmente nuestros cascos históricos, y otros en cuanto a dar a conocer nuestros productos.

Sin embargo, no compartimos con usted los efectos negativos del Real Decreto Ley 6/2000, ni tampoco el que no existe ninguna línea específica de ayudas tendente a consolidar el sector del pequeño comercio. Y no estamos de acuerdo porque tanto el repaso de las ayudas y líneas de apoyo al sector establecidas por la Junta de Castilla y León como la propia evolución del sector en los últimos años nos indican lo contrario.

Así, en los últimos cuatro años, del noventa y siete al dos mil, se han atendido en torno a... un número próximo a los seis mil expedientes, con más de 6.000 millones de subvención, propiciando una inversión en el sector en torno a los 31.000 millones de pesetas. Esto sin contar alrededor de 2.000 millones que también para el sector van desde otras líneas de la Agencia de Desarrollo Económico y desde Trabajo. Sale una media de 1.000.000 por expediente y 5.700.000 de inversión.

También, en cuanto a la ejecución presupuestaria, no estamos de acuerdo en sus apreciaciones, puesto que el año noventa y nueve... y tanto el año noventa y nueve como el año dos mil, ésta ha ido en torno al 82% en esta área.

Todas estas líneas están dedicadas al fomento de la pequeña y mediana empresa comercial; líneas de ayuda que se han ido modificando a lo largo de los últimos años con la colaboración y el consenso del sector comercial, a través de Conferco, de sus legítimos representantes. Líneas a las que se ha realizado también un seguimiento y aportaciones desde el propio Consejo Regional de Comercio. Y sistemas de ayuda que tienen a mejorar la competitividad del pequeño comercio a través de subvenciones y créditos para la reforma y para la modernización.

Por lo tanto, son líneas de apoyo que están completamente abiertas a modificaciones, y que, de hecho, se están produciendo cada año; y que en este momento, por ejemplo, desde la Dirección General se está tratando de estudiar un diagnóstico sobre el comercio minoritario rural, para establecer líneas concretas de apoyo, también un plan de formación para el comercio, y también una línea de inversión para nuevas tecnologías, que -como usted dice- no 500.000, sino 300.000 pesetas, a partir de 300.000 pesetas de inversión para el pequeño comercio.

Si repasamos también la evolución del comercio en los últimos años, vemos que entre el noventa y seis y el noventa y nueve ha crecido un 4% por encima del IPC, y lo ha hecho de una manera especial, en torno al 6,6, el comercio especializado.

En los datos del Consejo Económico y Social del año noventa y nueve vemos también que el comercio incrementó sus ventas en el 3,35%, situándose el comercio especializado por encima de las grandes superficies: 5,7% contra 3,02. Asimismo en el incremento de empleo, que en el sector fue el 2,6%, superando el especializado a las grandes superficies.

Todo ello nos indica que se trata de un sector dinámico, en crecimiento y con una evolución favorable, especialmente del comercio especializado y del comercio que se moderniza, y que puede ser competitivo no sólo con la gran superficie, sino con las nuevas técnicas de venta. Y yo creo que ahí es donde deben estar las líneas de ayuda: en la especialización y en la modernización. Y ése es el objetivo de la Consejería y de la Junta en este momento.

Estamos ante un sector tremendamente abierto, en un sector que evoluciona rápidamente, y así deben de ser todas las líneas que se establezcan.

Respecto a su propuesta de implantación de un impuesto que grave las grandes superficies comerciales, similar -por sus indicaciones- al realizado por la Comunidad Autónoma de Cataluña, le diré que creemos que vulnera la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, ya que podría suponer el establecimiento de supuestos de doble imposición, al existir impuestos con hechos imponibles semejantes, como es el Impuesto de Actividades Económicas y como es el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Como sabe usted, se ha presentado recurso de inconstitucionalidad a la misma por parte de la Administración Central, y pensamos que una ley en esta misma línea podría, asimismo, ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, en cuanto a que se trata de una ley autonómica contraria a los preceptos de una ley orgánica. Esto indica la necesidad de habilitar... es necesario habilitar, de forma expresa, cualquier nuevo impuesto que solape alguno existente, y así queda claro en una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, en concreto en la Sentencia 289 del año dos mil.

Estamos, pues, de acuerdo en establecer a determinados establecimientos comerciales algún tipo de carga, pero no en el sentido que usted indica, por entender que es contrario a la legislación. Sin embargo, estamos de acuerdo en la dirección que indicó el Consejero en su primera comparecencia, es decir, establecer algún tipo de carga que respete las exigencias, que respete las limitaciones competenciales, y que proteja los intereses generales de carácter supramunicipal en el sector comercial. Y ello bien podría ser con la tramitación de la licencia municipal específica para determinados establecimientos ante la Administración Regional, previo pago de la exacción correspondiente.

Estando previsto traer a esta Cámara, en fechas próximas, el Proyecto de Ley de Comercio, creemos que es adecuado estudiar este tema dentro de este... dentro de esta Ley de Comercio, que, de alguna manera, estudie los pormenores y la adjudicación y la aplicación de estas nuevas orientaciones.

Por lo tanto, no estamos de acuerdo en sus propuestas, aunque en la segunda, evidentemente, creo que podíamos haber llegado a un acuerdo, puesto que estamos abiertos a esas modificaciones y a esas mejoras en las líneas de actuación de la Junta en torno al pequeño comercio. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para el turno de réplica, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso de nuevo.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Lo primero, por aclarar los razonamientos que hacíamos y que motivaba la Proposición No de Ley. Desde luego, no es cuestión de la ejecución presupuestaria lo que estamos cuestionando, porque, efectivamente, la partida puede haberse gastado, pero, desde luego, no se ha destinado al sector del comercio; y eso es así. Quiero decir, por los propios datos de la Junta de Castilla y León, lo cierto es que, tanto en el año noventa y nueve como en el año dos mil, una parte importante del dinero que en principio estaba presupuestado al sector comercio no se ha destinado al sector comercio; se ha destinado a otros fines diferentes, incluso fines especificados, concretamente se han destinado al Plan de Empleo. Quiero decir, y el Plan de Empleo tendrá que tener su propia fuente de financiación, y lo que no puede hacer es financiarse a partir de sustraer las cantidades al sector del comercio, que es lo que se ha hecho.

Es decir, en el año dos mil se destinaron a fines diferentes del sector comercio más cantidad de dinero que la que se había incrementado en el presupuesto. O sea, yo entiendo que esto es de alguna forma un engaño al sector y esto es lo que nos motiva el que pidamos que haya una convocatoria específica para el sector de comercio.

Actualmente, se están cubriendo -como decía anteriormente- todas las ayudas dentro de la convocatoria general de la Agencia de Desarrollo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que, lógicamente, cuando se mezclan ayudas dirigidas a grandes industrias o a industrias no tan grandes pero, en definitiva, con una... un nivel de inversión y un nivel de desarrollo diferente al sector comercial, pues nos encontramos que no responden la... las bases de la convocatoria a las necesidades del sector del comercio. Y no responden a esa... a esas bases, lo evidencia el que la propia Agencia de Desarrollo en el año dos mil tuviera que modificar la propia convocatoria, porque había quedado a todo el sector del comercio excluido de la solicitud de las ayudas, tuvo que modificarla y bajar las cuantías que se solicitaban.

Este año, con 5.000.000 que exigen como mínimo, sigue excluyendo a la mayoría del sector del comercio de la posibilidad de realizar inversiones para mejorar sus establecimientos o para implantarse. Es muy difícil que un comercio supere una inversión de 5.000.000 de pesetas... un comercio pequeño, como normalmente lo entendemos.

Desde luego, el que exista una línea de convocatoria específica nos parece que es dar sentido a que exista una Dirección General; actualmente, la Dirección General de Comercio yo diría que está vacía de contenido, porque si un sentido tiene es la de gestionar las ayudas que se dirigen al sector, y no lo hace ella, que lo hace la Agencia de Desarrollo, está claro que... la conclusión es clara: la Junta de Castilla y León no tiene una estrategia en relación con el sector del comercio. Los datos así nos lo demuestran. Y por eso pretendemos con estas Proposiciones el modificar ese... esa situación.

Como usted decía, hemos intentado buscar un acuerdo en relación con las líneas de ayuda que deben mejorarse y que deben servir para mejorar la competitividad del comercio tradicional. Parece ser que a las PNL no es posible que haya una transacción, pero, en cualquier caso, nosotros estaríamos dispuestos a que se trataran ambos puntos por separado, e inclusive a modificar el punto dos, si eso fuera posible; pero bueno, en cualquier caso, que se votaran los puntos por separado.

Y en relación con el impuesto para las grandes superficies, desde luego, nosotros entendemos que ese impuesto tiene que tener un sentido de contribuir al equilibrio en el sector; es decir, no puede ser que se ponga un... una imposición que al final no tenga un efecto en el conjunto del sector. Como ambos hemos afirmado, tanto la aportación económica a los impuestos del pequeño comercio como a efectos de empleo es muy superior a la aportación económica que realizan las grandes superficies, tanto en empleo como en imposición. Concretamente, el IAE del pequeño comercio supone el 83% del total del IAE del sector comercial; sólo un 17% de las grandes superficies. Y, en relación con el empleo, el 94 frente al 6.

Es evidente que la aportación a la riqueza regional es muy superior por parte del pequeño comercio que de las grandes superficies, lo cual justifica plenamente que haya una... una imposición que contribuya a reequilibrar ambos sectores.

Desde luego, si el sector tradicional, si el pequeño comercio ha tenido un crecimiento en estos años, no se debe a la contribución que ha realizado el Gobierno Regional, porque, como anteriormente decía, los datos nos demuestran que no ha habido una aportación. Y, en consecuencia, sí que es necesario que, si existe un crecimiento en el sector comercial, pues sea como consecuencia de las actuaciones que se hacen, porque en este momento ese crecimiento ha respondido más a la coyuntura económica general que a las propias ayudas de la Administración Regional; y, en consecuencia, entendemos que eso hay que cambiarlo. Por eso mantenemos en su contenido las dos... las dos propuestas que realizamos.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para turno de dúplica, tiene la palabra de nuevo don Javier Marqués.

EL SEÑOR MARQUÉS LÓPEZ:

Gracias, Presidente. Mire usted, yo le he dado los datos de los expedientes que se han aprobado en los últimos años y del tamaño de los mismos. Yo creo que son lo suficientemente elocuentes como para, en su número -en torno a los seis mil- y en torno a la subvención media, que tienen un tamaño yo creo que adecuado para lo que es nuestro comercio; y, además, que han sido crecientes. Porque estamos comparando... si comparamos, perdón, los cuatro años noventa y siete-dos mil con los cuatro años noventa y cinco-noventa y ocho, en los cuales se dio una subvención de 4.400 millones, vemos que se ha incrementado considerablemente. Luego, entendemos que, además del incremento -un incremento considerable-, lo que se ha producido también es una distribución y atención a todos los pequeños comercios.

Usted dice que se habían desviado de comercio parte de los fondos. Mire usted, efectivamente... a empleo; pero a empleo para el sector comercial. Y por eso, el sistema... la propuesta ahora de la Consejería es atender a la formación del personal desde la propia Dirección General, con el establecimiento de un plan específico de formación para el comercio. Eso es la nueva orientación y por eso han sido esos... esos trasvases a los que usted se refiere.

Y también le diré que estamos dispuestos -y así lo ha manifestado el Consejero- a establecer una línea específica para la adaptación a las nuevas tecnologías del pequeño comercio, donde las inversiones sean a partir de 300.000 pesetas -no a partir de 500.000 donde dice usted-, para acoger, digamos, el mínimo o la mínima inversión.

Por lo tanto, en este apartado, como usted ha dicho que habíamos llegado a un acuerdo, pero, ante la imposibilidad de plantear una transaccional, bueno, pues no ha sido posible. Pero, evidentemente, estamos de acuerdo y así lo hemos manifestado ambas partes. Y yo creo que, desde luego, se debe de estar abierto no sólo a lo que se diga aquí, sino también a lo que se diga en el Consejo Regional de Comercio, que es en el que se atienden todas estas modificaciones.

Con relación al... al impuesto que ustedes plantean, yo no tengo otra cosa que repetirle su inconstitucionalidad -que así ha sido presentada-, por suponer una duplicidad. Una duplicidad que no tiene nada que ver con porcentajes ni tiene nada que ver con el peso que puede tener el sector comercial con relación al industrial, ni nada por el estilo; sino, simplemente, que hay una duplicidad de impuestos, en concreto, con el Impuestos de Actividades Económicas y con el impuesto de Bienes Inmuebles y, desde luego, hay unas Sentencias del Tribunal Constitucional que así lo explican; y, desde luego, también, a la hora de aplicar cualquier nuevo impuesto, tiene que tener un informe, una habilitación específica por parte de... por parte... una habilitación específica por parte del Tribunal, y que así, en este caso, no lo ha tenido.

Por lo tanto, creemos que no es la línea adecuada, creemos que no es la línea oportuna, sino que estamos más en el sentido que señaló el Consejero en su intervención, en establecer algún tipo de carga -que, además, como le he dicho antes-, de cumplir con las exigencias y con las limitaciones competenciales, proteja también -eso sí- los intereses generales de carácter supramunicipal, entendiendo que la construcción de una gran área comercial incide más allá de lo que es el propio municipio. Y ello, como le he dicho antes, podía ser con la tramitación de una licencia municipal específica para determinados establecimientos.

Por lo tanto, yo creo que este debate podremos... tendremos ocasión de seguirlo cuando se tramite la nueva Ley de Comercio. Y yo creo que lo lógico es enmarcarlo no en... en un debate específico, sino en un debate dentro de toda la Ley de Comercio, que de alguna manera nos haga tener una perspectiva y una... y un entorno mucho más adecuado para el debate y para la discusión de este tema.

Por lo tanto, no estamos de acuerdo en esa línea. Creemos que sería un planteamiento que llevaría... no llevaría a ninguna parte, puesto que se declararía su inconstitucionalidad. Y pensamos que esta otra orientación, en el marco de la nueva Ley de Comercio -que también ha anunciado el Consejero que próximamente se va a ver aquí- podríamos discutirlo y podíamos llegar a algún tipo de carga que establezca esa... establezca esa... digamos, protección de los intereses de una manera supramunicipal para el pequeño comercio.

Por lo tanto, no estamos de acuerdo en esta línea y sí en que se vayan modificando y se vayan adaptando cada vez más las líneas para el comercio, para atender ese pequeño comercio tan importante y tan trascendente en nuestra Comunidad, para que se vaya modernizando, para que se vaya adaptando en un sector, quizá el que más cambia, quizá el que más se moderniza, quizá el que más evoluciona, puesto que las propias costumbres en esa... en esa costumbre de la compra es en la que más cambia nuestra sociedad.

Y, por lo tanto, creemos que es importantísimo y que es necesario apoyar a este pequeño comercio, para que se modernice y se adapte a estas nuevas tendencias del sector.

Por lo tanto, lamentamos no poder atender su propuesta. Y esperamos que en el marco de esa nueva Ley de Comercio podamos llegar a unos acuerdos amplios que beneficien de una manera importante al sector. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para concluir el debate, tiene la palabra... no habiendo interés por ocupar el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Desde luego, no se puede decir que el dinero que estaba previsto gastar en el sector del comercio se ha gastado en el Plan de Empleo dirigido al comercio, porque dentro del Plan de Empleo no existen unas líneas específicas para contratar trabajadores del sector comercio.

Desde luego, el Plan de Empleo tiene un carácter general, y simplemente se han pasado fondos del comercio a Plan de Empleo. Y, en consecuencia, entiendo que el Plan de Empleo es un asunto muy importante -el cual compartimos-, pero, desde luego, lo que no se puede hacer es desvestir a un sector para vestir a otro sector. Quizá porque haya un sector que sea más combativo, que está incentivado por los sindicatos y, en consecuencia, hay que hacer más por contentarle; y otros sectores que son menos combativos, pues se les detrae presupuesto, y aquí no pasa nada.

En relación con la línea de ayudas, que es la segunda parte de nuestra Proposición, nosotros estaríamos de acuerdo en reducir las 500.000 pesetas para inversiones en nuevas tecnologías a 300.000, yo no sé si es posible y si se puede asumir. O sea, sería, el texto de la segunda propuesta, simplemente cambiar 500 por 300. Y, desde luego, plantearemos la votación por separado de ambas iniciativas.

Y en relación con el... con el impuesto que le demandamos en nuestra Proposición, nosotros queremos que se tomen medidas reales para favorecer al comercio tradicional. Nos parece que estamos hablando de una cuestión de voluntad política. Yo creo que, precisamente, la experiencia que ha habido en otras Comunidades Autónomas con los recursos de Inconstitucionalidad nos tienen que servir para que aquí se mejore el contenido de esa imposición y, en consecuencia, se eluda el problema de la Inconstitucionalidad. Es decir, no tiene por qué ser eso una rémora, sino, al contrario: debería servir para que en Castilla y León, que el sector del comercio tradicional tiene un peso específico muy importante, tenga ese tipo de apoyos y se tenga como referencia lo que ha habido que corregir en otras Comunidades Autónomas para que se ponga en marcha ese tipo de imposición.

Desde luego, tengo aquí el Recurso de Inconstitucionalidad de Cataluña en el cual, la base fundamental del Recurso de Inconstitucionalidad se basa en que se pretende gravar una materia que es competencia de las Corporaciones Locales, consecuencia: sálvese esa situación y grávese algo que no sea competencia de las Corporaciones Locales. No nos sirve, como se está planteando por parte de la Consejería, en el sentido de que se haga una imposición a la apertura de los establecimientos comerciales.

Primero, entendemos que esa apertura va a ser mínima, quiero decir, cuando quieran sacarse por ley esas medidas que se anuncian, estarán concedidas las licencias, o las posibles licencias de la mayoría de los establecimientos que van a tener cabida con la reforma del planteamiento general de equipamientos comerciales y, en consecuencia, esa medida, esa tasa o esa imposición a la apertura va a tener una repercusión mínima.

En consecuencia, no queremos que se ponga en marcha una medida que quede sólo para la galería y que no tenga ninguna repercusión efectiva en el sector comercial. Nosotros queremos una imposición, un gravamen que afecte a la actividad permanente de las grandes superficies, que sería la única forma de que, anualmente se pudiera recaudar una cantidad de dinero que luego, al final, pudiera tener ese sentido de reequilibrar el sector del comercio.

Desde luego, nos parece que el sector comercial en Castilla y León tiene el suficiente peso como para que se tomen medidas que hasta el momento no se han tomado; desde luego, no existe una política de comercio en la Junta de Castilla y León; y es más, yo creo que estos días hemos oído a Ex Ministros del Gobierno del Partido Popular que están al frente de las grandes superficies, como es el Ex Ministro Arias Salgado, diciendo lo que no hay que hacer en relación con las grandes superficies. Aquí la pregunta que tienen que hacerse ustedes es si están más dispuestos a escuchar al señor Arias Salgado, o si están más dispuestos a escuchar al pequeño comercio, al comercio tradicional de Castilla y León que, en definitiva, es a quien va dirigida esta iniciativa que presenta el Grupo Socialista. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Vamos a proceder a someter a votación la Proposición No de Ley que acaba de ser debatida. ¿Votos...? Sí, dígame.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Señor Presidente, había pedido que se votaran los dos puntos por separado; y había pedido que, en el segundo punto se incluyera, se modificara las 500.000 por 300.000 pesetas. Yo no sé si eso es posible. Sí, lo habíamos hablado entre todos los Grupos y estaban todos los Grupos de acuerdo aunque no se haya materializado por escrito.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Pero si hay alguna enmienda transaccional tiene que ser presentada ante la Mesa firmada por todos. Si no... Entonces, votación por separado... ¿No hay votación separada? Se somete a votación en su conjunto la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y seis. Votos a favor: veintiocho. Votos en contra: cuarenta y cinco. Y tres abstenciones. Queda rechazada.

Pasamos al punto... o recuperamos el orden del Pleno con el punto décimo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Punto décimo: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Antonio Losa Torres, relativa a actuaciones de la Junta en el proceso de elaboración de la regulación relativa a exposición de los ciudadanos a emisiones radioeléctricas procedentes de sistemas radiantes".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, señor Secretario. Para la presentación de la Proposición tiene la palabra don Antonio Losa.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. El desarrollo de la telefonía móvil y de sus infraestructuras de comunicación ha salpicado el medio urbano, el medio rural, y está salpicado de una serie de infraestructuras que van anejas a todo lo que es la telefonía móvil y que, fundamentalmente, se traduce en las estaciones base y en sus antenas.

Las previsiones para un futuro inmediato prevén nuevas generaciones de teléfonos móviles, con nuevos servicios, con nuevas prestaciones, que requerirán la utilización de tecnologías mucho más sofisticadas y, por supuesto, de mayor potencia.

Esto está provocando una contaminación electromagnética que afecta a las personas y que está suponiendo una gran preocupación social en toda la ciudadanía. Preocupación que ha tenido respuesta en el ámbito municipal ante el vacío que tenemos en este momento en todo el Estado español. Y esta preocupación ha tenido que reflejarse en el ámbito más cercano al ciudadano, que es el municipio, que son los Ayuntamientos; y han tenido que ser éstos los que hayan tenido que afrontar, en primer lugar, la respuesta ciudadana y sus preocupaciones. Y estos Ayuntamientos, muchos, se han lanzado ha promulgar ordenanzas requeridos por el impulso de la ciudadanía.

Estas ordenanzas, unas han sido más afortunadas, otras menos, otras han quedado en suspenso como las del Ayuntamiento de León, porque no hay una directriz básica y, desde luego, no hay una respuesta de las autoridades de este país, ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico, ni a ningún otro nivel. Han tenido que ser los Ayuntamientos, con sus propios medios, con una voluntad tremenda la que ha tenido, o la que ha querido tratar de paliar esta preocupación y estos problemas.

Una vez más, una vez más, el Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Comunidad Autónoma, van muy por detrás de lo que la ciudad, lo que de los ciudadanos les requieren.

La Comisión Europea, hace ya más de dos años, hace tres años, que era consciente ya de esta preocupación, trató de regular, de alguna manera, este problema ante la existencia de diferentes normativas en los Estados, y ante el vacío existente -como era el caso de España- de alguna legislación que dirigiera estas instalaciones. Y acordó proponer un marco de protección común contra la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos, que se materializó en una Recomendación del Consejo. Una Recomendación -que no es una Directiva-, una Recomendación que está basada, fundamentalmente, en los efectos nocivos demostrados que son los efectos térmicos. Pero ante la... ante el desconocimiento de la no perniciosidad, de la no inocuidad, de otros efectos no térmicos, la Comisión Europea no se pronuncia en relación con estos efectos no térmicos, ante el desconocimiento real del alcance a la salud de estas contaminaciones. Y por eso se queda en lo mínimo, desde el punto de vista del efecto térmico, pero afronta estudios que permitan garantizar, en cualquier caso, la salud de los ciudadanos y, por lo tanto, no está estableciendo una distancia mínima ni una emisión mínima hacia los ciudadanos en función de los efectos no conocidos.

El Principio de Precaución de Río establece, como una medida cautelar, de que cuando no está demostrado la no perniciosidad de un elemento contaminante, de un elemento nocivo para la salud, hay que establecer un principio de precaución, que es el que se tiene que establecer en cualquier caso.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, en noviembre del dos mil, una Proposición No de Ley donde se le insta al Gobierno de la Nación para que elabore una normativa básica que sea la que irradie a todo el Estado Español como distancias mínimas.

Este Decreto fue sometido a información pública a principios de año y ha tenido una gran contestación social porque se ha ceñido básicamente a la Recomendación de la Unión Europea en lo que a los efectos térmicos se refiere y no al resto que establece que se deben estudiar y que debe existir un nivel de preocupación.

Es por ello que, ante la obligación que tiene el Estado, el Gobierno de la Nación, de consultar a las Comunidades Autónomas -como bien se recoge en el texto de la Proposición No de Ley aprobada-, que el Gobierno tiene que someter al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y los agentes sociales es por lo que nosotros instamos al Gobierno de Castilla y León para que, en conversaciones, le exija al Gobierno de la Nación que se establezcan unos límites de exposición a las emisiones radioeléctricas que superen, en gran medida, lo que está establecido por la Recomendación Europea (que lo establece como niveles mínimos) y que, para evitar la proliferación incontrolada de estaciones de telefonía móvil que provocan un impacto medioambiental y urbanístico negativos, se exija a los operadores de telefonía móvil la utilización compartida de las citadas instalaciones.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para un turno en contra, tiene la palabra don Juan Castaño, por parte del Grupo Popular.

EL SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Flaco favor le haríamos a la sociedad en general si tomáramos en consideración esta Proposición No de Ley que nos presenta hoy el Grupo Socialista. Y este flaco y pobre favor está basado en dos motivos fundamentales: primero, porque la Junta tiene preparado un Decreto, un borrador de Decreto muchísimo más amplio que lo que se solicita en esta Proposición No de Ley; y, segundo, y más fundamental, Señorías, porque si aprobamos esta Proposición en sus justos términos, lo único que conseguiríamos es alarmar a la sociedad al decir, como ha dicho aquí el Proponente, que los valores límites por los que se rige la Unión Europea en base a los informes de la OMS y a múltiples informes de científicos independientes, están desfasados y no son adecuados para la protección de la salud.

Y conviene que hagamos un poco de historia, Señorías. Desde el año noventa y cuatro, noventa y seis, y acaba en el noventa y nueve, la Unión Europea, en base a esos informes científicos, solicita de los Estados miembros, en la Recomendación 519 de mil novecientos noventa y nueve, unas condiciones mínimas de seguridad, que son las que los Estados miembros están trasponiendo. Pero no sólo le dice que exige esas condiciones mínimas, sino también solicita de los Estados miembros que sigan investigando por si en el futuro se pudiera demostrar que fueran nocivas para la salud las emisiones de los campos electromagnéticos.

Es decir, seguir cumpliendo las condiciones mínimas, seguir investigando, y si el día de mañana hubiera una certeza, en base a informes rigurosos -que el señor Proponente no ha presentado ninguno, por cierto, no ha presentado ninguno-, en base a esos informes, se modificarían las normas de seguridad.

¿Y qué ha hecho el Gobierno español? El Gobierno español lo que ha hecho es trasponer la recomendación de la Unión Europea, y lo que hizo fue la Orden Ministerial de marzo del dos mil. ¿Y qué ha hecho la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Pues, mire, Señoría, como le he dicho antes, la Comunidad Autónoma no sólo ha participado en el Decreto que va a reglamentar la Ley de Telecomunicaciones, sino que, al mismo tiempo, tiene preparado -como le decía- un Decreto con un calendario (que yo creo que Su Señoría ya conoce pero no lo ha querido exponer), que el día veintiuno de mayo se reúne la última Ponencia técnica, que se dará... se enviarán a la Federación de Municipios y Provincias -porque es competente en el tema-, se enviará a los consumidores y usuarios -que también lo son-, el treinta y uno de mayo se reúne la última ponencia técnica, que se darán la... se enviarán a la Federación de Municipios y Provincias porque es competente en el tema, se enviará a los consumidores y usuarios, que también lo son; el treinta y uno de mayo se reunirá la Comisión Regional de Actividades; y en la primera de junio saldrá a dictamen del Consejo de Estado, como es preceptivo.

Y, Señorías, en este Decreto no sólo se habla de que se compartan las antenas, sino que se dice que, efectivamente, se cumplirán las condiciones mínimas de seguridad. Se establece que la instalación de antenas es una actividad clasificada; que, por lo tanto, necesitará licencia urbanística y, en su caso, autorización de suelo rústico; que necesitará licencia de actividad y de apertura; que, con objeto de minimizar el posible efecto sobre la salud de la población, garantizando los niveles más bajos de exposición, se deberán cumplir los niveles de referencia y las distancias mínimas fijadas en el Anexo I, que son las que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, por si alguno no lo sabe. Las infraestructuras de radiocomunicación habrán de utilizar aquella tecnología existente en el mercado que comporte el menor impacto paisajístico. Los distintos operadores estarán obligados a compartir las infraestructuras siempre que sea técnicamente viable. Para la elección del proyecto se deberán presentar varios, y se elegirá aquel que minimice el impacto paisajístico.

En las instalaciones existentes, Señorías, el Decreto dice clarísimamente que las instalaciones que se encuentren en construcción o funcionamiento deberán presentar en los correspondientes Servicios Territoriales de Fomento antes de transcurridos seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor, la documentación exigida. Y aquellos que estando ya instalados no cumplieran, tendrán que reubicarse.

Señorías, yo creo que es un Decreto muy amplio. Es un Decreto que cumple perfectamente las exigencias que está solicitando la Comunidad. Que se está legislando desde la precaución, que se legisla desde la precaución. En base a los informes, señor Losa, nos hemos encargado, nos hemos interesado en ver en qué tipo de estudios se había basado la Unión Europea para fijar las normas mínimas de seguridad. Señorías, se ha basado en una cantidad de informes... en el Informe Stewart de los científicos independientes ingleses, del Informe Mulder de los científicos independientes franceses, del Informe español del Instituto Ramón y Cajal. Se ha basado en doce o catorce informes, todos de científicos independientes. Y están presentados encima de la mesa, Señoría.

¿Qué informe, que dice usted en su Proposición que están totalmente desfasados, qué informe presenta usted contradictorio? ¿O es que usted se hace caso del rumor de Pepe Cuentalotodo? ¿Es que usted quiere dignificar el rumor y elevarlo a la categoría legal trayendo esta Proposición No de Ley? Eso es alarma social, señor... señor Losa.

Yo creo que, desde la precaución, nuestro Grupo dice sí a cumplir la normativa europea y de la OMS, sí a modificar estas normas cuando haya informes científicos evidentes, sí a seguir investigando; y no a gobernar por radio macuto, por lo que me ha dicho Pepe Cuentalotodo, sino a legislar desde la precaución y cumpliendo las exigencias mínimas que marca la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y distintos organismos competentes en la materia. Muchas gracias, Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para el turno de réplica, tiene la palabra de nuevo el señor Losa.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. Desde luego, no hay nada más atrevido que la ignorancia, y, sobre todo, cuando se trata de pontificar en temas de esta naturaleza, porque cualquier aseveración en este campo demuestra una osadía tremenda, tremenda. Es increíble que haya gente que se pueda arrogar la verdad y que pueda invocar estudios que no son concluyentes en ningún caso.

De decretos usted no me hable. Los decretos aparecen en los Boletines Oficiales, y aquí no hay ningún Boletín Oficial. Lo único que ha habido en esta... en esta Comunidad Autónoma han sido contradicciones, contradicciones evidentes, donde en provincias como en León se estaban haciendo... se estaban incluyendo como actividad clasificada la instalación de infraestructuras de telefonía móvil, y hay informes de los Servicios Territoriales, de la Ponencia de Actividades Clasificadas -hay informes en León-, con informes en contra del Jefe de Sección de Sanidad, donde dice... donde dice expresamente que es nocivo para la salud. No se ría; es el Jefe de Sección de la Sanidad de León, un técnico que ustedes invocan y que usted no puede hacer ese gesto de desprecio porque está despreciando a un funcionario de carrera, que no lo es usted. Por lo tanto, sea... sea prudente, y sea responsable, y tenga respeto. Eso, en primer lugar.

En segundo lugar, le voy a decir que hagan ese decreto de una vez, señores del Gobierno. Publíquenlo ya. Establezcan como actividad clasificada, que todavía no lo es, aunque tengan la Ponencia en funcionamiento. No es actividad clasificada todavía en este momento. Y ha tenido que ser el Procurador del Común el que les ha inducido y obligado moralmente a que lo hagan, porque no lo tenían ni como actividad clasificada.

¿Y llevaban ustedes la razón antes? No; han corregido. Pero no podemos esperar, porque hay que prevenir; porque la prevención es fundamental en cualquier actuación política, y, sobre todo, cuando está en juego la salud de los ciudadanos.

Y me dirijo a ustedes, señores del Gobierno, porque el Portavoz, desde luego, está descalificado de una forma automática por sus palabras. Les voy a decir: el Decreto que en este momento está a información pública del Gobierno de la Nación, que es al que yo me estoy dirigiendo, porque ustedes lo único que van a regular va a ser la... los aspectos medioambientales, el de España establece cuatrocientos cincuenta microvatios por centímetro cuadrado, que son seis metros de distancia, que es lo que dice la Recomendación europea; como mínimo, como mínimo, seis metros. Bélgica, Bélgica establece cien microvatios, nueve metros -escuche, señora Consejera-; Escocia, treinta metros; Suiza, setenta metros; Luxemburgo y Valonia, ochenta y cinco metros; Italia y Salzburgo, trescientos metros. ¿Es que estos señores, estos países, están equivocados? Estos países lo que están es preocupados por la salud de sus ciudadanos, y, en ese sentido, están trabajando.

¿Informes científicos? Muchos. ¿Informes científicos? Muchos. De... desde el Gobierno británico, un informe realizado por doce científicos independientes, en el año dos mil, donde se produce... donde el informe es contundente, y dice que "los efectos iotérmicos son perjudiciales para la salud". Informe del departamento de física de la Universidad de Estados Unidos, que establece que "los valores adoptados en la Recomendación no son adecuados". El Informe de la Universidad de Lovaina, que establece la distancia de seguridad mínima para antenas base en sesenta y cuatro metros. En Nueva Zelanda, en la Audiencia de Frankfort, en la Audiencia de Murcia, que también obliga, que también... en una Sentencia de la Audiencia de Murcia, establece la necesidad de establecer un punto de precaución.

Desde luego, lo que no podemos hacer, señores... señores responsables de la Junta, es obviar tantos informes que hay. Los hay en los dos... en los dos aspectos, hacia un lado y hacia otro, pero no podemos nunca coger el aspecto más restrictivo para los ciudadanos. Hay que... hay que resguardarse, hay que prevenir. Si nosotros hubiésemos estado encima de esa guardería, si hubiésemos hecho inspecciones, si hubiésemos prevenido, si en los incendios trabajáramos más en la prevención, si nosotros trabajáramos más desde el punto de vista preventivo, otro gallo nos cantaría. Porque lo que no se puede hacer es ir como se va siempre: por detrás de donde va la sociedad. Hay que tratar de ir al compás de la sociedad.

Y cuando hace unos años la gente se reía de las contaminaciones por dioxinas, por furanos, hoy es una realidad. Cuando hace unos años la gente era escéptica con relación al cambio climático, hoy es una realidad. Y no se olviden de una cosa: dentro de muy poco tiempo, veremos, desgraciadamente, cómo... cómo las contaminaciones electromagnéticas son nocivas para la salud, son perniciosas para la salud. Y, si no, ¿por qué se establecen medidas de precaución para grupos de riesgo como son los mayores, como son los enfermos y como son los niños? Si no hubiera esas distancias de precaución, es que, entonces, no habría problemas. Pero las hay, porque hay una evidencia científica que ya va apuntando en ese sentido.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para el turno de dúplica, tiene de nuevo la palabra don Juan Castaño.

EL SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, aquí no se descalifica nadie más que aquel que pretende iniciar la carrera para Premio Nobel sin tener base científica ninguna.

"Yo no sería tan osado, Señorías, de afirmar aquí, desde esta tribuna, que no hay evidencias de riesgo, puesto que es la comunidad científica quien debe certificarlo. Pero sí estamos en condiciones de decir que existe consenso científico y suficientes datos para descartar cualquier efecto ionizante, y, por tanto, cualquier modificación de la estructura, derivada de las frecuencias empleadas en los sistemas de comunicación de telefonía móvil y en los sistemas de radiocomunicación en general". Señorías, ¡qué aseveración con más sentido común! Esta aseveración que les he hecho, Señorías, corresponde a las palabras de la señora Portavoz Socialista en el Congreso de los Diputados, señora Muñoz Palma. Con una intervención con mucho sentido común, se aprueba una Propuesta de Resolución, apoyada por el Grupo Socialista, en la que se dice que no hay evidencias de riesgo. Señorías... y esa Propuesta de Resolución de la señora Muñoz Palma se votó por unanimidad en el Congreso, y se recoge que ella no sería tan osada de decir que hay evidencias, sino que corresponde a la Comunidad, y que hay datos para pensar que no.

Pero es que el Portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas dice lo mismo. Pero es que el Portavoz, señor Lago Laje, en el Senado dice lo mismo, que no hay evidencias. Pero en Castilla y León, Señorías, hemos comenzado la carrera hacia el Premio Nobel de la Paz.

Y yo le digo a usted: ¿qué ha ocurrido desde el veintiuno de noviembre, que se aprueba esta Propuesta de Resolución en el Congreso, al día dieciséis de febrero, que la presenta usted? ¿Qué informes hay, si no ha presentado usted ninguno encima de la mesa en el que diga que hay evidencias? ¿Quién ha contrastado esos informes? ¿Quién los ha replicado? ¿En qué foro se han presentado? Porque todos los informes de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea están contrastados y replicados. Y posteriormente a ésos, Señoría, solamente hay tres informes: a finales de diciembre de dos mil, de Journal of the American Medical Association, que presenta, en el que no se aprecia ninguna relación entre el uso de la telefonía móvil y el cáncer de cerebro; el once de enero de dos mil, la revista de New England Journal of Medicine publica también otro estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos; pero es que en el mes de febrero también hay otro. Es decir, las únicas evidencias científicas después del dieciséis de febrero es que no existe evidencia de riesgo controlado.

Pero, claro, aquí -como hemos dicho- es preferible el decir que vamos a gobernar a través de radio macuto. Es preferible el dignificar el rumor: "es que me han dicho que esto da no sé qué", "es que me han dicho que da no sé cual" pero ..... informe contrastado. Y eso es alarmar a la sociedad. ¿Y es que son tan tontos la Unión de Científicos... los científicos de la Unión Europea de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de todos los sitios, que tienen la misma normativa? ¿Es que no saben nada? ¿Es que aquí el único que sabe es usted, descalificando a los demás? ¿Es eso lo que usted pretende? Oiga, eso es generar alarma social.

Y le he dicho bien claro que en la Consejería ya tiene el borrador de Decreto, y le he dicho en qué se basa el borrador del Decreto, y le he dicho lo que contempla el borrador del Decreto. Y lo lógico es que usted hubiera retirado la Proposición No de Ley, pero, erre que erre, sigue usted presentándola.

Y encima habla del Procurador del Común, Señorías, y se convierte en correa de transmisión del Procurador del Común. ¡Dios mío!, flaco favor le hace usted cuando pone en boca del Procurador del Común palabras que él no ha dicho. Él no dice que haya evidencias nocivas. El señor Procurador del Común dice clarísimamente, Señorías, que, "lógicamente -la naturaleza de la Institución del Procurador del Común así lo determina-, nuestro estudio no podía versar sobre la existencia o inexistencia de evidencias científicas sobre los riesgos que para la salud pudieran representar las instalaciones de telefonía". Esto dice el Procurador del Común. No ponga usted en su boca palabras que no ha dicho. Flaco favor le hace usted. No se convierta en correa de transmisión del Procurador del Común, que él no se lo ha solicitado; pero mucho menos poner en su boca noticias falsas que no corresponden.

Por lo tanto, Señorías, a la vista de los informes de la Unión Europea, a la vista, Señorías, de las condiciones mínimas de seguridad establecidas por la legislación básica, a la vista de las condiciones mínimas que aplica el Decreto de borrador de la Junta, nosotros le seguimos diciendo que vamos a gobernar desde la precaución, que vamos a legislar desde la precaución, y si en el mismo momento que hubiera evidencias y hubiera que modificar las normas de seguridad, tenga usted la garantía absoluta de que se modificarían y no daríamos lugar a generar ningún problema.

Por lo tanto, vamos a apoyar a la Comisión Científica, a los científicos que sigan investigando, vamos a darle nuestro apoyo, y vamos a decirle a la Junta de Castilla y León que ha cumplido perfectamente su obligación, y en este momento podemos decir que verá la luz el Decreto de borrador de los primeros que pueda ver en España. Muchas gracias, Señorías.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, señor Castaño. Para ocupar el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, don José Francisco... José María Rodríguez de Francisco.

EL SEÑOR RODRÍGUEZ DE FRANCISCO:

Con la venia, señor Presidente. Desde la humildad de un Concejal de Medio Ambiente de una ciudad como León, quería hacer unas consideraciones al respecto de la telefonía móvil, porque es algo vivido, es algo que todos los días nos afecta, que nos preocupa, que nos llena el Salón de Plenos de gente protestando, de gente inducida políticamente para que vaya a protestar, pero con una enorme sensibilidad.

Me reconocerán ambos -el autor y el contradictor- que hay dos factores causantes de este problema, si es que existe el problema, que luego intentaremos aquilatarlo de modo científico: el ultraliberalismo de un partido en el Gobierno que declara de interés general la telefonía móvil y no la normatiza en absoluto, lo cual produce el efecto inmediato de que las operadoras de telefonía, en base a contratos con las comunidades de vecinos, colocan docenas y docenas de antenas de telefonía móvil, antes incluso de plantearse uno ni siquiera la duda científica, en los tejados de las ciudades.

Yo le puedo decir que en mi ciudad, concretamente, hay ya instaladas, aproximadamente, unas cincuenta y están en proyección otras cincuenta, sin ningún tipo de cortapisa y sin que ninguna Administración, ni la del Estado, ni ustedes -que yo le pediría que no hicieran nada al respecto, porque van a llegar tarde-, ni la Administración Municipal, porque cuando intentamos hacer una ordenanza resulta que, por la fuerza política que hoy es autora de la Interpelación, se nos impide hacer la ordenanza y, políticamente, se nos boicotea. Y la ordenanza lo que hacía era intentar recoger lo único que tiene claro la comunidad científica al respecto.

¿Y qué es lo único que tiene claro? La duda. Hay un bloque de científicos -y yo no voy a decir nada en inglés- que dice que hay unos efectos térmicos y otros efectos ionizantes, que los efectos térmicos se producen a seis metros, a cuatro, a tres -hasta en eso hay dudas-. Hay otros que hablan de los efectos ionizantes, incluso comparan temporalizaciones del uso del móvil con la exposición... En fin, hay dos bloques científicos. Y para eso no hace falta traer aquí revistas ni nada; penetre usted en Internet, que estamos en la era de la comunicación. Y hay duda.

¡Hombre!, quien no tenga duda al respecto y quien quiera... quien diga que es absolutamente pernicioso, yo creo que no está diciendo la verdad, porque no determina exactamente qué tipo de perjuicio le puede causar a la salud. Ahora, también quien diga -como ha dicho usted- que no hay evidencias, me parece que está siendo políticamente irresponsable a la hora de ejercer la responsabilidad que compete a quien debe organizar la sociedad y resolver sus problemas. Porque cuando se evidenció la colza, ya había miles de personas afectadas. Espero... y perdone el ejemplo, ¿eh?; esto no es alarma social; la alarma social la padecemos nosotros en cada Pleno, porque se nos lleva gente alarmada no por los efectos reales -que no se han evidenciado- de las antenas y de las emisiones de las antenas, sino por políticos irresponsables que les mandan ir a los Plenos para darles la vara a los que gobernamos e intentamos hacerlo decentemente.

Y, exactamente, se está creando alarmismo; pues sí, se está llevando más allá... Mi evidencia, yo me sitúo en la duda, Señoría, y yo creo que todos ustedes le harían un verdadero favor a la sociedad dejándose ya de "ustedes tienen toda la razón, o ustedes tienen toda la razón". No, hombre, dejen a la comunidad científica que tenga dudas. No saque usted aquí revistas en inglés, ni unos aludan a la Conferencia de Salzburgo, que va más allá de lo que también es normal y es respetable, ni aludan otros a lo que ha leído -que no tengo ni idea de lo que usted ha leído en inglés-, pero que... Mire usted, lo que tengo claro es que hay duda, y lo que le pido es que... ¿Sabe usted qué hemos tenido que hacer en León al final? Hemos tenido que autodefendernos. ¿Sabe cómo? Desde luego, sin ninguna ayuda de la Junta de Castilla y León: haciendo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que... suspender licencias de cara al futuro. Segundo, oficiar a Iberdrola para que no suministre energía eléctrica a aquellas que carecen de electricidad. Y tercero, ¿a alguien le consta aquí si el problema está en lo que reciben los ciudadanos o en lo que emiten las antenas? ¿Qué medios técnicos ponen ustedes, o el Estado, o los Ayuntamientos para saber los niveles de emisión? Eso es lo que hay que comprobar y lo que hay que limitar.

Por lo tanto, nosotros, situándonos en la duda, evidentemente, nos vamos a abstener. Pero ¿sabe por qué sobre todo? Porque estamos instalados en la realidad, y porque no venimos a un hemiciclo a decir tonterías de un signo, ni tonterías del otro, porque la duda y la simple duda, señor contradictor de la Propuesta, la simple duda le debería a usted llevar a la responsabilidad de haber hecho algo ya antes, no decir que se va a hacer. Eso no sirve para nada. Somos los Ayuntamientos los que al final tenemos que afrontar los problemas, sí, ante la irresponsabilidad del Gobierno Central ultraliberal que declara de interés general la telefonía móvil. Y usted... yo le pido que no haga nada de lo que ha dicho, porque va a estorbar; todo lo que usted haga va a estorbar el sistema que ya los Ayuntamientos están implantando, ¿para qué? Para una cosa que sí está bien de esta Propuesta, y es juntarlas todas, intentar ordenar en las ciudades y en todos los lugares que se pueda que se pongan de acuerdo y emitan desde las mismas. Porque en ese ultraliberalismo de su Gobierno, ¿sabe lo que ocurre? Que se ponen más de las necesarias y los efectos se multiplican; con lo cual la duda yo ya empiezo a no tenerla, empiezo a pensar que es real el peligro para la salud pública, precisamente por el ultraliberalismo, cuando no por el interés más puñeteramente pecuniario del Gobierno de este país.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para cerrar el debate, por parte del Grupo Proponente, tiene la palabra don Antonio Losa.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. En primer lugar, señor De Francisco, la contestación social no está en los plenos, la contestación social está en la calle. No hay inducción, no hay inducción a que en los medios de comunicación se estén haciendo eco permanentemente de los problemas que le transmite la ciudadanía. Y ahí no hay inducción política de ninguna naturaleza. Yo, por lo menos, ni mi Grupo tenemos influencia en los medios de comunicación de esta Comunidad Autónoma, de León o de España, para que esto esté saliendo permanentemente en los medios de comunicación.

Por lo tanto, rechazo la inducción que usted pretendía en algún Grupo Político de si asisten a los Plenos o no, porque eso es una mínima representación -como usted bien sabe-, porque la respuesta está en la calle. La respuesta está en gente tan prestigiosa como una gran etnógrafa que tenemos en León -que usted lo sabe muy bien-, y que usted la ha recibido permanentemente, una mujer muy ilustre, que tiene la cabeza en su sitio, y que, realmente, tiene problemas de conciliar el sueño como consecuencia de que la han instalado una antena a diez metros de su casa. Y eso está provocando problemas en muchos ciudadanos, y eso está haciendo que la comunidad científica, no sólo Universidades, no sólo Universidades, está... la Organización Mundial de la Salud inició en el año noventa y seis un proyecto, denominado CEM, destinado a estudiar los efectos sobre los seres humanos de los campos electromagnéticos. Está... la Unión Europea ha iniciado un proyecto en el que intervienen investigadores y hospitales de nueve países europeos, porque no hay unanimidad, porque hay inquietud, porque hay preocupación.

El Ministerio de Sanidad británico creó un grupo de expertos independientes en telefonía móvil formado por médicos, biólogos, ingenieros, en mayo del dos mil, y que está investigando en este momento la problemática general.

La Conferencia de Salzburgo -sí- establece trescientos metros como mínimo, y así lo están haciendo. Y en Salzburgo se oye el teléfono perfectamente y todas las infraestructuras de telefonía móvil están a trescientos metros.

Por lo tanto, no vengan ustedes aquí a decir que esto atenta contra las infraestructuras, y contra el avance y contra el progreso. Seamos... seamos exigentes en materia de salud. Pasémonos por exceso en la prevención. Tenemos que ser valientes; no pasa nada, porque los países más avanzados están tomando esas medidas.

Y lo que no podemos ser es sumisos. Nunca debemos ser sumisos. Este Gobierno tiene que ser más exigente, este Gobierno tiene que esmerarse porque a sus ciudadanos se les garantice la salud en cualquier caso. Ojalá, ojalá que aquí se establecieran, en Castilla y León, unos límites, que nosotros haremos las propuestas oportunas en este Parlamento, para que las distancias se superen en gran medida con lo que establece la recomendación europea, que es una recomendación -insisto-, y que solamente contempla los efectos térmicos, y con lo que va a establecer, desgraciadamente, el Gobierno de la Nación, y que -por lo que vemos- ustedes están muy contentos.

En relación solamente con el Procurador del Común -que el Portavoz Popular hacía mención-, ni correa de transmisión... Usted no sabe lo que es una correa de transmisión. Eso se utilizaba antes para hablar de la conexión de determinados grupos con otros. Nosotros... ni el Procurador del Común es correa de transmisión de nadie, porque usted estaría haciendo una acusación muy grave, ni nosotros del Procurador del Común. Nosotros lo que hemos hecho referencia es a las resoluciones que ha expuesto el Procurador del Común, que, entre otros casos, en un lugar habla que "insta al Gobierno para que por parte de la Comisión Regional de Actividades Clasificadas se proceda a la inclusión de... a la inclusión de esta actividad en el Reglamento de Actividades Clasificadas, mediante la emisión de una circular o instrucción que considere como actividad no exenta el establecimiento de bases de redes de telefonía móvil, y que, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley, que se proceda mediante Decreto a declarar explícitamente el establecimiento de bases de redes de telefonía móvil", que es lo que van a hacer ustedes. Y esto lo decía el dos de febrero del dos mil uno. Van ustedes con mucho retraso. Y ésas son las respuestas de los ciudadanos ante esto.

Pero también, también, el Procurador del Común hace referencia que se... "por parte del Ministerio de Fomento se exija a las operadoras de telefonía móvil la utilización compartida de las estaciones bases de redes de telefonía móvil". Es decir, nosotros utilizamos al Procurador del Común en lo que recomienda y en lo que él entiende que es bueno.

Y nosotros, lo que volvemos a instar a este Parlamento es para que... para que presione, para que se presente ante el Gobierno de la Nación, para que exija que los niveles mínimos sean mucho más amplios. Pero, desde luego, si al final sale el Decreto tal y como está publicitado en este momento y en el periodo de información pública, que no les quepa ninguna duda que este Grupo Parlamentario presentará aquí una iniciativa oportuna, porque, en cualquier caso, lo que establezca el decreto del Gobierno de la Nación serán las condiciones mínimas, nunca máximas; no iba a ser tan osado ni tener tanta despreocupación por sus ciudadanos, porque nosotros sí que la tenemos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley defendida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. Veinticinco a favor, cuarenta y tres en contra, y tres abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada.

Y ruego al Secretario enuncie el siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Undécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, PNL 504, presentada por el Procurador don Antonio Herreros Herreros, instando el rechazo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y de la Ley Orgánica Complementaria por considerarlas invasión de la competencia autonómica en materia presupuestaria".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Don Antonio Herreros tiene la palabra.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Recientemente se ha aprobado, a propuesta del Gobierno del Nación, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el Proyecto de Ley Orgánica Complementaria a la misma, que inciden, a nuestro juicio, directamente en las competencias de materia económica y financiera que tienen las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

Estos Proyectos, a nuestro juicio, significan una involución, y una involución de lo que es el concepto general del Estado de las Autonomías. Es decir, si hasta ahora hemos tenido que ir convenciendo para conseguir el que hubiese una concepción política autonómica en algunos lugares con resistencias manifiestas, si después hemos tenido que ir planteando reformas de Estatutos de Autonomía para consolidar precisamente esa autonomía comunitaria, ahora nos encontramos ya con antecedentes también, con planteamientos que día a día van socavando esta autonomía, tanto de las Corporaciones Locales como de las Comunidades Autónomas, con lo cual da la impresión que hay un criterio, a nuestro juicio, regresivo sobre el particular.

En el contexto constitucional del Estado de las Autonomías, los objetivos de esta política presupuestaria deben hacerse de una forma compartida; es decir: si se entiende que en un momento determinado, por cuestiones de ciclo económico, hay que tomar algún tipo de decisión, lo lógico es que en ningún caso sea una decisión unilateral, sino que sea una decisión compartida con, lógicamente, los afectados, y en este caso con las Comunidades Autónomas.

No es fácil de entender que todo el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, e incluso de las Corporaciones Locales, se haga en un proceso de negociación -mejor o peor, ya lo hemos visto a lo largo de la mañana en el análisis sobre las mociones de financiación autonómica-, y, sin embargo, nos encontremos con que por otro camino y sin consultar, o sin tener en consideración a esas mismas partes que concurren en la elaboración de la política financiera y presupuestaria de las Comunidades y de las Corporaciones Locales, pues vaya socavándose.

Y es por esto que planteamos una Propuesta de Resolución instando a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de la Nación y le haga saber, como ya se ha planteado en alguna otra Comunidad Autónoma con resolución mayoritaria, el rechazo de estas leyes -Ley General de Estabilidad Presupuestaria y Ley Orgánica Complementaria de la misma- por considerarlas -como decía anteriormente- una invasión de la competencia autonómica en materia de presupuestos. La necesidad de que, con carácter previo a cualquiera de estos proyectos, se definan de forma negociada los sistemas, tanto de financiación autonómica como de las Corporaciones Locales, y que, lógicamente, cualquier tipo de regulación posterior respete los principios de coordinación, cooperación y mutuo acuerdo entre los distintos poderes territoriales que configuran los términos establecidos en la Constitución.

Es evidente que el principio de autonomía política, directamente relacionado con la garantía de suficiencia financiera, hoy, a nuestro juicio, está más amenazado que nunca, y ante estas posiciones de naturaleza regresiva debe plantearse, por nuestra parte, una instancia abierta en defensa de los intereses de la Comunidad en general, de las Corporaciones Locales y, lógicamente, del Estado de las Autonomías. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. ¿Algún Grupo desea...? Perdón, hay un Grupo Enmendante, el Grupo Socialista. Para defender su Enmienda, señor Granado tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Sí, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Con la mayor brevedad para defender la Enmienda y, al mismo tiempo, casi consumir el turno de Portavoces de este Grupo, porque nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la Proposición realizada por el señor Herreros, y nuestra Enmienda es una Enmienda de puro matiz.

Nosotros entendemos que en el punto primero de la Propuesta no solamente hay una invasión de la competencia de las Comunidades Autónomas, sino también de la competencia de los Ayuntamientos. Y en segundo lugar, entendemos que las discrepancias en materia de política económica y presupuestaria que puedan existir entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas deben resolverse, tal como es costumbre en los sistemas federales, en el Senado como Cámara Territorial.

Hacer algunas manifestaciones sobre el contenido de este... de este Proyecto de Ley que fue presentado... tuvo entrada en el Congreso de los Diputados el día veintisiete de febrero, y que ha sido ya... tiene este proyecto ya acumulado un récord, y es el que ha tenido más prórrogas de enmiendas de las formuladas en los últimos diez años en la Cámara. Ha tenido más prórrogas de enmiendas que el Código Penal. Y ha tenido más prórrogas de enmiendas que el Código Penal no a petición de la Oposición, sino a petición del propio Grupo Popular.

Y esto es así porque el Proyecto es un Proyecto tan disparatado que mete al Gobierno y a las Comunidades Autónomas en tal callejones sin salida... en tal número de callejones sin salida, que ha sido necesario buscar en las prórrogas del plazo de presentación de enmiendas algunos plazos para intentar redactarlo de manera técnicamente congruente.

Porque lo que viene a decir el Proyecto son, fundamentalmente, tres cosas: todas las Administraciones Públicas tienen que aprobar sus presupuestos en equilibrio presupuestario o con superávit, todos y cada uno de los años. Si no lo hacen, tendrán que aprobar un plan de corrección de ese tipo de déficit presupuestario. Y entonces, una vez aprueben el plan, tendrán que recibir una supervisión del Gobierno a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un órgano en el que el Gobierno tiene mayoría. Y si el Consejo no les visa su plan, entonces tienen que redactar un nuevo plan; y si el nuevo plan que redactan le sigue sin gustar al Gobierno, pues tienen que redactar otro, y otro, y otro, y otro. Pero como el Gobierno no tiene competencia sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas, ni de los Ayuntamientos, en el supuesto de que los... las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos se empeñen en seguir aprobando planes que no le gustan al Gobierno, el Gobierno lo único que puede hacer es exigirles la presentación de un nuevo plan, pero no puede hacer nada más: no puede hacer absolutamente nada más. Y claro, al final, nos encontramos ante un Proyecto de Ley que escenifica un disparate, y es que no hay una fórmula de resolución de conflictos.

Primera cuestión, por lo tanto: el Proyecto de Ley es un Proyecto de Ley bastante inútil; bastante inútil porque, en el supuesto de que no sea aceptado por las partes, no se va a poder cumplir en sus determinaciones.

En segundo lugar, es un Proyecto de Ley pernicioso. Es un Proyecto de Ley pernicioso, porque la estabilidad presupuestaria no se puede medir ejercicio a ejercicio. Y voy a ponerles a ustedes un ejemplo que van, sin duda, a entender muy bien.

Es posible que este septenato sea el último en el que esta Comunidad Autónoma recibe fondos europeos. Como saben ustedes, los fondos europeos tienen dificultades de gestión... como Región Objetivo número 1 me refiero. Los fondos europeos tienen dificultades de gestión. Pues es posible que la gestión se dilate y se acumule en los dos últimos años del septenato, del septenio. Bueno, pues tendría una lógica y una congruencia que esos dos años la Comunidad Autónoma de Castilla y León pudiera aprobar sus presupuestos en déficit, porque tuviera que cofinanciar muchos fondos europeos, y al cabo de dos años, sin embargo, le fuera exigible el superávit. Pues no, el Proyecto sigue un ritmo pitagórico: en todos los casos no puede haber déficit; lo cual no tiene ningún sentido en términos de política económica.

Tiene sentido que nos planteemos la estabilidad presupuestaria en plazos de cinco, de seis, de ocho, de diez años, pero ejercicio a ejercicio es un puro disparate. Hasta tal punto que esta semana se ha conocido que alguno de los países que forman parte de la Unión Europea, y no precisamente de los países más pequeños -concretamente Italia y Alemania- han hecho un planteamiento muy razonable: si disminuyen las perspectivas de crecimiento hay que modificar las perspectivas de estabilidad, las determinaciones monetarias, fiscales, presupuestarias que conforman la política de estabilidad de la Unión Europea.

Esto, con este Proyecto, sería imposible, imposible, porque la estabilidad se refiere a un número, a una cifra, no se refiere a una política, sino a una cifra: tiene que ser cero, no puede ser menos uno este año y más dos el siguiente; tiene que ser cero. Pero además de pernicioso y además de disparatado por imposible, éste es un Proyecto que va en contra de las competencias de las Comunidades Autónomas.

Y termino haciendo una cita de nuestro Estatuto de Autonomía, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Nuestro Estatuto de Autonomía es el único, de los diecisiete de las Comunidades Autónomas de España que tiene una norma de estabilidad presupuestaria; es el único. Nuestro Estatuto, en el Artículo 50, de Presupuestos, dice literalmente: "Los Presupuestos de la Comunidad se presentarán equilibrados...". No quiere decir eso que las Cortes tengan que aprobarlos equilibrados; esto lo dice la Ley del Gobierno, esto lo dice la Ley. Pero si el Estatuto dice esto es porque es en el Estatuto donde esto debe decirse; es decir, ésta es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, y como es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, únicamente en el Estatuto de Autonomía se puede establecer una limitación a las competencias de la Comunidad. Si se dice en el Estatuto es porque si se dijera en otra parte sería nulo.

Pues bien, Señorías, todo el Proyecto de Ley lo que hace es decir cosas como las que dice el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Pero es que no puede decirlo, porque el Proyecto de Ley no puede reformar los Estatutos de Autonomía de ninguna Comunidad Autónoma. Y, por tanto, como la norma es disparatada, como la norma es económicamente perniciosa, y como además la norma va en contra de las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, haríamos un servicio a este país, si, en congruencia con esas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, le enmendáramos nosotros la plana al Gobierno y pidiéramos su retirada. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para pronunciarse sobre esta Enmienda, señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Bueno, pues en relación con las enmiendas que se plantean por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en principio no tendríamos ningún tipo de inconveniente en asumir las dos. Me voy a referir a la segunda: la necesidad de configuración del Senado como una auténtica Cámara Territorial que pueda jugar un papel arbitral en las discrepancias sobre política económica y presupuestaria entre las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado. Yo quiero llegar a entender que en términos generales y no precisamente para aplicación de la futura ley, porque es casi dar por sentado que va a ser tramitada y que va a ser aprobada en estos términos, lo que induciría en cierto modo a un grave error.

Es absolutamente conveniente, necesario, pues, que haya una entidad o una institución reguladora de ese tipo de conflictos, y creo que nuestra concepción también está precisamente en la acepción del Senado como Cámara Territorial, y ahí es donde debería resolverse. Por tanto, ésta la asumimos.

La de Sustitución, pues, podíamos llegar a un acuerdo, porque, en la práctica, lo que ustedes añaden es simplemente que se comprenda también que eso actúa sobre las Corporaciones Locales, y no cabe la menor duda porque, precisamente, hasta incluso en la Exposición de Motivos nosotros, en el primer párrafo, hacemos alusión, diciendo que este Proyecto de Ley incide directamente tanto en las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de Presupuestos como en las Haciendas de las Corporaciones Locales, lo que viene a ser un olvido, un lapsus, que no tiene lógica haberlo hecho en la parte propositiva y, sin embargo, en la parte dispositiva no contemplarla.

No sé si el que no respete las competencias exclusivas, o que invaden, de hecho, las competencias exclusivas pueden ser términos en que podemos llegar a ponernos de acuerdo. Lo que no es menos cierto es que, abundando precisamente en estos planteamientos, a nosotros nos preocupa; nos preocupa por la concepción que tiene de las cosas, porque si dan este paso y se atreven a llevarlo adelante, preparémonos para cualquier otros que puedan venir concatenados y que, lógicamente, entenderíamos en una tendencia abierta a congelar lo que es o lo que son los planteamientos autonómicos.

Pero, por otra parte, hay un hecho absolutamente evidente: estas leyes no responden a la realidad. La mayoría de la ciudadanía, por no decir todo el mundo, entiende que quiere tener cubiertas sus necesidades y, lógicamente, con presupuestos racionales. Es muy probable que en unos casos se planteen en unos términos, en otros se planteen en diferentes; lo que no cabe la menor duda es que aplicar como ley, que ése es el gran problema, como ley un objetivo de déficit cero ya, a partir del momento y sine die, nos parece que es intentar interpretar la legislación al aire de lo que está aconteciendo en estos momentos, que estamos en unos momentos de crecimiento, mientras que pueden ocurrir, lógicamente, momentos en que se produzca un decrecimiento, y entonces veremos a ver de dónde se sacan los recursos.

Y es fácil entender que cuando se hace esta constricción, ya van encaminados la obtención de recursos adonde quieren ir casi siempre. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se entregaron esas competencias a la Unión Europea... nosotros estábamos en desacuerdo, pero todo aquello que hacía referencia a la posibilidad de variación económica monetaria, pues, se convino en que había que hacerlo en un marco europeo. Una vez que eso ya no es de uso para los Estados componentes, y menos para las Comunidades Autónomas, lo que no cabe la menor duda es que va a ir directamente a restringir el gasto social, y eso no podemos entender que se pueda plantear en esos términos, porque estaríamos prácticamente condenados a no cubrir esas necesidades. Pero, por otra parte, se ha puesto de manifiesto en el Estatuto de Autónoma, y se ha de poner de manifiesto también en que puede ser perfectamente anticonstitucional este Proyecto de Ley. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para el turno de réplica, señor Granado, tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Sí, señor Presidente. No hay réplica. Nos allanamos a la presentación de la Moción con el texto que disponga el señor Herreros, no hay problema. Simplemente quería explicarle cuál era el sentido de nuestra Enmienda en lo referente al Senado.

Si es que el problema de este Proyecto de Ley es que, como éste es un país que es federal, pero federal vergonzante, le faltan las instituciones cierre de los claves que cierran la distribución del sistema en los estados federales. Entonces, cuando en un Estado federal hay problemas entre los territorios y el Estado, pues se acude a la Cámara Territorial para que ahí se resuelvan. Como aquí no se quiere dar esa función al Senado, pues se hace un Proyecto de Ley que lo que viene a decir es que si el Estado y una Comunidad Autónoma no se entienden en materia de política económica, el Estado le pide a la Comunidad un plan. Y si el plan no le gusta, le pide otro; y, si no, otro, y otro, y otro y otro. Porque no hay una institución en donde se diriman este tipo de controversias.

Y el problema del Proyecto de Ley es que para solucionar un grave problema de articulación territorial de este país, que es el problema de que el Senado no funciona, pues al Partido Popular no se le ha ocurrido otra cosa que presentarnos este texto, que es un texto preconstitucional. El texto no habla del Senado; pero no habla ni del Senado, ni del Tribunal de Cuentas, ni de nada de nada de nada. Este texto ignora lo que es la realidad más evidente de la España constitucional, porque sigue hablando de las instituciones tal y como funcionaban antes de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho. Sigue pensando que el Ministerio de Hacienda es un Ministerio que puede ordenar a las Comunidades Autónomas; sigue manteniendo esa visión jerárquica del Estado que existía en el Estado de... basado en los Principios Fundamentales del Movimiento, pero que no es el Estado de la Constitución; y sigue pensando que los problemas se pueden solucionar con requerimientos del Estado a las Comunidades Autónomas, y al final acaba -como no puede ser de otra forma- metiéndose en un callejón sin salida.

Y me gustaría decir -por terminar- que, además, ésta es una norma que tiene ya tal número de trampas incorporadas que de puro disparatada es hasta cínica, y les voy a poner a ustedes un ejemplo: en la Comunidad de Madrid, en el diciembre del año pasado, se constituyó una empresa que se llamaba Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), que acumuló una deuda de 480.000 millones de pesetas para financiar todas las obras de transporte de la Comunidad de Madrid. Como esta sociedad le vende a la Comunidad las obras que hace por cuenta de la Comunidad, sus cuentas no consolidan con el sector público. Eso quiere decir que la Comunidad de Madrid, con 480.000 millones de pesetas más de deuda, cumple este Proyecto de Ley.

En Castilla y León, para cumplir este Proyecto de Ley, lo que va a hacer la Junta, si sigue gobernando el Partido Popular, es dotar a Gicalsa y a otras entidades parecidas de un presupuesto de muchas decenas de miles de millones de pesetas, con su déficit y su deuda, que no consolidará las cuentas públicas, porque el SEC -el Sistema Europeo de Cuentas- del año noventa y cinco ni del noventa y nueve les obliga, entonces el déficit estará, la deuda estará, pero habrá estabilidad presupuestaria.

Esto en este país ya lo inventó alguien: fue el señor Calvo Sotelo. El señor Calvo Sotelo fue el único Ministro de Hacienda de Europa que logró presentar un presupuesto equilibrado el año veintinueve, mil novecientos veintinueve. Sí, el presupuesto del Estado de mil novecientos veintinueve en España se presentó equilibrado. Lo que pasa es que luego había quinientos presupuestos de diferentes organismos autónomos, todos con un déficit de la puñeta. Pues aquí vamos a tener todas las Administraciones Públicas con presupuestos equilibrados, y luego todas tendrán multiplicidades, sociedades instrumentales con un déficit de la puñeta. Pues para llegar a la época de Calvo Sotelo, francamente, no hacía falta ni siquiera que el Partido Popular ganara las elecciones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Aguilar, tiene la palabra.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Popular, después que ha oído atentamente las exposiciones que se han hecho, tanto por el Proponente de la Proposición No de Ley como por el señor Enmendante, va a votar no, tanto a las Enmiendas como a la Proposición No de Ley.

Pero va a votar no, porque realmente la exposición que se ha hecho aquí no ha dejado de ser una exposición un tanto singular, pintoresca y demagógica, y demagógica.

Verán, Señorías, las cosas hay que hacerlas yo creo que con cierta seriedad, y, ciertamente, no se han hecho así. Los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son sin duda el soporte necesario, son sin duda el soporte necesario para consolidar el crecimiento económico y, por supuesto, también para la creación de empleo.

Pero esto no viene de ahora, Señorías. Tienen ustedes que remontarse un poquito atrás y echar un vistazo al escenario de consolidación presupuestaria en el año mil novecientos noventa y cuatro. O tienen ustedes que ir un poquito más atrás y ver lo que se decía concretamente en el Tratado de Maastricht, cuando se señalaba que los Estados miembros deben de evitar el déficit público excesivo. Es decir, ya existe toda una trayectoria, por supuesto, para que los déficit públicos sean cero.

Y esto hay que decirlo en honor a la verdad y no venir aquí a contar lo que nos parece, a ver si cuela, y a señalar que el Partido Popular es el que tiene la culpa de todo -como no podía ser menos-, y el Gobierno de la Nación -como no podía ser menos-.

Señorías, ¿por qué me sacan el Estatuto de Autonomía y no se leen ustedes el 156.1 de la Constitución Española, que es más importante que el Estatuto de Autonomía? Pero hagan ustedes ese ejercicio, no hagan ustedes aquí cuestiones verdaderamente pintorescas, que es exhibirnos el Estatuto. Exhíbannos ustedes la Constitución, que para mí es una ley superior al Estatuto, y yo creo que para ustedes también. Pero les recuerdo lo que dice, sencillamente: señala que las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera -se dice en la Constitución- para el desarrollo y ejecución de sus competencias -lo dice la Constitución-, pero con arreglo a un principio de coordinación de las Haciendas Estatales y de solidaridad con todos los españoles. Es decir... de la Hacienda, de la Hacienda Estatal, en coordinación -por supuesto- y solidaridad entre todos los españoles. ¿Eso es así o no es así? Entonces, ¿a qué viene aquí alardear del Estatuto -con todos mis respetos-? Pues a hacer un ejercicio, pura y simplemente, de demagogia. Lo dice la Constitución, no hace falta ir al Estatuto. Y el Estatuto, por supuesto, no va a ir contra la Constitución, como es natural.

Pero que estamos en un Estado compuesto aquí, y en un Estado plural. ¿O no lo estamos, en un Estado compuesto y en un Estado plural, donde se puede compatibilizar perfectamente el ejercicio coordinado de las competencias y, a su vez, no producir ninguna intromisión ni ninguna vulneración en los principios de autonomía de cada una de las Comunidades Autónomas? Las cosas son así. Busquen ustedes otros recovecos u otros caminos, porque, evidentemente, les puedan interesar, pero no nos hablen ustedes de lo que hemos oído aquí esta mañana porque, verdaderamente, es lamentable. Oír tanto al Proponente como al Enmendante es lamentable. Estoy en otro tono, evidentemente. No les preocupe, ya empiezo a estar... que, además, es como me encuentro bien, curiosamente.

¿Produce alguna limitación... la Ley de Estabilidad Presupuestaria produce alguna limitación financiera, o deja a las Comunidades la libre capacidad para adoptar las medidas necesarias de qué es lo que tienen que gastar, cómo tienen que gastarlo y qué es lo que pueden ingresar? ¿Se mete en el Presupuesto de esta Comunidad Autónoma? ¿Se mete? ¿Se interfiere en el Presupuesto? Miren, Señorías, Lógicamente nosotros tenemos nuestra autonomía para redactar nuestros presupuestos, para ver en lo que queremos gastar y cómo queremos gastarlo. Lo que yo creo, sinceramente, es que ustedes han hecho un pequeño ejercicio aquí, bueno, de oratoria más o menos brillante, pero les han fallado a ustedes los cimientos por lo siguiente.

Mire, Señoría, sentencias, le doy a usted cuatro ahora mismo, del año ochenta y dos, ochenta y cuatro, ochenta y seis y noventa y seis, en las que el Tribunal Constitucional -y tampoco es un tribunal menor-, en las que el Tribunal Constitucional señala que la existencia de principios básicos de orden económico han de aplicarse con carácter unitario, así como el principio de coordinación con las Haciendas de las Comunidades Autónomas y con la Hacienda estatal; y de ahí pueden derivarse ciertos condicionamientos, que no intromisión, en las competencias económicas y financieras de las Comunidades Autónomas, sin que estas regulaciones se consideren inconstitucionales.

Señorías, cuando vengan ustedes aquí, tienen ustedes que traer un poquito estudiado el tema, porque, realmente, se les coge a ustedes por donde se quiere. Y, por supuesto, lógicamente, debieron ustedes de ver qué es lo que ha dicho el más alto Tribunal en esta materia y que nos sirve de guía, evidentemente, en estos asuntos.

Nosotros creemos y tenemos muy claramente... y por eso votamos que no a esta Proposición No de Ley y a las dos Enmiendas, por lo siguiente: porque para nosotros ambas leyes prolongan, sin duda, el crecimiento y la creación de empleo, ambas leyes. Aquí no se puede estar en unas haciendas absolutamente descoordinadas, y yo debo los millones que quiero, sean municipales, sean autonómicas, sean del cariz que sean. No se puede ir, evidentemente, a una debacle económica como la que ustedes parece ser que propugnan. ¿Asegura además la viabilidad y la protección social? Indudablemente que sí. ¿Mejora las políticas de inversión? Indudablemente que sí. ¿Facilita la reducción de impuestos? Evidentemente, también. Y eso en el fondo les duele a ustedes, el que se pueda llegar a una estabilidad presupuestaria para reducir el déficit y para que los impuestos puedan ser menores. Nosotros estamos en esa lucha y en ese capítulo; ustedes, posiblemente no. Porque ustedes no están gobernando, y ustedes tienen que hacer oposición; pero la oposición no leal, la que a ustedes les conviene en cada momento. Y me extraña mucho aquí que se hayan dicho las cosas que se han dicho.

Y, por supuesto, hay una cosa muy importante: no le dejemos deudas a las generaciones futuras, no le dejemos deudas a las generaciones futuras, procuremos, evidentemente, que no endeudemos a los que nos puedan suceder. Ésas son las razones, o esos son los motivos.

Por otra parte, Señoría, ciertamente yo esperaba que usted presentara esta Proposición No de Ley para defenderla de otra manera; pero la defensa que usted ha hecho, desde luego, ha sido lamentable. Le voy a utilizar a usted un término muy poco, muy poco hiriente: ha sido lamentable. Se ha limitado usted a decir que es una involución. Usted siempre está involucionado por algo. Yo no sé por qué, pero tiene usted, evidentemente, en su esquema mental lo de la involución permanente, y yo creo que es un tema ya para dejarlo.

Y usted no se retrotraiga, señor Granado, a los años veintiséis. En el año, concretamente, mil novecientos seis, en el año mil novecientos seis, un Premio Nobel de este país, como fue José Echegaray -y usted puede comprobarlo mejor que yo en el Diario de Sesiones en el Senado-, decía: "le hemos perdido el miedo al déficit y esto es un gran peligro. Para el creyente, la salvación está en el santo temor de Dios; para el Ministro de Hacienda, para los Gobiernos, para las Cámaras y para el país, la salvación está en el santo temor al déficit". Y verdaderamente eso es muy anterior a mil novecientos veintiséis.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Para fijar el texto definitivo y cerrar el debate, señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Aguilar, quienes hacen la interpretación regresiva son ustedes; lo siento. Es decir, en estos momentos hay una Constitución, en estos momentos hay Estatutos de Autonomía y todo marchaba, más o menos, y, sin embargo, quienes hacen el planteamiento son ustedes, no nosotros. Y hacen el planteamiento de que, a partir de este momento, se va a poner en marcha, o pretenden poner en marcha... acuérdese, acuérdese de una LOAPA -¿se acuerda de la LOAPA?-, de una LOAPA económico-financiera, es decir, de una Ley de Armonización de las Comunidades Autónomas, que en aquel momento era política, pero ahora es económica, es financiera. Y eso precisamente es lo que a nosotros nos parece que es ir en contra, es regresar, es plantear unas matizaciones que, lógicamente, no van a ser posiblemente admitidas.

Señor Aguilar, ¿se acuerda?, ¿se acuerda precisamente de la... del final de la LOAPA? Bueno, pues el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional y, por tanto, nunca pudo aplicarse. Y desde entonces se vienen haciendo o intentando hacer ejercicios para ver cómo se van buscando fórmulas para laminar ese proceso autonómico. Ustedes le tienen miedo. A mí no me extraña en absoluto, y yo no voy a remontarme a aquellas historias que hemos dicho antaño; lo decía por encima, como que no quería la cosa, al empezar mi intervención.

A muchos ciudadanos, a muchos grupos, o a algunos Grupos Políticos de esta Comunidad Autónoma hubo que convencerles casi uno a uno en múltiples intervenciones, mesas redondas, de la necesidad y de la conveniencia de un proceso autonómico. Entonces, es posible que esto a ustedes... no lo acaben de asumir, no lo acaben de entender.

Y una cosa es corregir el déficit público excesivo y otra cosa es sistematizar por ley que a partir de estos momentos el déficit público será eternamente cero. Porque si eso puede ser aconsejable en unos momentos determinados, lo que no cabe la menor duda es que habrá otros muchos momentos en que son prácticamente imposible la materialización de esta historia. Y, lógicamente, cuando se produzcan declives, y declives económicos, que ojalá no ocurrieran, deben de disponer los Gobiernos Autónomos, deben incluso disponer los Gobiernos de la Administración General del Estado de aquellos instrumentos, de aquellos mecanismos que, lógicamente, permitan hacer las variaciones suficientes para seguir manteniendo lo que son las atenciones sociales. Porque lo que no cabe la menor duda es que ustedes dicen: "no dejemos deudas". Y me decía precisamente el señor Rad, dice: "pero dejémosles algo hecho también". Porque es posible que al final no les dejemos deudas, pero es muy probable también que nosotros mismos nos impidamos el poder materializar lo que son las condiciones mínimas indispensables que marca la propia Constitución Española.

Si esto no fuera así, bueno, nos daría exactamente igual. Pero lo que no cabe la menor duda es que sabiendo por dónde se las van a gastar ustedes, entendemos que de inmediato van a hacer gravitar su obsesión del déficit cero sobre la política social. Ya lo hacen sobre los entes públicos, sobre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y, entonces, ya no es una ley de estabilidad en un momento determinado, sino una ley de estabilización definitiva.

Miren, creemos que con el ejemplo que han venido dando ustedes durante todo este tiempo en relación a la presión fiscal no va a poderse mantener por mucho tiempo el gasto social en los términos en que está ahora...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, ¿pueden guardar silencio, por favor?, que, si no, no se puede escuchar al orador. Guarden silencio.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Yo no me voy a permitir hacer las funciones del Presidente de las Cortes, pero, a mí me parece muy bien que se vayan...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, ¿pueden guardar silencio, por favor?

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: ..

..a beber al bar, pero cuando vengan, vengan como estamos los demás.

Por eso nosotros entendemos que se trata de un ataque directo a la política social, que es una ley de estabilidad presupuestaria que va a restarle competencias a la propia Constitución, porque la Constitución nos mandata para que, de alguna manera, todos tengamos oportunidad de hacer algún tipo de planteamiento, y, en estos momentos, se nos va a negar la capacidad de control.

Dicen ustedes: "no va a haber en ningún caso impedimentos, como no les ha habido hasta ahora". Sí les hay. Señoría, usted sabe perfectamente que una de las argumentaciones más frecuentes en esta Cámara y en casi todas las Cámaras es: "la Unión Europea dice, y, por tanto, ya no hay más que hablar". Entonces: el Gobierno dice, y, entonces, ya no hay más que hablar. Y, entonces, ¿dónde queda la autonomía de una Cámara?, ¿dónde queda la autonomía de la propia Comunidad? Pues queda, lógicamente, en estar constantemente dando cabezazos a lo que dice la Unión Europea, a lo que dice el Gobierno, y no tiene, siguiendo una sucesiva relación de hechos, no tiene, en la práctica, ninguna necesidad la existencia de corporaciones de ningún género que no sean ya estas dos.

Diría más, diría más, Señoría, y es que resta y quita competencias a las Comunidades Autónomas y a los municipios en materia financiera. Creemos que se está vulnerando abierta y claramente la Constitución. Les anunciamos que ya hay algunos casos en que se están planteando recursos de inconstitucionalidad. Y terminaría por plantear que esta Ley, en todo caso, va a estar en una gran contradicción, porque si empiezan ustedes a sumar los compromisos que se han venido haciendo, desde el Plan Hidrológico Nacional, desde el Plan de Infraestructuras, desde los planes ferroviarios y demás, no va ha haber dinero suficiente, a no ser que se utilicen sociedades interpuestas para hacer operaciones, como decía el señor Granado, operaciones interpuestas que, lógicamente, van a llenar los bolsillos a unas entidades privadas a expensas del dinero público; pero en ningún caso es más que un maquillaje presupuestario. Tendremos cero aquí, pero un montón de déficit en cualquiera de las múltiples sociedades instrumentales. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Vamos a proceder a votar esta Propuesta. Señor Herreros, la votación... Señor Herreros, ¿en su formulación original o con la aceptación de las Enmiendas? ¿Con las Enmiendas? Se somete entonces a votación el texto de la Propuesta conteniendo las Enmiendas formuladas por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. Veinticinco a favor, cuarenta y tres en contra y tres abstenciones. Queda rechazada la Propuesta.

Y ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al decimotercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Decimotercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 527, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando del Gobierno Central la promulgación de una Ley integral contra la violencia de género".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para presentar la Propuesta, en nombre del Grupo Socialista, doña Elena Pérez tiene la palabra.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ:

Sí. Buenos días, señoras y señores Procuradores. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, vengo a defender una Proposición No de Ley; pero también venimos a solidarizarnos con todas las mujeres que en este País, en esta Región, han sufrido algún tipo de violencia de género.

Y venimos a denunciar también esa violencia que se ejerce contra las mujeres, para que entre todos podamos hacer posible el tomar conciencia de cómo nuestra cultura nos ha creado una imagen de lo femenino, una imagen que nos encierra en lo doméstico, en lo privado, que nos valora desde la capacidad de sufrimiento y de tolerar, y nos valora exclusivamente como seres pasivos. Es decir, que nos considera, en definitiva, inferiores.

Venimos a denunciar también la educación que recibimos y transmitimos, que perpetúa esta imagen.

El feminismo, con el cual me identifico y nos identificamos en nuestro Grupo, es un movimiento social que nunca ha pretendido ni pretende un dominio sobre los hombres. Únicamente plantea -y por eso venimos a exigir hoy- el espacio que nos corresponde a las mujeres como personas, como seres humanos, racionales, dignos y capaces; algo que el sistema patriarcal -que mucha gente, por desgracia, todavía defiende- en el que vivimos nos ha robado. Porque eso, Señorías, eso es violencia.

La violencia de género no es un hecho individual, no es una anécdota, no es algo privado, sigue un patrón determinado que se perpetúa siempre. No es un problema social más, es un problema de Estado, y pone en entredicho la misma esencia de nuestra democracia.

Nosotros, por lo tanto, Señorías, venimos a exigir hoy la violencia... perdón, la tolerancia cero contra esta violencia. Este Grupo considera prioritario impulsar y arbitrar toda una serie de medidas de carácter preventivo, educativo y de sensibilización, asistencial, de protección y apoyo a la reinserción; y una forma de trabajo coordinada, para dar una respuesta integral, una respuesta normativa legal específica, y con los instrumentos jurídicos adecuados.

Significa, para nosotros, dar un salto cualitativo, dando un paso más sobre los planes integrales, que al día de hoy se nos ha anunciado que el Gobierno de la Nación mañana va a sacar el II Plan contra la Violencia Doméstica, no de género. Por eso nosotros solicitamos hoy aquí que el Gobierno de la Nación promulgue una ley integral, que abarque el tema desde sus causas, desde el origen de la desigualdad, hasta las respuestas sociales y políticas.

La ley, para nosotros, es una forma de obligar mucho más, es una forma de proteger integralmente, globalmente, y, además, tiene una función pedagógica, que puede y debe ayudar al cambio de mentalidad en nuestra cultura.

Tenemos que conseguir que este tema deje de ser invisible, que este tema deje de ser privado, e impongamos de verdad por ley la tolerancia cero.

Por eso, Señorías, proponemos que se inste desde esta Cámara al Gobierno de la Nación para que en un plazo breve, de tres meses, se promulgue una ley integral contra la violencia de género. Y también, como un instrumento que nos puede ayudar en esta Comunidad Autónoma, pedimos que se desarrollen estudios e investigaciones para hacer posible crear un banco regional de datos que sirva de observatorio permanente de la evolución de la violencia de género. Y, además, también pedimos que se impulse y coordine un plan integral contra la violencia de género en Castilla y León. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Doña Arenales Serrano tiene la palabra para defender la Enmienda presentada por su Grupo Parlamentario Popular.

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO:

Sí. Muchas gracias, Presidente. Vengo aquí a manifestar la postura del Grupo Parlamentario Popular, cuya postura, haciendo valer que estamos de acuerdo en la filosofía que entendemos... en la filosofía que entendemos, en un principio, que sustenta esta Proposición No de Ley, tenemos que decir que no entendemos el cambio de postura que ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista; el cambio de postura cuando presentó hace tiempo, en esta misma Cámara, presentó una Proposición No de Ley que posteriormente retiró, solicitando exactamente lo que mañana se va a poner en marcha en toda España, que es un Plan de Actuación contra la Violencia Doméstica.

Y, Señoría, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, a nosotros nos resulta absolutamente estéril el debate entre ley sí, plan no. Me da igual que se llame ley, nos da igual que se llame plan, nos da igual cómo se llame; lo único que tiene que ser es eficaz... Sí, Señoría, al Grupo Parlamentario Popular nos da lo mismo el nombre; lo único que queremos es que de verdad sea integral y que de verdad sea eficaz.

Y vamos a hacer un poco de memoria, porque aquí se ha hecho una reivindicación a la igualdad de las mujeres; reivindicación que yo creo que todo el mundo... que todo el mundo no solamente defendemos, sino que, claramente, cada vez -gracias a Dios- hacemos menos, porque cada vez estamos teniendo muchas más cotas de igualdad.

Ha hecho... ha dibujado un escenario de viejo cuño machista, o feminista en ese sentido... que me da lo mismo en ese sentido. Cuando digo "viejo cuño feminista" estoy diciendo incluso "machista". Y yo empezaría por que en sus filas, por que en sus filas defendiesen esa igualdad a la hora de ir, por ejemplo, en unas listas electorales, y no tener que atender a cupos del 25, el 30 o el 70%, por ejemplo, por ejemplo.

EL SEÑOR .....:

(Intervención sin micrófono).

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO:

Perdón, en el Partido Popular nunca hemos atendido a cupos electorales. Las mujeres y los hombres del Partido Popular estamos en las listas electorales en función de la valía, en función de la trayectoria profesional, y no en función... y no en función... no somos floreros. Porque les quiero decir, Señorías, les quiero decir, Señorías, que cuando una mujer está en cualquier sitio en función de una cuota, lo que nos están llamando es floreros y nos están discriminando.

Pero, muy bien, no es ése el debate de la cuestión, sino un tema infinitamente más serio de cómo se ha tratado aquí. Señoría Pérez, el tema de la violencia doméstica es un tema muy serio; un tema lo suficientemente serio como para andarnos con protagonismos u oportunismos políticos, de ahora un plan o después una ley. Y ahora, como decimos, a nivel nacional, que vamos a sacar un plan, ahora no queremos plan, ahora queremos ley.

¿Sabe lo que queremos desde las filas del Grupo Popular? ¿Sabe lo que queremos? Que se termine con la violencia doméstica, que se termine. ¿Y sabe cómo se termina con la violencia doméstica? Desde un elenco de medidas en el ámbito fiscal, en el ámbito procesal y en el ámbito penal, que realmente sean eficaces; no si aquello se llama plan o aquello se llama ley. Y creo que claras muestras ha dado el Grupo Parlamentario Popular en los ámbitos en que gobierna... Que usted dice, en su tercer punto, que se cree un... un plan -perdón- contra la violencia. Me extraña que usted lleve el tiempo que lleva de Parlamentaria, en unos u otros Grupos, me extraña mucho; porque usted sabe que eso es redundante, cuando vamos a aprobar ya el II Plan contra la Violencia. Ya hemos hecho uno; este Gobierno Regional ya ha hecho un Plan contra la Violencia. Por lo tanto, no es redundante... no solamente es redundante, sino que sobra y manifiesta un claro desconocimiento.

En el segundo punto de su Proposición No de Ley, recuerda usted lo que dice, ¿no?: que se haga un observatorio de las víctimas, un observatorio permanente. Pero bueno, ¿cabe en cabeza humana que en este país no sepamos que el Ministerio del Interior tiene datos de todos los maltratos y de todos los actos de violencia? Ya los tiene. Y los traslada, que son la Policía y la Guardia Civil, puntualmente a la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, esos datos se tienen.

LA SEÑORA .....:

No has entendido.

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO:

En este sentido, Señoría... Sí hemos entendido perfectamente, que esto es un tema muy serio. Hemos entendido que esto no se puede...

(Murmullos.)

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO:

No. Y es que nos indigna, nos indigna que se haga oportunismo con un tema tan serio, nos indigna. Hemos entendido perfectamente. Y entendemos que tiene que ser el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación... todos los Ministerios... Tiene que ser un elenco de medidas que, al final, hagan que no se produzca la violencia. Medidas tales como... que estén englobadas dentro de un plan que se va a poner en marcha. Medidas tales como el divorcio inmediato; para eso habrá que modificar algunos artículos del Código Penal. Medidas como... medidas como los juicios rápidos; para eso tendrá que haber una clara coordinación entre lo civil y lo administrativo. Medidas como los sistemas de emergencia; que una mujer maltratada se la pueda localizar inmediatamente para que se la pueda auxiliar. Eso son medidas eficaces contra los maltratos. Eso son grandes hitos que ha marcado la política regional de la Junta de Castilla y León en materia contra la violencia doméstica.

Y la más clara muestra, y la más clara muestra, es el Plan -que me consta que ustedes conocen- que entrará en vigor en el mes de junio, que va a dotar con casi 3.000 millones de pesetas, precisamente, de los 17.000 que engloba todo el Plan de Igualdad de Oportunidades.

Entonces, basta ya de oportunismo. Son las mentalidades, y no los gestos, lo que hay que cambiar. Y hemos de congratularnos todas las mujeres, todas, las socialistas y las populares, todas las mujeres, todas las mujeres de esta Comunidad, de esta Comunidad y de toda España, porque la última encuesta del CIS dice que ya el casi 90%... el casi 100 -perdón-, el 97% de los españoles -hombres y mujeres- consideramos los malos tratos como cosas muy graves. Ésa es la mentalidad que se ha conseguido cambiar con políticas como la que se está llevando dentro del Partido Popular. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señora Pérez, para pronunciarse en favor o en contra de la Enmienda.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ:

Muchas gracias, Señoría. Señora Arenales, de verdad, la agresividad es lo último que yo hubiera querido escuchar hoy aquí en esta Cámara. Es decir, en un tema tan claro para la mayoría de los hombres y mujeres, también para la Comisión Mixta Congreso y Senado, en la que su Presidenta, desde luego -del Partido Popular, ¿eh?-, no utiliza ese tono. Yo pensé que hoy aquí, quien saliera del Grupo Popular, entendería que es precisamente esa agresividad, que eso es violencia de género, y está usted utilizando el mismo papel que le tienen asignado, queríamos desechar.

Mire, dice que usted está aquí, de verdad, porque vale. Yo, primero, le diría que la ignorancia es muy atrevida; la ignorancia histórica -me estoy refiriendo-. Usted está aquí...

(Murmullos.)

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ:

Usted -perdone, Señoría- está aquí, igual que yo, porque muchas mujeres, antes que usted y que yo, han dejado la piel para, primero, tuviéramos oportunidad de voto y, segundo, para que pudiéramos hablar. Y le voy a decir el estudio europeo que plantea lo que es violencia. El estudio europeo que se ha hecho sobre lo que es violencia de género, que... yo no quiero hablar de su Enmienda -discúlpeme-; supongo que no la habrá hecho usted, porque seguro que lo ha estudiado bien. Porque no estamos hablando en esta Proposición No de Ley de violencia doméstica, del ámbito privado; estamos hablando de la violencia de género, que es algo mucho más amplio. Y si quiere, si quiere, luego se lo explico.

El estudio europeo plantea: las mujeres que destacaron en aquello que no les correspondía por el sistema patriarcal, en las artes, en la ciencia, en la política, en el pensamiento, en la literatura, fueron enterradas en el olvido, desterradas de los libros. Y ayer, ayer se publicaba que el porcentaje de escritoras -que somos mayoría las mujeres en la literatura- que se publica en los libros de texto de Primaria sólo es el 13%; el 87% son hombres. Eso, Señoría, es violencia de género. No cabe ningún nombre de mujer que no se ajuste de verdad al de madre, esposa, hija. Eso es violencia de género. Y usted, como yo, somos víctimas de un pacto no escrito entre hombres y mujeres.

Decía que daba lo mismo un plan integral o un plan contra la violencia doméstica que una ley. Para empezar, estamos hablando... estamos hablando de un plan integral, en uno de los puntos, contra la violencia de género, que es algo más amplio, y no estamos hablando de planes de igualdad.

Y yo le diría: nos ha llegado esta mañana el borrador del III Plan. Mire, tiene los mismos problemas -si me permite-, tanto éste como el general, de la violencia doméstica, que ya tenían los anteriores. No tiene ni medidas concretas, ni específicas, ni presupuesto, porque no lo pone. Es un Plan que no se puede evaluar, pues las medidas son completamente generales. Y hasta el propio Gobierno de la Nación, del señor Aznar, ha reconocido que el Plan Integral contra la Violencia Doméstica, que está todavía en vigor, no ha surtido sus efectos.

Señoría, continuar...que usted planteaba... ¿Para qué queremos... no sé, no me ha debido entender bien, un banco de datos; no un banco de víctimas, ni observatorio de víctimas, sino un banco de datos...? Mire, yo sólo he copiado lo que el Partido Popular ha exigido desde el Ayuntamiento de Valladolid. Y lo plantea: "El Ayuntamiento de Valladolid iniciará las gestiones oportunas ante las Administraciones Públicas competentes, en especial ante la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León, a fin de obtener todos los datos de los casos de violencia -mujeres, niños, niñas, ancianos- y sus circunstancias, atendidos en nuestra ciudad por los distintos agentes -Policía Nacional, Policía Municipal, servicios sociales, centros sanitarios, centro de acogida-, a fin de elaborar un informe anual que permita, partiendo de un mejor conocimiento, actuar con las medidas preventivas". Simplemente he copiado lo que pide el señor Javier León de la Riva, Alcalde de nuestra ciudad, y de la suya, para plantear en esta Cámara. Simplemente he venido a decirlo. Ya veo que usted no está de acuerdo.

Y acabo, y discúlpeme medio segundo. Debe ser usted la única que no entiende por qué se pide una ley: porque lo dice el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, ha hecho una Ponencia... ha hecho un Informe, perdón, y ha ido a una Ponencia del Senado -no sé si lo sabe usted- y ha pedido esto mismo. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué lo pide? Porque dice que, mientras no haya normativas específicas, es imposible empezar a atajar las causas que están provocando la violencia de género. Juzgados específicos y leyes específicas. El señor Defensor del Pueblo lo dice después de un estudio, por algo será. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señora Serrano, para la réplica.

(Leves aplausos.)

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO:

Gracias, Señoría. Pues parece ser que entendemos que las mujeres que estamos aquí no somos víctimas de nada. Desde las filas del Partido Popular no se quiere abogar por algunas situaciones, gracias a Dios, ya caducas, y estamos valorando el presente sin olvidar el pasado -¿cómo no?, Señoría-, y mirando al futuro.

Pero es evidente que no estamos aquí en función... salvo algunas -y puede ser usted misma, Señoría, que esté aquí en función de algún pacto-; si no, no entendemos que alguna estemos aquí nada más que por otro tipo... que responda a otro tipo... a otro tipo de... a otro tipo de motores.

No nos cabe ninguna duda que ninguna mujer, ninguna persona, ningún hombre ni nadie que tenga sentido común está en contra de la violencia. Yo creo que eso no lo podemos poner en duda nadie. Otra cosa... otra cosa es cómo queramos acometer algo que consideramos gravísimo, algo que consideramos muy grave.

Y usted, Señoría, usted misma suscribía una propuesta, una Proposición No de Ley en la que solicitaba un plan; exactamente lo que se va a poner en marcha, exactamente lo que está consensuado con las distintas asociaciones de mujeres y con las distintas Comunidades Autónomas. Por lo tanto, un poquito más de coherencia no solamente en la trayectoria política, sino en las medidas y en la forma de llevarlas a cabo. Coherencia, que es lo que pedimos.

Y, Señoría, vehemencia y convicción no es agresividad. Vehemencia y convicción, a la hora de defender nuestras cosas, no es agresividad. No quiero, por favor, que se traduzca agresividad porque elevo el tono de voz. Sencillamente, es la clara convicción la que me hace elevar el tono de voz cuando veo algunas posturas que, lógicamente, me exaltan, me hacen exaltarme. Porque me parece un tema poco serio que primero se pida un plan y, cuando se hace un plan, se pida una ley. "Y ahora no me gusta porque es una ley, porque es partidista, porque viene viciado de origen porque lo propone el Partido Popular." Porque, de hecho, esa Propuesta se presenta aquí y posteriormente se retira. Lo que nos importa, y si somos medianamente serias... Y me hace enfadarme este tema, claro que me hace enfadarme, porque lo que nos importa es que no haya más agresiones a mujeres. Lo que nos importa es que los juicios se celebren rápidamente. Lo que nos importa es un tema educacional, que las mentalidades vayan cambiando, que sigamos considerando ese tema como muy grave, y que la educación sea no sexista, y que evitemos este tipo de cosas. La forma en que se lleve a cabo, y quién las lleve a cabo, y el color político que se lleve nos da igual, nos da exactamente igual, lo que queremos es que se erradique.

Entonces, no podemos estar sistemáticamente en contra porque lo hace el Partido Popular, porque eso es un flaco favor que hacemos a todas las mujeres y a todos los hombres. Porque, al final, no es un tema sólo de mujeres; éste es un tema de toda la sociedad, y todos lo sabemos.

Por lo tanto, no nos cabe ninguna duda, Señoría, que usted va a reconsiderar su postura y va a aprobar la Enmienda que nosotros traemos aquí, porque lo que decimos exactamente es lo siguiente: que en el III Plan de Oportunidades, de Igualdad de Oportunidades, en el III Plan, que se potencien más todas las actuaciones para erradicar la violencia, cosa en la que creo que estaremos absolutamente de acuerdo.

Y, en segundo lugar, que se ponga en marcha el II Plan contra la violencia. Porque usted dice: "Que se ponga en marcha un plan". Señores, si estamos finalizando el primero. ¿O no sabemos dónde estamos? Si estamos finalizando el primero.

Por lo tanto, no nos cabe ninguna duda que en un tema de tanta gravedad, de tal índole, y en el que todos y todas estamos sensibilizados, contaremos con su apoyo. Muchas gracias, Señoría.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. ¿Grupo Mixto, desean fijar posiciones? Tiene la palabra. Doña Daniela, tiene la palabra.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Bien. Vamos a participar porque, en principio, ya que, aunque creemos, que saliéndose un poco del tema, han hablado ustedes de cuotas, vamos a decir la postura que hay desde la Unión del Pueblo Leonés.

Señorías, en los dos sitios hay cuotas. Unos lo declaran, y cuando les ponen el 25 debe ser que tienen miedo, porque hay muchas más mujeres preparadas del 25% para participar en esas listas. Y en el otro sitio no lo declaran, pero, si ves el número de mujeres que ocupan los escaños, pues pasa igual; yo no sé si es que están aplicando esa cuota que niegan o es que no tienen más mujeres preparadas, pero siguen predominando los hombres en un gran porcentaje. Por lo tanto, Señorías... Y en mi Grupo somos dos hombres y una mujer. Si estuviéramos más tampoco sé lo que pasaría.

Lo cierto, Señorías, es que seguimos discriminadas. ¿Que las mentes están cambiando? Sí, pero, señora Arenales, no crea usted que es por los seis años de Gobierno del Partido Popular. Porque una mentalización... desgraciadamente, la mente de los machos ibéricos de este país no se cambia en seis años, y no sé si en cien años, sobre todo cuando las campañas que se hacen, cuando los planes que se hacen no son lo suficientemente eficaces. Y no lo son porque siguen siendo mayoría los hombres que hacen esos planes y esas leyes; y, como no tienen cambiada la mentalización... la mentalidad, pues nunca va a salir una ley lo suficientemente eficaz como para que realmente la mujer se vea protegida, centrándonos ya en los malos tratos. Y los malos tratos psíquicos son peor que los físicos, y no suelen ser denunciados, y son peor que los físicos.

Y, Señoría, no ha mejorado mucho la situación con el Plan que está actualmente en vigor. Porque, al menos -según los datos-, el número de mujeres maltratadas y asesinadas es mayor. Y es que, Señorías, en el Plan actual no hay una buena planificación -y permítame la redundancia-. Porque una mujer tiene una casa de acogida en el momento que hace la denuncia, en el caso y según dónde, porque a lo mejor está ocupada, porque hay... No hay una cada población de más de no sé qué, o de menos de no sé cuál. Hay, hay, hay algunas. Pero, ¿qué pasa cuando pasa el tiempo de estancia en esa casa? ¿Hay un trabajo para esa mujer? Porque recordemos, Señorías, que cuando una señora, cuando una mujer maltratada se va a una casa de acogida es porque no tiene ni medios económicos para sustentarse ella misma y pagar su propia vivienda, ni tiene una familia que le apoye. ¿Y qué hacemos luego con esa mujer? ¿Cuántas están integradas en el mundo laboral? Por eso, Señorías, no sólo es evitar que en ese momento sea maltratada -que eso es cuestión fundamentalmente de mentalización y, a lo mejor, de hacer algo más riguroso el castigo para el maltratador-, es también cuestión de darle una continuidad.

Nosotros vamos a votar a favor, no desde luego porque lo veamos completo y porque lo que pide el Partido Socialista sea la panacea, sino porque entendemos que cualquier cosa que sea en beneficio de la mujer, y sobre todo de la maltratada, siempre será bueno por malo que sea. Gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. La Proponente, señora Pérez, tiene la palabra para cerrar el debate y fijar, en su caso, el texto definitivo de la Propuesta.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ:

Sí. Muchas gracias. Señora Portavoz, señora Arenales, no voy a empezar a debatir aquí lo que significa la democracia paritaria -recibiría... necesitaría más de cinco minutos- y por qué nosotros hemos defendido y defendemos -porque nos lo creemos- el sistema de cuotas. Yo vine aquí por un sistema de cuotas; estoy encantada, no me considero ni más tonta ni más lista, igual que la mayoría de los hombres que están aquí.

Ni venimos a eso ni venimos a hablar -porque no es la Proposición No de Ley del día de hoy- del III Plan de Igualdad de Oportunidades (que, por cierto, se despacha sólo con dos hojas sobre violencia, y, además, doméstica).

Mire, menos mal que existió Pekín, del noventa y cinco, porque... pero de ahí no se pasó. Que dice que qué nos pasa, que qué nos pasa que ahora venimos a decir. Es que nosotros, igual...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, guarden silencio, por favor.

(Murmullos.)

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: ..

..nosotros, igual que las Naciones Unidas, que declaró en la Comisión de Derechos Humanos que los Estados que obliguen... que no apliquen una política adecuada que prevenga y persiga la violencia de género están incumpliendo sus obligaciones internacionales. Y la violencia de género plantea... incluye maltrato -que es de lo único que han hablado aquí- que se desarrolla en el seno de la familia o de la pareja; agresión sexual en la sociedad -posible delito de las guarderías planteado ayer- y acoso sexual.

Violencia de género en la vida laboral o política. Señorías, a propósito de esto, en el estudio europeo que planteaba yo antes decía: "Se repiten invariablemente los patrones, las mujeres agredidas sufren ansiedad, depresión, temor y tienen, normalmente, una falta de solidaridad de las mujeres que no están en partidos políticos de izquierda, sindicatos o asociaciones feministas".

Señorías, acoso sexual es violencia de género, no es violencia doméstica. Y veníamos nosotros aquí, hoy, a plantear una ley integral de prevención de la violencia de género. Por eso pensábamos que se había confundido con su Enmienda. El plan integral que plantea tiene generalidades. Los progresistas, la izquierda, el Partido Socialista en el dos mil cuatro promulgaremos una ley de prevención de violencia de género que protegerá y amparará a todas las mujeres, incluidas las del Partido Popular. Muchas gracias.

(Murmullos. Leves aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Se somete a votación la Proposición No de Ley debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Treinta a favor y cuarenta y cuatro en contra. Sin abstenciones. Queda rechazada.

Señor Secretario, le ruego proceda a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

"Toma en consideración de la Proposición de Ley de supresión de los párrafos cuatro al nueve de la Exposición de Motivos, adición de un nuevo párrafo, modificación del Artículo Único y supresión del párrafo segundo de la Disposición Adicional Primera de la Ley 13/87, de veintinueve de diciembre, por la que se determina la sede de las instituciones de autogobierno de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los señores Otero Pereira, Rodríguez de Francisco y Fernández González".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para consumir un turno a favor, por la Unión del Pueblo Leonés, señor Otero, don Joaquín, tiene la palabra.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Presentamos aquí una iniciativa que tenía que haber sido debatida hace dos años, no ahora -que sigue siendo un momento oportuno-, pero hace dos años ya se presentó esta iniciativa, y en el acto más inaudito de cobardía política que conoció este Parlamento Sus Señorías se negaron a debatirla. No hubo debate porque entendieron que era un acto electoralista porque había o faltaban dos o tres meses para las elecciones municipales y autonómicas.

Pues bien, Señorías, ahora faltan dos años, de modo que de electoralismo nada; y de oportunismo, tampoco. No es oportunista y sí es oportuna.

Es oportuna por varias razones, Señorías, esta iniciativa: primero, porque de momento no han firmado ustedes ningún documento que les comprometa a ubicar la sede definitiva de las Cortes de Castilla y León en Valladolid -mañana sí lo van a firmar, pero hoy no lo han firmado-. Por tanto, hoy no están absolutamente atados ni comprometidos por ningún papel, son plenamente libres para votar lo que les parezca oportuno.

Es también oportuna porque hay un nuevo Presidente. La postura del anterior Presidente ya la conocíamos, era absolutamente centralista. Ésa fue la política que hizo durante toda su Legislatura. "Valladolid capital, resto de las provincias sucursal", ése era el eslogan del anterior Presidente de la Junta. Y queremos saber o queremos saber si el nuevo Presidente va a tener ese talante centralista, o, ya que proviene de una provincia que no es la de Valladolid, iba a marcar una política descentralizadora en esta Comunidad Autónoma.

¿Y qué nos hemos encontrado? Pues con un Presidente invisible, con un Presidente al que este tema parece resbalarle por completo. Esperábamos que estuviese presente por lo menos en el debate, ojalá que lo apoyase; pero mejor no apoyarlo que ni siquiera estar, porque eso quiere decir que le importa un bledo la descentralización y, por tanto, que le importa bien poco las reivindicaciones de algunas provincias, como la de León, que sustentan aquí a catorce representantes y a catorce Procuradores. Luego hablaremos de ellos y de quienes representan y de quienes no.

Y es que, además, esta propuesta que hacemos podía ser admitida si hubiera un Presidente de la Junta inteligente. El anterior Presidente de la Junta invirtió no sé cuántos millones en publicidad institucional intentando convencernos de que ésta es una Comunidad Autónoma, de que aquí hay una identidad, de que todos somos lo mismo. Cientos de millones de pesetas en publicidad institucional cuando lo tenía gratis el nuevo Presidente apoyando esta iniciativa, y, en contra de nuestros propios intereses, hubiera vertebrado mucho mejor esta Comunidad descentralizando que dilapidando el dinero público en campañas institucionales.

Y decimos que es una Proposición razonable y justa porque razones no nos faltan para pedir que la sede de las Cortes de Castilla y León se ubiquen en León.

En primer lugar, las razones históricas. León en mil ciento ochenta y ocho fue la sede de las primeras Cortes democráticas del mundo, y la práctica totalidad de los historiadores están de acuerdo en que allí tuvo lugar el embrión del parlamentarismo democrático en todo el mundo.

Razones geográficas tampoco nos faltan. Mire, León es la provincia más poblada de esta Comunidad Autónoma, hoy por hoy (quizá cuando volvamos a debatir alguna iniciativa de este tipo ya nos haya superado Valladolid merced a esa política centralista de la Junta de Castilla y León). León es la provincia más extensa de la Comunidad con quince mil cuatrocientos metros cuadrados, la séptima de España. Es tan grande como el País Vasco, es el doble que Valladolid. Por tanto, no crean que nos falta tampoco razones en cuanto a dimensión.

León no está en el centro de esta Comunidad Autónoma, ¿pero a alguien se le ocurre pensar que las sedes administrativas y políticas tienen que estar en los centros geográficos? ¿Alguien puede alegar eso como argumento peregrino?

Miren, Barcelona no está en el centro de Cataluña. Vitoria no está en el centro del País Vasco. Allí sí que fueron capaces de separar el Ejecutivo del Legislativo, y no ha pasado absolutamente nada -que yo sepa- por esta razón. Sevilla no está en el centro de Andalucía. Pero, es más, Londres no está en el centro de Inglaterra, ni París en el centro de Francia, ni Washington en el centro de Estados Unidos, ni Buenos Aires en el centro de Argentina, por poner solamente algunos ejemplos. Por eso no creo que a nadie de ustedes se le ocurra utilizar ese argumento de que el centro geográfico tiene que ser el centro político, y menos en el siglo de las comunicaciones o de las telecomunicaciones.

Tampoco nos faltan razones económicas para esta reivindicación, tampoco nos faltan.

Miren, cuando León fue incorporada a la fuerza y en contra de la opinión de los leoneses a esta Comunidad Autónoma, la situación económica de esta provincia situaba en el puesto número veintiocho en el ranking de desarrollo de las provincias de España. Todos los indicadores así lo hacían, incluso los que ya se manejaban desde la Preautonomía. Varios años después, dieciocho años después, hemos pasado al puesto número cuarenta y dos -del veintiocho al cuarenta y dos-. Quiere decir que pertenecer a esta Comunidad ha sido una verdadera lacra para la provincia de León; que esto ha sido el verdadero lastre de la provincia de León; y que nos hayan situado ustedes en dieciocho años del puesto veintiocho al puesto cuarenta y dos ha sido el verdadero atraco del siglo para la provincia de León, el atraco del siglo XX, que sigue consumándose, desgraciadamente, en el siglo XXI. Ojalá que el final del siglo XXI vea una provincia de León que nada tenga que ver con Castilla, o un Reino de León que nada tenga que ver con Castilla. De eso ya hablaremos en otras oportunidades también.

Dentro de las razones económicas, es que, Señorías, queremos poner fin al centralismo. Mire, el centralismo de Valladolid, que, además, perjudica no solamente a León, sino a todo el resto de las provincias, a las demás provincias -que son siete-, y que están aquí representadas también por Procuradores que, en teoría, vienen a defender a sus provincias, además de defender a la Comunidad Autónoma. Bueno, pues ese centralismo ha supuesto y sigue suponiendo un efecto imán sobre las inversiones públicas o privadas. El dinero público -ya lo dicen las Directrices de Ordenación del Territorio- hay que destinarlo al eje del desarrollo económico de la Comunidad, el eje Valladolid-Palencia, sobre todo Valladolid. Lo dicen ustedes mismos en las Directrices de Ordenación del Territorio.

Y la inversión privada ¿dónde creen ustedes que va? Ustedes imagínense que tienen una empresa de fuera de esta Comunidad y que quieren instalarse en la Comunidad, ¿qué se valora lo primero? Pues dónde se reparte el pastel, dónde está la tarta, quién reparte la tarta. El pastel se reparte en Valladolid, los que legislan la forma de repartir el pastel están en Valladolid, y los que deciden judicialmente si el pastel está bien o mal repartido están en Valladolid -un poco en Burgos, pero la mayor parte en Valladolid-.

Por tanto, ¿cuál es el efecto imán de las atracciones o de las inversiones privadas? Valladolid. ¿Por qué? ¿Por qué es justo? ¿Por qué reúne las mejores condiciones? No. Por el centralismo al que ustedes someten al resto de la Comunidad Autónoma.

Miren -y desde el punto de vista económico también-, en León les ofrecemos terreno para ubicar las Cortes. Tienen numerosas parcelas que gratuita y gustosamente les ofrecemos para que allí se ubique el Legislativo. Desde ese punto de vista, tampoco iba a suponer más dinero público para edificar una nueva sede, en absoluto. Los terrenos, gratis. Y casi nos dan ganas de hacérsela gratis el edificio, aunque tuviéramos que llevar nosotros los picos y las palas. En eso tampoco habría que... tampoco habría grandes problemas.

Razones de honestidad política. Mire, es honesto aquél que piensa lo mismo ahora que hace unos años. Y el PP y el PSOE... o de aquella Alianza Popular y el PSOE pensaban cosas radicalmente distintas. El Partido Socialista de León reiteradamente, después de pedir la Autonomía, de que interviniese Gregorio Peces Barba para decir que autonomía para León no, por lo menos pedían ustedes la sede de la Junta, del Gobierno. Ahora ya no pedimos ni la sede de la Junta para León, pedimos la sede de las Cortes (que parece que ustedes tampoco se acuerdan de eso y hace bien pocos años que ocurrió, en política dieciocho años, de verdad, no es tiempo).

Y el Partido Popular, bueno, si les leo los comunicados de la entonces Alianza Popular en contra de la inclusión de León en esta Autonomía, pues la verdad es que nos llevaría mucho tiempo, y hay otras cuestiones que ocupan ese tiempo, pero aquí los tengo todos, declaración por declaración, publicación por publicación, acuerdos por acuerdos... Por ejemplo, les voy a leer uno, sin ir más lejos, del Partido Popular. Veintiocho de junio del ochenta y uno: "Se reúne la Asamblea de Parlamentarios de Castilla y León y aprueba el Estatuto, la capitalidad y las sedes en Tordesillas de aquéllas". Bueno, decían ustedes cosas como... -tan pintorescas en León, ahora pintorescas para ustedes- como: "Pensamos que es gravemente lesivo para los intereses, el prestigio y los derechos de León el acuerdo de la UCD para establecer la capitalidad del hipotético ente autonómico de Castilla y León en la ciudad vallisoletana de Tordesillas". Eso mismo vale para decir que la van a ubicar, no ya en la ciudad vallisoletana de Tordesillas, sino en Valladolid mismo. Y esto hace bien poco tiempo que lo decían.

Señores Procuradores leoneses, ¿van a votar ustedes en conciencia o, una vez más, se van a sentir obligados por la disciplina de partido?

Señores Procuradores leoneses socialistas -que voy a personalizar en don Antonio Losa que está mirando muy sonriente y que, además, es Viceportavoz del Grupo-, ¿por qué no hace usted las gestiones ante su compañero de Grupo y Portavoz para que les dejen votar en conciencia, en función de lo que creen interiormente, internamente, de lo que piensan que es bueno para León? Haga usted esa gestión, por favor. Si les deja votar en conciencia, no van a perder la votación, porque los de las otras provincias siguen siendo más, pero van a ir ustedes con orgullo para casa, con orgullo para León, diciendo: "hoy sí hemos defendido a León". Hable con sus compañeros, con doña Rosario Velasco y con el resto de los Procuradores.

Señores Procuradores leoneses del Partido Popular -que personalizo en el Presidente Provincial del Partido, don José María López de Benito (que se esconde detrás del folleto que está leyendo). Señor López de Benito, hable usted con su jefe -hoy no está el Presidente, no sé por qué- y pídale que les dejen votar en conciencia, que puedan votar lo que quieran, lo que creen que es bueno para León. No se me ocurre pensar que ustedes creen que no es bueno para León que se ubiquen allí las Cortes; vamos, es que eso ya ni se me pasa por la cabeza.

Y de verdad, demuestren, Señorías de León, demuestren ante toda la ciudadanía leonesa, que utilizan las siglas PP y PSOE para defender a León, y que no utilizan León para defender las siglas PP y PSOE, que es lo único que les pedimos. Y que puedan ir para León con la cabeza bien alta.

Pidan ustedes permiso a sus jefes, porque, aunque les dejen votar en conciencia, no se preocupen, no va a pasar nada; los demás son inmensa mayoría.

Señores Procuradores del Partido Socialista, no se dejen engañar con este tema otra vez. Miren, cuando la UPL pidió en el Ayuntamiento de León que se pronunciase a favor de las Cortes en León, ustedes dijeron "las Cortes no, pero la Escuela de la Administración Pública sí". Les engañaron: ni Cortes, ni Instituto de la Administración Pública; en Valladolid.

Miren, cuando ustedes piden el Centro de Artes Escénicas para Salamanca, en una política descentralizadora, les dicen: "para Salamanca no; también para Valladolid". Y ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Ponerse de acuerdo cuando hay tartas para repartir? ¿Caja España? Llegamos a un acuerdo, puestos a repartir. ¿Tribunal de Cuentas? Acuerdo; puestos para repartir. ¿Consejo Consultivo? Acuerdo; puestos para repartir.

Pero cuando hablamos de cosas lícitas y legítimas, descentralización, descentralización -solamente eso-, algo a lo que se refiere el Estatuto, ustedes nos votan en contra; y no lo entendemos, como tampoco entendemos la postura del Partido Popular.

Y de verdad, nos gustaría que ustedes apoyasen esta iniciativa, porque nos gustaría que ustedes creciesen políticamente; nos interesa. Para ser llave de esta Comunidad, necesitamos que ustedes crezcan; pero, si lo hacen así de mal, no van a crecer.

Claro, ¿cómo van a tener más resultados en León de los que tienen, si nosotros tenemos que contarles a los leoneses que no quieren ni las Cortes para León? Y de verdad, queremos que crezcan, porque la posibilidad de ser llave en este Parlamento pasa por que ustedes crezcan un poco. Que suban tres sólo en las nueve provincias... No, perdón, tres en las nueve provincias; de lo demás ya nos encargamos nosotros. De subir dos en León y uno en Zamora, o uno en León y dos en Zamora, ya nos encargamos nosotros. Suban tres. Y, a partir de ahí, ya verán cómo la prepotencia de estos señores va a ser mucho menos; y cómo las iniciativas, en lugar... como he visto en la prensa que dice el Portavoz del Grupo Popular, que están cerradas desde el año ochenta y siete, no están cerradas, porque en política, y menos en democracia, y menos en un Estado de Derecho hay nada cerrado: ni el mapa autonómico, ni la Ley de Sedes -que se puede modificar, que es lo que estamos pidiendo-, ni nada, absolutamente nada de esto. Por tanto, ya verán cómo van a cambiar las cosas.

También les digo -y ya termino, Señorías-, si se diese esa hipotética circunstancia de que ustedes creciesen un poco, a costa de ustedes, y nosotros fuéramos llave -señor Aguilar, va a ocurrir, ¿eh?, va a ocurrir-, sólo tiene que subir tres en nueve provincias, tres en nueve provincias. Bueno, si se diese esa hipotética circunstancia, tengan ustedes, Señorías, por seguro -y es un aviso a navegantes- que, cuando piden apoyos a este Partido para gobernar esta Comunidad -que los pedirán-, vamos a poner como una de las condiciones sine qua non revisar la Ley de Sedes. Y de verdad, quien esté dispuesto a descentralizar de verdad, a trasladar la sede de las Cortes a León -junto con otras reivindicaciones evidentes- va a tener el apoyo de nuestro Partido; y, si no, van a tener que gobernar o en minoría o a desgobernar esta Comunidad (no se va a notar, porque, entre lo que están haciendo, y lo que no harían, el desgobierno es el mismo).

Pero mire, si la apoyan hoy, bien; y, si no, dentro de dos años, un poco más de dos años, hablamos. ¿Les parece? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Para fijación de posiciones, los representantes de las fuerzas políticas integradas en el Grupo Mixto, señor Rad, ¿quiere hacerlo? Le corresponde el turno, si quieren fijar posiciones.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Presidente, ¿corresponde el turno al Grupo Mixto?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

¿Dígame?

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Que si corresponde el turno al Grupo Mixto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Sí. A las formaciones políticas integradas en el Grupo Mixto distintas de la Unión del Pueblo Leonés, que es la que ha presentado la propuesta... la Proposición.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

No entiendo que sea así reglamentariamente. Entiendo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Si quiere utilizarlo, está en su derecho.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: ..

..no, no, entiendo que tenemos explicación de voto, pero difícilmente, dentro del Grupo Mixto...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Perdón. La explicación de voto es para quien no haya podido intervenir en el debate. Si tiene la oportunidad de intervenir en el debate, no habrá lugar a explicación de voto.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Vale, vale.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Pues, muy brevemente, exponer la posición de... de Tierra Comunera frente a este debate; un debate que, desde luego, no entendemos; entendemos que no tiene demasiado sentido. Yo creo que, si nos ponemos a hacer una reflexión sobre aquellas localidades que podrían albergar... o pudieran albergar las Cortes de Castilla y León, yo me temo que tendríamos de nuevo un problema -ya resuelto- y, desde luego, tendríamos un problema que no hay que ni circunscribir a Valladolid, ni circunscribir a León o a Burgos, y a lo mejor lo tenemos que abrir a otras localidades como Tordesillas, o Benavente o Briviesca. Y ya digo, podemos encontrar hasta veinticinco localidades con todo el razonamiento histórico como para albergar la sede de las Cortes Regionales.

Yo creo que lo que tiene sentido ahora es que empecemos a funcionar en otra clave: que empiece esto a ser una Comunidad Autónoma perfectamente homologable a las Comunidades Autónomas históricas; que empecemos a reivindicar una nacionalidad histórica que nos corresponde como a uno de los pueblos formadores del Estado Español. Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Y tenemos que empezar y continuar, pues, mejorando el funcionamiento de estas Cortes. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a buscar soluciones a por qué aquí hay un funcionamiento tan poco ágil o por qué aquí se controla tan poco al Gobierno, incluso en estos temas tan importantes, o por qué aquí se producen tan pocas leyes, o por lo menos leyes que muchas veces no son lo suficientemente eficaces.

Yo creo que lo que tiene sentido en esta Comunidad Autónoma es desarrollarnos, desarrollarnos homogéneamente y, desde luego, muy lejos de lo que puede ser un desarrollo centrado en Valladolid; que he de reconocer que sí que existe, pero existe porque funciona mal la Administración Regional y mucho más la Administración Regional desde que está en manos del Partido Popular, y tienden a tenerlo todo controlado, a tenerlo todo atado donde está la sede del Gobierno. Yo creo que eso es hacerle un flaco favor a esta Comunidad Autónoma y es hacer un flaco favor porque fomenta, precisamente, la aparición de estos sentimientos locales que en nada nos sirven.

Yo creo que la Unión del Pueblo Leonés es castellana hasta en los defectos; y siempre los castellanos nos hemos caracterizado por mirar más lo que nos diferenciaba del vecino que de nuestros auténticos enemigos.

Yo creo que si algún "enemigo" tenemos aquí los ciudadanos de Castilla y León -y si se puede hablar en estos términos- pues son de los Gobiernos propios, que no cumplen, y son de los Gobiernos Centrales, pues que sistemáticamente nos olvidan, o nos marginan o nos discriminan a la hora de hacer presupuestos, a la hora de hacer inversiones, a la hora de darnos un desarrollo que muchas veces -y a nuestra historia más reciente me remito-, pues, se nos ha negado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Y sí decir que no entiendo esta historia, no la acabo de entender todavía, por más que se diga que, si no intervengo ahora, no tengo oportunidad de hacer explicación de voto. No entiendo un planteamiento que hace un miembro o un Grupo del Parlamentario Mixto y que se llegue a hacer planteamientos de esta naturaleza; y que conste que lo voy a reivindicar para otras oportunidades, porque también uno tiene necesidad y ganas de intervenir en muchas ocasiones y se le restringen turnos, en aras de no sé qué historias. Entonces, esto es una cosa que no acabo yo de entenderla muy bien.

Pero como me da igual utilizar este turno que hacerlo en explicación de voto, pues no hay por mi parte, por parte de Izquierda Unida, ningún tipo de inconveniente en expresar.

Expresar que no creemos conveniente en absoluto tomar en consideración la Proposición de Ley que se hace, entre otras razones, porque se arguye que no hay nada que nos condicione. Sí hay algo que nos condiciona. Hay algo que nos condiciona y lógicamente es, precisamente, la legislación que se pretende modificar. Lo cual uno puede entenderla, puede apoyarla, puede respetarla, puede modificarla; lo que no cabe la menor duda es que en un momento determinado se hizo una opción y se hizo una opción de diverso género y, entre otras, una opción política. Y una opción política en la que, lógicamente, tenían la oportunidad o había la oportunidad para que cualquiera de las provincias, cualquiera de las ciudades podía ostentar la máxima representación de la capitalidad y acaso, por ende, el que se planteen las presencias de las instituciones.

No obstante, todas las opciones nosotros las entendemos perfectamente válidas. Las instituciones pueden estar en cualquier lugar; se ha optado en un momento determinado por una concreta y es tan válida como las demás.

Si son por criterios económicos, pues no creo que se puedan sustentar teorías de esta naturaleza, entre otras razones, porque tendríamos que ir a ciudades que lo necesitan mucho más; y, posiblemente, más que León, si ustedes dicen que son la penúltima, bueno, pues el resto. Entonces, no creo que ésa sea la razón.

Pero no es la razón tampoco porque el problema, aunque se le quiera dar de lado desde el punto de vista geográfico, hay un hecho incontrovertible, y es el siguiente: esta Comunidad Autónoma, que es la más extensa de Europa, podía hacer el gesto de poner las Cortes en un extremo, el Ejecutivo en otro extremo y, en el de más allá, el Judicial; con lo cual, lógicamente, tendría que producirse lo que de alguna forma sí se intenta producir en el próximo Proyecto de Ley que vamos a discutir, que es multiplicar, septuplicar las instancias administrativas, que entonces haya en todo lugar y en todo momento la presencia de todos y cada uno de los elementos que constituyen el poder, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Pero, yendo a razones prácticas, y en un momento determinado yo las esgrimí, cuando era difícil plantearlas. Me acuerdo que estábamos en una mesa redonda el señor Aznar, el señor Laborda, el señor Sánchez-Reyes, y un medio de comunicación nos preguntó: "¿Capitalidad?" Y todo el mundo se calló. Yo no tuve ningún tipo de inconveniente en decir: "en algunas cuestiones, doblen ustedes el mapa por donde quieran, el centro está en un lugar determinado. Y lo que es muy difícil es mandar a los Procuradores y Procuradoras de Soria estar... cambiarse de domicilio o mandar a los de Béjar o de Salamanca que vayan a Las Merindades". Que todos los lugares se podía poner, con lo cual entendemos que lo que pueden ser razones económicas por un lado son, precisamente, razones antieconómicas para la mayoría de los casos, a título personal o a título colectivo.

Yo creo que el desarrollo económico no está directamente vinculado a estas cuestiones; es muy difícil que se puedan esgrimir argumentos de esta naturaleza. Y sí estaríamos dispuestos a secundar movilizaciones por regadíos, por desarrollo industrial, por desarrollo de servicios, y sí, incluso, por descentralización en otras muchas cuestiones, no precisamente en los términos en que se plantea o que se pretende por parte de Sus Señorías, vinculado exclusivamente a las Cortes de Castilla y León.

Y yo aprovecho para una cuestión, y es que el taifismo resulta absolutamente pernicioso. Nosotros en ningún caso seguimos defendiendo la concepción provincial -algunos sí lo hacen-; entendemos que debe de haber un todo y un uno, que está directamente vinculado a esta cuenca del Duero, por una parte, y que, lógicamente, habrá que buscar o encontrar fórmulas territoriales mucho más lógicas para que se pueda plantear. E, históricamente, díganme alguna de las grandes ciudades -y son muchas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León- que no hayan dispuesto, a través de la historia, de reuniones de Cortes, desde esa primera, que, efectivamente, sí fue en León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Por el Grupo Socialista, señor Crespo, don José María.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. ¡Hombre!, yo creo que algo hemos ganado hoy respecto del similar debate que celebramos allá por mil novecientos noventa y nueve, protagonizado también por don Joaquín Otero Pereira, y es que en esta ocasión nos honra con su presencia en el Hemiciclo y no se ha ausentado, como hizo hace dos años. Por lo tanto, creo que también para don Joaquín Otero, seguramente como para todos nosotros, los hábitos democráticos, los hábitos parlamentarios cada vez van tomando más carta de naturaleza y, por lo tanto, también la UPL se va acostumbrando a escuchar las razones y los argumentos que los demás damos en defensa de nuestras legítimas ideas.

Dicho eso, dicho eso, me da la impresión de que expresiones y valores que yo creo que son profundos en la tradición democrática -también en la tradición castellano-leonesa-, como la solidaridad, como la generosidad, como el diálogo, como el acuerdo, como el compromiso o como el consenso, todavía no han sido incorporados al lenguaje y a la cultura política de la Unión del Pueblo Leonés, que, legítimamente, utiliza la representación legítima que le dieron sus conciudadanos para seguir insistiendo en la máxima sede parlamentaria, que son... la máxima institución castellano-leonesa, que son las Cortes de Castilla y León, para seguir insistiendo en lo que es su objetivo fundacional, que es la ruptura de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Hace... hace dos años ustedes, que, puestos a escindir, se escindieron a sí mismos, tuvieron que presenciar... colaborar a un espectáculo que se dio en estas Cortes Regionales, en las cuales una compañera suya, que había sido elegida Procuradora en estas Cortes, intervino en este asunto...

(Murmullos.)

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Voy a hablar de las sedes y de lo que quiera porque estoy en mi turno.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, por favor, no interrumpan al orador. Cada uno ha tenido su turno.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

¿Eh? Voy a hablar de las sedes y de lo que quiera, como lo habéis hecho vosotros aquí.

Entonces, debatiendo sobre este asunto, ustedes, que pretenden segregar la Comunidad Autónoma, y que el mayor ejemplo que han dado aquí de segregación fue su propia ruptura hace dos años, tuvieron que soportar de una persona que se había presentado en sus propias siglas uno de los argumentos más coherentes, quizá el único, que yo le escuché a esa compañera Procuradora entonces. Y fue el siguiente, para votar en contra de ustedes mismos: "¿Cómo es posible que quien tiene como objetivo fundacional cuestionar la existencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León pretenda al mismo tiempo sustentar en la provincia a segregar el máximo órgano de representación de la soberanía de los castellanos y leoneses?". Eso lo dijeron desde sus propias filas, y yo creo que ese argumento sigue teniendo plena vigencia.

Mire, don Joaquín, no nos diga usted cuándo los Procuradores socialistas de León van a ir con la cabeza alta o baja a León. Irán siempre, siempre, porque habrán defendido aquí, con convicción, con pasión -y hasta el final de las sesiones- todo aquello que hayan creído conveniente para los intereses de los ciudadanos de León y también de Castilla. En definitiva, para los intereses de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. No tiene usted derecho a insistir aquí en que lo que es bueno para Castilla no es bueno para León, o que lo que es bueno para León no puede ser bueno para Castilla. Si ustedes insisten en ese argumento, ustedes, UPL, se van a convertir en un problema para la defensa de los intereses de León. Y hace muy poquitos días ustedes dieron un ejemplo de cómo no se pueden defender o no se deben defender los intereses de León, y perjudicaron a los intereses de León, cuando otro Procurador de la UPL -que está aquí- faltó al respeto que debe a otra provincia y a otra comarca, como es la Comarca de la Montaña Palentina, diciendo que le daba igual lo que pensaran allí, que, por sus "esos", la basura de León iba a ir a la Montaña Palentina. Pues, mire usted, la basura de León no fue a la Montaña Palentina, y ustedes hicieron un flaco favor a una necesidad que tenemos y que compartimos todos, como es la eliminación de residuos en Castilla y León. Y con otro lenguaje, con solidaridad, con diálogo y con acuerdos, también la basura de León se podrá reciclar en cualquier provincia de Castilla y León. ¿Por qué no? ¿Por qué no?

Por lo tanto, por lo tanto, no combatamos centralismo con egoísmo; combatamos centralismo con acuerdos, combatamos centralismo con más democracia, combatamos centralismo con más participación. No lo combatamos con egoísmos. Porque ustedes persiguen un centralismo leonés, al cual yo me opongo, porque quiero el centralismo democrático castellano-leonés. No le he visto a usted jamás defender en estas Cortes nada que no sea, desde su punto de vista, defender los intereses de León.

Por lo tanto, no le considero a usted en condiciones de recordarnos cómo las instituciones de Castilla y León, que han surgido por acuerdo, que han surgido por diálogo, que han surgido por consenso, deben modificarse por la propia y exclusiva voluntad del Grupo que ustedes representan. Un Grupo, por cierto -no tengo demasiada memoria- que salta a la vida pública allá por el año noventa y uno -me corrijan ustedes-, y viene a reprochar aquí posiciones políticas del Partido Socialista y de la Federación Socialista Leonesa del año mil novecientos setenta y ocho. Pues claro que mi partido, en el año mil novecientos setenta y ocho, defendía y pensaba, con honradez, que León, por sus condiciones históricas, económicas o del tipo que fueran, podía merecer una autonomía uniprovincial en mejor defensa de sus intereses.

EL SEÑOR .....:

(Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

No aproveche que beba agua, que ahora le respondo.

(Risas.)

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Ha cambiado que el Partido Socialista de León, como el Partido Socialista Obrero Español, como el Partido Socialista de Castilla y León, fruto del acuerdo, fruto del diálogo, fruto del consenso, fruto de la negociación, fruto del afán de construir, llegó a la conclusión compartida de que los intereses de León y de Castilla se defendían mejor en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y en torno a eso se creó un consenso amplísimo, que ha venido funcionando hasta ahora, y al cual ustedes no quieren incorporarse. Están en su derecho. Pero el Partido Socialista defiende la Comunidad Autónoma de Castilla y León como punto de encuentro, como proyecto común y como proyecto definitivo para resolver de forma compartida los problemas y los intereses del conjunto de los castellanos y leoneses. Y por lo tanto...

EL SEÑOR .....:

(Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Bueno, nos va como los ciudadanos quieran que nos vaya. No se instale usted en la arrogancia, no se instale usted en la arrogancia de tres votos que tiene ahora -que pueden ser algunos más-, porque al final, don Joaquín -y no quería decírselo-, todo el discurso que nos ha hecho usted de "evitar el rodillo de la derecha", de "un poquito más de poder para la izquierda", en el fondo, lo que me está diciendo aquí es que va a poner precio a su voto, como han hecho en el Pacto de León. Pues no es ésa la forma de hacer política que nosotros queremos: poner precio a los votos.

(Aplausos. Murmullos.)

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

No queremos esa forma de hacer política, ¿sabe? Entonces, si esto es cuestión de dinero, si esto es cuestión de dinero, pues ustedes serán un partido que se compra y que se vende, y que aprovecharán los votos que los ciudadanos les den para comprar y para vender su apoyo. Mientras los ciudadanos les voten será una forma que tienen de hacer política. Con nosotros, lo de comprar y vender votos ya le anticipo que no les va a ir bien.

Y aguante usted otro poco en el terreno de las ideas, no ponga ya precio a su voto ahora, no lo ponga ya. Falta tiempo, falta tiempo. Tenemos que seguir convenciendo a mucha gente, tenemos que seguir alcanzando acuerdos; tienen que poner en evidencia cómo les han engañado estos señores en el Pacto de León. Y, al final, acabarán todos dándonos... dándose cuenta -allí también, allí también- de que la defensa de los intereses generales no se defiende con acuerditos concretos en los cuales se aparentan soluciones que realmente no llegan.

Y como el tiempo se me agota, voy a terminar para decirles a los señores del PP -el Presidente de la Junta se ha ausentado en este momento-, decirle al Portavoz del PP que, por favor, no sigan ustedes dando oportunidades a que sigamos siendo víctimas todos aquí de maniobras coyunturales, oportunistas o como queramos llamarlas, en cualquier caso legítimas, en cualquier caso, legítimas. Y hay una forma de evitar que sobre estas materias volvamos a tener debates que, seguramente, pues nos gusten a nosotros, pero que no sean demasiado enriquecedores para el conjunto de la Comunidad. Y eso se consigue asumiendo ustedes de una vez el compromiso en torno a un ofrecimiento reiterado del Grupo Parlamentario Socialista, y de otros Grupos también, para que consensuemos el futuro de las sedes institucionales en Castilla y León. No puede ser que cada vez que se desarrolla institucionalmente nuestra Comunidad Autónoma nos venga el problema añadido inmediato de que tenemos que mirar de un lado a otro porque el problema inminente es dónde ubicamos esa sede. Eso no puede ser.

Porque, además, encima ustedes tienen ocurrencias... ocurrencias, ¿eh?, claro. Llega el Presidente... el candidato a Presidente de la Junta, asume, por fin, la necesidad de creación del Instituto de la Función Pública. Le preguntamos al señor Consejero de Presidencia, en su primera comparecencia: "¡Hombre!, por fin han venido ustedes a la razón: vamos a crear el Instituto de la Función Pública. Ya tenemos un problema: ¿dónde lo ubicamos?". "Tranquilos, no lo vamos a ubicar en ningún sitio, lo vamos a colocar en la Consejería de Presidencia." No es eso, ¿eh?, no es eso. Tenemos el Consejo Consultivo en marcha, tenemos el Consejo de Cuentas, tenemos más instituciones que vertebrarán, que tejerán, que coserán, que configurarán nuestra Comunidad, y no puede ser que el principal problema que tengamos cada vez es dónde la ubicamos. Y esa responsabilidad la tienen ustedes, y, por lo tanto, no den más ocasiones a que situaciones como ésta se planteen.

Pacten, negocien y propongan una proposición de ley que regule con carácter definitivo la ubicación del conjunto de las instituciones de Castilla y León. Nada más y gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Huidobro, don César, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ:

Gracias, señor Presidente. En nombre del Grupo Popular voy a intervenir para fijar la posición de nuestro Grupo en cuanto a la iniciativa de la UPL, para modificar o para cambiar la Ley que estableció las sedes básicas de las instituciones básicas en Valladolid.

Voy a intervenir haciendo una reflexión de por qué el Grupo Popular se va a oponer a dicha iniciativa. No voy a dar las razones que en su día se dieron de por qué está establecida o por qué se llegó a ese acuerdo. Creo que no es el momento hoy, y menos en una fijación de posiciones, de debatir con ustedes algo que no creo que en este momento tengamos que debatir, por las razones que, brevemente, espero exponer. No creo que sea el momento para que desde otros Grupos Políticos se nos eche en cara que nosotros podemos fomentar alguna posible iniciativa de este tipo. Estamos en contra de esas iniciativas porque creemos que son iniciativas estériles, iniciativas que no nos llevan a ningún sitio.

Esa reflexión que voy a hacer dice, poco más o menos, lo siguiente, y la he escrito porque creo que es una cuestión de mucha importancia.

El derecho de la autonomía que la Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho reconoce a las nacionalidades y regiones, y la regulación de su ejercicio en los Artículos 143 y siguientes, admitiendo la posibilidad de que las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas pudieran acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas, supuso un pistoletazo de salida en la carrera para alcanzar cuanto antes esa autonomía, ese autogobierno, que todas las regiones, que todas las provincias españolas estaban esperando.

El dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve tenemos la aprobación de los primeros estatutos de autonomía: el del País Vasco y el de Cataluña. En el ochenta y uno hay otro grupo. Nosotros -para que se tenga en cuenta lo que ha ocurrido con posterioridad- tuvimos que esperar al último momento, en el último grupo: el veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y tres, para que nuestro Estatuto de Autonomía quedara aprobado. Estábamos a la cola, teníamos problemas.

En muchos de estos Estatutos en los que he hecho referencia, la fijación de la sede de las instituciones se dejaba a lo que dispusiera una ley de la Asamblea Legislativa de cada una de las Comunidades Autónomas. Se hizo en el País Vasco, se hizo en Cataluña, se hizo en Galicia, se hizo en Andalucía, se hizo en más sitios; y entre los sitios que se hizo estaba Castilla y León. Castilla y León no se fijó la sede en los Estatutos, como se hizo en algunos sitios, sino que se dejó para que una ley de Cortes estableciera cuál era esa sede.

¿Qué refleja esta postura? Esta postura refleja las dificultades para consensuar desde el primer momento la sede de las instituciones básicas en muchas de las Comunidades Autónomas que se estaban constituyendo. Y reflejaba, igualmente, el gran interés que tenían todas las nacionalidades y todas las regiones en constituirse rapidísimamente en Comunidad Autónoma, dejando para más tarde, para un debate posterior, otros asuntos que, siendo de una gran importancia, podrían retrasar la aprobación de esos Estatutos.

Se daba preferencia al hecho de constituirse en Comunidad Autónoma sobre las discrepancias que surgían para fijar la sede de las instituciones. Tan clara se manifestó esta preferencia que, si bien en la Constitución se preveía la posibilidad de que no todo el territorio nacional del Reino de España quedara constituido en Comunidades Autónomas, lo cierto es que al poco tiempo, todo -menos Ceuta y Melilla, que se hizo con posterioridad- quedó constituido en Comunidad Autónoma. Ninguna parte del territorio de la comunidad de España quedó sin estar integrado en una Comunidad Autónoma.

Y esto no era un capricho, esto no era una casualidad. Era patente que la distribución territorial del poder en las Comunidades Autónomas permitía una mejor atención al servicio de los ciudadanos y en mejores condiciones que en un Estado centralizado. Eso estaba claro, así lo entendían los ciudadanos y así lo entendieron las provincias que pidieron constituirse en Comunidad Autónoma.

Pero las ventajas que el Estado de las Autonomías llevaba consigo no eran gratis: partidos políticos, entes territoriales, corporaciones y ciudadanos han perdido o han creído perder algo de lo que consideraban como más valioso en sus proyectos, en la construcción o para la construcción del Estado de las Autonomías. Éste es el panorama general, y Castilla y León no estaba fuera de este panorama. Es más, las condiciones de Castilla y León eran unas condiciones todavía más dramáticas que en otras Comunidades Autónomas. El Estatuto de Castilla y León se aprobó -como he dicho- de los últimos. En su aprobación inicial, la provincia de Segovia no estaba comprendida dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, quedaba como única provincia en régimen común, dentro de un Estado conformado territorialmente, en su totalidad, en Comunidades Autónomas; situación que dio lugar a que una Ley Orgánica -la 5 de mil novecientos ochenta y tres- tuviera que incorporar Segovia a la Comunidad. Ley que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que dio lugar a una Sentencia del Tribunal Constitucional que incluyó a Segovia dentro de esta Comunidad Autónoma.

Esto es reflejo de las dificultades que encontró esta tierra para constituirse en Comunidad Autónoma.

Pues bien, no fueron menos las peripecias que sufrió el proceso de fijación de la sede de las instituciones básicas. Fue necesario llegar al año mil novecientos ochenta y siete, al comienzo de la II Legislatura, para que todos los partidos con representación en esta Cámara, y por manifestaciones hechas fuera de esta Cámara para que todos los partidos que tenían alguna representación dentro de la Comunidad manifestaran su voluntad unánime de dar respuesta al mandato estatutario de fijar las sedes de las instituciones de autogobierno. Consenso imprescindible porque, para poder fijar las sedes, se necesitaban dos tercios. Y quiero que esto quede bien claro: dos tercios es el quórum suficiente y necesario para fijar las sedes; dos tercios para cambiar las sedes.

Consenso que concluyó con la aprobación de la Ley 13 de mil novecientos noventa y siete (sic.), cuya modificación se pretende por la iniciativa que hoy estamos debatiendo.

De los ochenta y dos miembros que asistieron, todos menos tres votaron a favor de ese Proyecto de Ley, sólo tres: dos de Burgos y uno de León votaron en contra; y lo hicieron no con el apoyo de los Grupos, sino en contra de sus Grupos. Y los dos que no estaban presentes -basta leer los Diarios se Sesiones- habían presentado escritos ante la Cámara justificando su ausencia, y, además de justificar su ausencia, apoyando la aprobación de la Ley. Lo que quiere decir que, de ochenta y cuatro Procuradores, ochenta y tres estuvieron de acuerdo en que las sedes estuvieran en Valladolid.

Es claro que los que vivieron aquellos momentos recuerden el dramatismo -voy a llamar dramatismo- de aquella votación. Y supongo que muchos de los que aquí están sentados, que estaban presentes en aquel Hemiciclo, no habrán olvidado fácilmente lo que vivieron.

Tengo la completa seguridad que todos y cada uno de los que votaron esa Ley a favor habrían preferido, con toda seguridad, fijar la sede de las instituciones en su ciudad o en su provincia. Pero sobre sus sentimientos primó la racionalidad, primó la necesidad de cerrar una etapa e iniciar una andadura que las demás regiones de España estaban recorriendo a toda prisa, y que se consideraba imprescindible si no queríamos quedar fuera de la marcha de las Comunidades Autónomas y del desarrollo que eso suponía. Cuantas ciudades manifestaban sus aspiraciones para ser sede de las instituciones básicas de la Comunidad reunían méritos más que suficientes -y aquí se ha dicho y se dijo en la intervención de aquel día-: méritos históricos, méritos culturales, méritos sociales, méritos sociales, méritos culturales y económicos para haber sido sede de estas instituciones. Así lo reconocieron todos los que intervinieron en esa sesión. Nadie osó provocar esa competición, porque todos sabían que los merecimientos eran iguales por todas las partes. La racionalidad, la necesidad de decidir los esfuerzos a considerar y sacar adelante esta Comunidad pudieron mucho más que esos sentimientos. Y, como hemos dicho, esos legítimos sentimientos para defender posturas justificadas fueron acallados ante la necesidad de terminar con una indefinición que ya duraba más de cuatro años y que lastraba todo avance de progreso en Castilla y León.

La UPL pretende reabrir este debate; lo hace menospreciando y casi me ha parecido entender que insultando al Presidente de la Comunidad. No me parece el mejor camino, si ha sido así -parece que lo niegan, lo admito-, para mantener una relación fluida y cordial con el Grupo Parlamentario que el Presidente preside. No me parece el mejor camino para resolver los problemas de esta Comunidad.

El Portavoz de la UPL yo creo que pensaba que estaba en un mitin o en alguna arenga... sus partidarios, porque nos ha dado lecciones al PP, ha dado lecciones al PSOE y nos ha contado cómo tenemos que hacer los Gobiernos en la próxima Legislatura, cuáles son los pactos que tenemos que hacer y cómo tenemos que contar con ellos para poder gobernar esta Comunidad Autónoma.

La verdad es que yo tomo buena nota de ello, no sé si estaré o no estaré, si todavía seguiré o no seguiré en estas batallas políticas, pero dentro de tres años hablaremos de esa materia y ya veremos a ver qué es lo que se puede hacer (que, si no estoy yo, estará el Grupo Popular -con toda seguridad-, que tendrá en cuenta sus consejos).

El Grupo Popular -y sigo insistiendo-, pues, haciendo uso de ese reconocimiento que nos ha hecho, que no estamos atados por ningún papel, haciendo uso de ese reconocimiento de que somos libres, el Grupo Popular, haciendo reconocimiento de esa libertad que la UPL nos ha reconocido, mantiene y defiende la Ley que tanto costó aprobar y que ha supuesto un gran avance para la consolidación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y va a votar en contra de la Proposición de Ley de UPL que pretende su modificación, reabriendo un debate que sólo serviría -como se ha dicho aquí hoy, en esta mañana- para distraer de la tarea a la que principalmente estamos llamados los Parlamentarios y a esta Cámara, y esa tarea es la más importante: prestar los mejores servicios y de la forma más eficiente y más eficaz a los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Señor Presidente... muy breve, muy breve. ¿No tenemos turno nosotros ahora?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

No, Señoría, no procede.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

¿No hay turno? Pero entonces, ¡vaya un debate!, que presentamos algo, nos contestan, nos aluden reiteradamente y no podemos replicar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Hay que respetar el Reglamento, que a todos nos obliga. Y no está previsto, después del turno de fijación de posiciones, que se reabra el debate.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Únicamente, Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Sino a la votación...

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Decir únicamente, por alusiones, que...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

No, Señoría, no... no, no, no. No le permito la palabra.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

¡Pues vaya Parlamento, que no se puede parlamentar!

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ..

..reglamentariamente. Se somete a votación esta Proposición de Ley. ¿Las Cortes toman o no en consideración la Proposición de Ley de la Unión del Pueblo Leonés, que pretende modificar la Ley de Sedes de las Instituciones de Castilla y León? ¿Votos a favor de la Toma en Consideración? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Votos a favor: tres. En contra: setenta y uno. No hay abstenciones. Y, en consecuencia, queda rechazada la Toma en Consideración de esta Proposición de Ley que acaba de ser debatida.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Señor Secretario, le ruego proceda a enunciarlo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

"Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para presentar el Proyecto, en nombre de la Junta, el señor Consejero de Presidencia y Administración tiene la palabra, señor Fernández Mañueco, lo que quiera.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ MAÑUECO):

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Antes de comenzar mi exposición, quisiera manifestar que constituye para mí una tremenda satisfacción el hecho de que una de mis primeras intervenciones en estas Cortes Regionales lo sea para presentar un Proyecto de Ley de tanta importancia desde un punto de vista de la capacidad de autogobierno de esta Comunidad Autónoma, como es el que hoy nos ocupa. Y que pretende disciplinar las normas conforme a las cuales debe ajustar su actuación el Gobierno y la Administración de Castilla y León, para la consecución de la labor que constitucionalmente se le atribuye, y que no es otra que la de la satisfacción de los intereses generales.

La Constitución Española dispone que, para la satisfacción de estos intereses generales, las Administraciones Públicas deben sujetarse a principios de tanta importancia como los de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Sobre la sólida base de tales principios constitucionales, se hace necesaria una regulación que, acorde a las necesidades de cada momento, venga a disciplinar el actuar de las Administraciones Públicas, erigiéndose de este modo en pieza clave de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y en la satisfacción de los intereses generales.

En el caso de la Comunidad de Castilla y León, la regulación de la materia viene constituida, en la actualidad, por el Texto Refundido de la Ley Reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León aprobado en el año ochenta y ocho. Texto que traía su antecedente en otro del año mil novecientos ochenta y tres.

No obstante, el marco proporcionado por el Texto Refundido de mil novecientos ochenta y ocho, se ha venido manifestando en los últimos años insuficiente para atender la realidad actual de una Administración cuantitativa y cualitativamente muy diferente.

Desde aquella fecha hasta el momento presente, la Administración Autonómica ha experimentado un importante proceso de crecimiento motivado, fundamentalmente, por la asunción de nuevas competencias.

Aun así, la consolidación de la norma anterior, derivada de una larga vigencia y del conocimiento que de la misma poseen los distintos operadores jurídicos, ha determinado la clara voluntad de respetar la experiencia acumulada, respetando todo aquello cuyo cambio no fuera imprescindible.

Sin perjuicio de todo ello, la propuesta remitida desde el Ejecutivo Regional postula por efectuar un nuevo texto en lugar de modificaciones parciales, con el claro objetivo de respetar al máximo el principio de seguridad jurídica.

El texto que se ha presentado ante estas Cortes parte -como no podía ser de otra forma- del absoluto respeto a la distribución competencial establecida en la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para fijar las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, pero acepta igualmente que las distintas Comunidades Autónomas puedan asumir importantes funciones.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su Artículo 32, proclama que... la competencia exclusiva de la Comunidad en materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno.

De este modo, el texto que ahora se presenta pretende recoger las especialidades de régimen jurídico y procedimiento que, en el marco de la legislación estatal, derivan de la potestad autoorganizadora de la Comunidad Autónoma; lo que la convierte en algo más que en una simple norma procedimental.

Bajo este planteamiento inicial, el texto presentado ante estas Cortes tiene por objeto regular en una misma norma los aspectos básicos del Gobierno de la Comunidad Autónoma y la Administración Pública de dicha Comunidad; en la concepción de que si bien una y otra tienen naturaleza y funciones distintas y perfectamente diferenciadas, la estrecha unión en su régimen funcional justifica sobradamente el tratamiento conjunto.

Esta filosofía ya inspiró la Ley de mil novecientos ochenta y tres y el Texto Refundido de mil novecientos ochenta y ocho, así como la regulación que en la materia han venido dictando muchas otras Comunidades de nuestro entorno.

En los Títulos I, II y III, el texto se ocupa de la parte más propia del Gobierno de la Comunidad, asumiendo la regulación de las figuras del Presidente, la Junta de Castilla y León, los Vicepresidentes y los Consejeros.

En esta materia la norma recoge sustancialmente los postulados del Texto Refundido de mil novecientos ochenta y ocho, y ello, básicamente, por la razón de que las grandes líneas estructurales, en relación a estas cuestiones, vienen ya prefijadas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. A ello debe añadirse la elevada operatividad y grado de consenso alcanzado en la regulación de estos aspectos contenida en la norma de mil novecientos ochenta y ocho, y que ha aconsejado su mantenimiento de manera prudente.

Ello no está reñido, en modo alguno, con la introducción de puntuales alteraciones, bien como consecuencia de las modificaciones experimentadas en el Estatuto de Autonomía -las más recientes datan del año noventa y nueve-, bien por exigencias técnicas o, por último, por razones de estricta técnica normativa.

Pero es en los Títulos siguientes cuando se ocupa de la regulación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, donde se introducen mayores modificaciones respecto del régimen jurídico actualmente vigente; lo cual se debe, sin duda, a la precisa adaptación de nuestra Administración Autonómica a la normativa básica dictada por el Estado sobre Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y a la necesidad de adaptar el entramado administrativo y su reglas de funcionamiento a las exigencias de la realidad actual.

Desde el punto de vista de las estructuras administrativas, se introducen importantes novedades para adaptar la organización a los fines perseguidos. Así, a nivel de órganos centrales se mantiene la configuración actualmente vigente, pero posibilitando la existencia en el seno de las Consejerías, cuyo volumen o características así lo exijan, de Viceconsejeros, en cuanto responsables de un sector específico de actividad dentro del mismo y como segunda autoridad del Departamento en su materia.

A nivel periférico se apuesta por el mantenimiento de las Delegaciones Territoriales únicas, sistema realmente válido, tal y como lo ha puesto de manifiesto la experiencia en esta Comunidad Autónoma y en otras con características territoriales similares, como la Comunidad Autónoma de Andalucía.

No obstante, en el ámbito periférico se introduce una importante modificación, cual es la creación de los Departamentos Territoriales. Su existencia resulta obligada en el momento actual en que, como consecuencia del incremento de competencias en las distintas Consejerías, motivado por el proceso de transferencias, aparecían varios interlocutores en el ámbito de la provincia para las competencias materiales de una sola Consejería. La creación de estos Departamentos Territoriales pretende unificar en una sola persona la gestión de las competencias de cada Consejería en el territorio de la provincia.

Una de las principales virtudes de la alteración que a nivel periférico se acaba de describir es que de ningún modo supone la creación de nuevos cargos, de nuevos altos cargos, en la Administración Autonómica, habida cuenta del carácter funcionarial que se conferirá a los jefes de los Departamentos Territoriales en la estructura administrativa.

Las necesarias previsiones en materia de organización y funcionamiento de la Administración General se incluyen en el Título V, donde, con el propósito de aportar las necesarias garantías de seguridad jurídica en la materia, se regula pormenorizadamente el sistema a seguir para la creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas, así como las reglas que disciplinan el funcionamiento de la Administración en el ejercicio de sus competencias.

En el Título VI se contienen las especialidades propias en la actuación de esta Administración, en lo relativo a actos que ponen fin a la vía administrativa, órganos competentes para conocer de recursos y reclamaciones administrativas, régimen de las disposiciones generales, y actos administrativos, así como las peculiaridades propias que deben regir el procedimiento de aprobación de las normas.

El Título se cierra con una breve referencia a cuestiones tan importantes como la contratación, la potestad sancionadora o la responsabilidad patrimonial; cuestiones cuyo limitado tratamiento en esta norma no es sino consecuencia de los estrechos límites que a las Comunidades Autónomas restan tras la detallada regulación otorgada por la normativa básica estatal.

Importante novedad en esta Ley también la constituye la incorporación en la misma de la regulación de la Administración Institucional y de las empresas públicas. El articulado recoge en esta materia las más recientes doctrinas que en el campo del Derecho Administrativo abogan por la exclusión de las empresas públicas del régimen general de aplicación al conjunto de la Administración Institucional.

En definitiva, considero que nos encontramos ante un conjunto normativo equilibrado, aunque complejo en apariencia, por las cuestiones que constituyen su objeto. Se trata, en fin, de un texto asequible para el ciudadano, que deberá encontrar en él un instrumento para hacer valer sus derechos ante la Administración, en cuanto garante de los intereses y derechos generales de los ciudadanos.

En la redacción del texto se han tenido en cuenta las aportaciones efectuadas por los catedráticos de Derecho de... de Derecho Administrativo de las distintas Universidades de esta Comunidad Autónoma, con el objeto de garantizar al máximo su operatividad en cuanto norma que ha de disciplinar la actuación del Gobierno y de la Administración de nuestra Comunidad.

El resultado -insisto- creo que resulta plenamente satisfactorio, en cuanto ajustado a las necesidades de una Administración compleja, con un elevado nivel competencial y, al tiempo, comprometido en la prestación de unos servicios con las más altas cotas de eficacia, eficiencia y proximidad, tal y como nuestro Estatuto exige, y tal y como nuestra sociedad nos demanda. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, señor Consejero. A este Proyecto de Ley han sido presentadas dos Enmiendas a la Totalidad, y para ocupar un turno a favor de cada una de ellas, una por el Grupo Mixto y otra por el Grupo Socialista, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, don Antonio Herreros.

Se ha cambiado el orden, ¿eh? He cometido el error de cambiar el orden. Tiene la palabra primero don Fernando Benito para defender la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Socialista, y luego interviene usted.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. Señorías, me corresponde defender, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la Enmienda a la Totalidad a la Ley de Gobierno presentada por el Gobierno.

Respetando y compartiendo el principio básico de la Administración, de servir a los ciudadanos con objetividad y eficacia, le tengo que decir, de entrada, señor Consejero, y a su Gobierno, que su Ley no lo hace así. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que su Ley no hace el servir a los ciudadanos con objetividad y con eficacia.

En primer lugar, sinceramente, porque su Ley es pobre de contenido; es una Ley poco innovadora; dota a la Administración y al Gobierno de mayores poderes discrecionales; tiene menos control este Parlamento; es cara e ineficaz en su aplicación, tanto en los servicios centrales como en los servicios periféricos; y no cumple, en definitiva, con los requisitos que este Grupo Parlamentario entiende que debe de cumplir.

Por lo tanto, pudiendo discutir sobre la idoneidad de hacer una ley separada de la de Gobierno y de la Administración, sí le quiero decir que su Ley no se ajusta a un modelo territorial, que es el que defiende este Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista en general; consolida, además, esa Administración periférica, que luego mencionaremos y desgranaremos de que es cara; rompe con el modelo que ustedes han venido preconizando de falsa austeridad; no incluye garantías y compromisos de control al Gobierno; suprime, además, anteriores obligaciones que tenía la Junta de Castilla y León, labores y funciones que nos parecen fundamentales mantener; no incorpora nuevos modelos y nuevos ámbitos de gestión, y excluye elementos claves de control retributivo y parlamentario y presupuestario, además de que no hace referencia, en ningún momento, a la formación de empleados públicos. Y, por lo tanto, en definitiva, es una Ley que no vale a este Grupo Parlamentario para la alternancia política.

Y, como digo, por empezar por desgranar alguno de estos argumentos, esta Ley de Gobierno podía haberse hecho en dos leyes separadas. Existen, desde luego, precedentes en todas las Comunidades Autónomas. Yo diría -por resumir- que las Comunidades Autónomas cuyas leyes de gobierno fueron las primeras en los años ochenta y uno, ochenta y dos, están ambas juntas en un mismo modelo normativo, pero es evidente que las nuevas competencias y la complejidad de la propia Administración hace que las nuevas normas de las Comunidades más recientes, como es Aragón, como es Asturias, como es Baleares, están desarrollando leyes separadas para deslindar lo que es la Ley de Gobierno -el Gobierno- de la propia Administración.

Por supuesto, no es una cuestión sustancial, pero sí es evidente que podría haberse hecho (tal y como recomienda el propio informe de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, que así lo aconseja).

Como le digo, un modelo territorial que ustedes no tienen definido. Es evidente que cuando.. que cuando se defiende al ciudadano, es evidente que la estructuración de la Administración debe ajustarse a la realidad. Y, en este sentido, ustedes no tienen un modelo de territorial definido y, por consiguiente... y por consiguiente no pueden tener un modelo de Administración consolidado.

Recientemente, en alguna contestación parlamentaria, tenemos conocimiento de más de diecisiete ordenaciones territoriales sectoriales diferentes, incluida, desde luego, la que ahora van ustedes a poner en marcha con esta Ley si, definitivamente, la aprueban. Nosotros incluiremos, como es lógico, incluiremos enmiendas referidas a nuestro modelo de estructura territorial, que es la comarca.

Respecto a la Administración periférica -que seguramente es uno de los elementos claves en la discusión- son ustedes los que desde hace bastantes años han defendido la estructura de Delegados Territoriales únicos, Jefes de Servicio Territoriales; y son ustedes los que ahora incorporan una figura intermedia, que usted hoy ha dicho que van a ser... no supone incremento de altos cargos porque van a ser funcionarios -que es lo mismo que dijeron con los Servicios Territoriales- e incorpora una figura intermedia que es el Director del Departamento... los Departamentos; además de que abre la puerta al aumento de numerosos Jefes de Servicio Territoriales, no uno por Consejería.

Yo a eso le tengo que decir, sencilla y llanamente, que los datos están ahí. Esto supone que, respecto al modelo que nosotros defendemos, en pesetas constantes año dos mil uno, hay un desfase de 1.000 millones de pesetas, más cara la suya que la estructura nuestra. Quiero decirle que podemos discutir las cifras; pero, desde luego, por ahí van los datos.

Y respecto a otra cuestión que siempre se ha cuestionado por este Grupo Parlamentario, quiero decirle que no es entendible que defiendan que van a darle de mayor contenido político los Delegados Territoriales, por una razón muy sencilla, porque ustedes mismos son los que se le han dado. Y baste recordar que en el año ochenta y nueve ya se asimiló a los Delegados Territoriales a altos cargos de la Junta, y que en el año siguiente, el año noventa, ya se les dotó del concepto retributivo correspondiente al ser altos cargos de la Comunidad de Castilla y León.

Por consiguiente, es muy sencillo: ustedes han incorporado a la categoría de político lo que ya era y lo que ya cobraba como tal.

Respecto a la preconizada austeridad, hay que reconocer que en el año ochenta y siete el Discurso de Investidura del Presidente Aznar, en su momento, cacareaba de la política de austeridad fundamentada en dos extremos: en la congelación de los sueldos de altos cargos -aquí nos podíamos extender suficientemente-; yo creo que el subidón del año dos mil uno, que ya es patente y conocido en todos los ámbitos, desmonta esta política de falsa austeridad. Pero, desde luego, existen cuestiones absolutamente claras que nosotros queremos dejar patentes: existen ahora, para nosotros, gabinetes ya ocultos, existen viceconsejeros ya ocultos. Por lo tanto, lo que afloran son situaciones que nosotros hemos defendido que ya se están dando en la Administración.

En cuanto a los gabinetes ocultos, o asesorías, o técnicos asesores, o asesores técnicas -como quieran llamarlos-, estamos hablando de una cifra de 800.000.000 de pesetas/año en la actual estructura de la Junta, alrededor de ciento treinta y cinco puestos, dedicada a lo que serían gabinetes ocultos.

En cuanto a la evolución de Coordinadores de Educación o coordinadores... o Viceconsejeros, estamos hablando, por supuesto, de hechos ya existentes, y, por supuesto, estamos hablando de gastos de incremento en lo que es capítulo del área de Presidencia, Capítulo II, de incrementos superiores al 1000% respecto al año que ustedes les gusta comparar, año ochenta y siete.

Respecto a la garantía de control, yo le quiero decir, francamente, que la redacción del Artículo 21 de su Proyecto de Ley es pobrísima, y pobre, y absolutamente simple, por una razón: el control parlamentario ha requerido la atención en otros documentos análogos de otras Comunidades Autónomas. Aquí la norma general es que o no se aprueban las iniciativas de la Oposición, o, si se aprueban, no se cumplan... Por cierto, que eso ha merecido más de una reflexión del Procurador del Común. Y nosotros, evidentemente, vemos que el texto adolece de ese control que el Parlamento debe ejercer al Gobierno, y, por lo tanto, enmendaremos en cuestiones tan absolutamente simples como la necesidad de que acudan al Parlamento, de que atiendan a las preguntas e iniciativas, o que proporcionen la información correspondiente; algo tan complicado que ha merecido la atención en la Comunidad, por ejemplo, de Madrid o en la Comunidad de La Rioja.

Es evidente -y así defendemos- que este texto suprime algunas de las obligaciones que tenía la Junta de Castilla y León y que pensamos que no deben de desaparecer. Por ejemplo, los cambios de estructura. El Artículo 33 de la actual Ley en vigor pone las condiciones, entre ellas -lo que es evidente- el informe económico para que la nueva estructura se compare con la anterior y demuestre su rentabilidad no sólo económica, sino social. El Artículo 43 del actual texto suprime, en definitiva, la base de la decisión, que es la base de la discusión política, se excluye al control de este Parlamento y a la obligación de la Junta de informar sobre el coste y la utilidad política y social.

Ya no hablemos de la complicación que hacen ustedes -por cierto, bastante curiosa- entre un texto borrador del veinticuatro de enero y otro texto del dos de febrero, según el cual... -yo creo que se ha equivocado su Secretario General y el informe que han adjuntado a esta Cámara, porque habla del texto anterior, habla del borrador anterior, no del definitivo- según el cual la Junta de Castilla y León es la que tiene que establecer la estructura orgánica y no la relación de puestos de trabajo, que se la han comido, seguramente porque lo que querrán regular posteriormente.

Respecto a la incorporación de... digamos, de políticas innovadoras en el documento, es evidente que en su texto no aparece algo que nosotros vamos a incorporar. Yo creo que a estas alturas, en Castilla y León, no apostar, en un texto de Ley de Gobierno y Administración, no apostar, y no decir, y no reconocer la realidad territorial a nivel de Entidades Locales o de Ayuntamientos es, desde luego, una carencia sustancial. Nosotros vamos a incorporar vía enmiendas -si ustedes tienen a bien atender alguna de ellas- la encomienda de gestión o los consorcios como gestiones concertadas de competencias concurrentes sin cesión de titularidad, y compartir, por lo tanto, las competencias y la dotación de servicios entre la Administración, los Ayuntamientos, las Comarcas o las Diputaciones.

No incorpora elementos de control retributivo y presupuestario. Mire, en este apartado yo quiero ser muy breve, pero decirle claramente: hay que especificar que el control parlamentario de los gabinetes se hace en la Ley de Presupuestos individualizados, así como las retribuciones de los altos cargos y, por supuesto, la exclusión de la famosa norma del antiguo Consejero de Fomento y actual Consejero de Industria, según la cual las retribuciones son las del puesto que desempeña, exceptuando solamente la antigüedad.

Por lo tanto, este tipo de control no se incorpora en ninguno de los apartados, ni los gabinetes... ni los gabinetes de los Viceconsejeros, ni los gabinetes de los Consejeros, ni, por supuesto, las retribuciones de los Consejeros en sí mismo.

Y respecto a la formación, parece mentira que en un texto de Administración no se haga una sola mención a lo que es la formación. Es una discusión absolutamente bizantina con ustedes, porque ya lo llevamos presentando en tres Leyes de Presupuestos, en un Proyecto de Ley, y, últimamente, en el punto anterior también se ha hablado. El Instituto de Administración Pública ustedes lo suprimieron en esa falsa política de austeridad en el año ochenta y seis y, por lo tanto, ante la necesidad de los empleados públicos de conocer la situación de la propia Administración, o conocer la necesidad de las instituciones como los Ayuntamientos en Castilla y León, o la coordinación existente entre diversas instituciones, nos parece que es fundamental -lo hemos reiterado-, y, por lo tanto, parece mentira que a estas alturas sigamos hablando de ese falso... de esa falsa Escuela de Administración Pública.

Y hay muchas mejoras que quedan pendientes en su texto, que las incorporaremos a nivel de proyecto... de enmiendas al Proyecto de Ley. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como la dimisión del... la interinidad del Presidente y la dimisión... en caso de dimisión por acceder a un cargo público. Es una cosa que hemos vivido hace muchísimos años aquí.

Objetividad, por ejemplo, en la profesionalización de la Administración en los puestos de las Secretarías Generales o de las Direcciones Generales. La responsabilidad penal, civil y patrimonial de los altos cargos de la Administración. O algunos olvidos como... que incorporan otras Comunidades como Madrid, Valencia, o el País Vasco, respecto a las Diputaciones, o respecto sencillamente a los regalos a los altos cargos, que también vienen recogidas.

En definitiva, hay motivos suficientes para profundizar en este Debate de la Totalidad, y eso espero en el turno siguiente. Es una Ley, para nosotros, anticuada, absolutamente obsoleta, poco innovadora -como le digo-. Es un concepto de Administración absolutamente cara e ineficaz en los Servicios Centrales y Servicios Periféricos. Por supuesto, la Junta -y en este caso el Gobierno- se dota de mayores poderes discrecionales.

Y, en definitiva, es una Ley que no vale a este Grupo Parlamentario y no vale para la alternancia política, y que, indudablemente, modificaremos en su momento. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para ocupar un turno en defensa de la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Antonio Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Vamos a compartir el turno en el Grupo Mixto, cuando son las quince quince, que ya es una hora bastante avanzada, que esto, en cierto modo, denota precisamente la forma de administrar este propio Parlamento, y que a lo mejor no era una... un Proyecto de Ley de tanta urgencia como para tener que apurar hasta la hora antes de comer, o para no hacer algo que venimos reclamando durante toda la mañana, y venimos reclamando, precisamente, que haya consenso. Pero para que haya consenso se necesita un prólogo, y ese prólogo, precisamente, es el diálogo.

Han esgrimido constantemente argumentos de esa naturaleza, planteando que se iba a extremar todo aquello que pudiera facilitar el diálogo a la hora de establecer planteamientos que, lógicamente, tienen trascendencia. No es una Ley para una cuestión menor; es una Ley que tiene fondo.

Y la verdad es que nosotros pretendemos lo mejor de lo mejor para el Gobierno Autónomo, sea cual fuere. Y lo mejor de lo mejor significa incluso que, bueno, pues si hace falta incrementar sustancialmente el número de los concurrentes o de los que compongan el Gobierno Autónomo, ¿por qué no? Pero eso tiene que encontrar una justificación, tiene que encontrar una explicación.

Y la verdad es que las mejores normas para el mejor Gobierno, hasta ahora no estamos consiguiendo entenderlas, compartirlas, no estamos observando, precisamente, que haya una agilidad, que haya una eficacia, que haya lo que se pretende desde el primer momento, que es esa reorganización de la estructura administrativa, de acercamiento de los servicios, de atender las demandas, y que, lógicamente, ha de llevar en toda esta circunstancia a satisfacer los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma.

De hecho, yo me atrevo a decir esto no... bueno, pues es una frase gratuita, sino que es evidente que siguen manteniéndose desequilibrios, y desequilibrios importantes; desequilibrios en distintos órdenes, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista social, incrementándose estos últimos de forma notable, e incluso incrementándose también los de orden territorial. Hay un oeste en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, hay un centro, hay un este, e incluso podíamos decir un centro y una periferia que, lógicamente, sí guardan unas diferencias, unas diferencias notables, que se van incrementando. Significa, lógicamente, que no estamos dando en la diana.

Y ahora se nos plantean modificaciones, y modificaciones en un Proyecto de Ley que hubiese sido mucho más efectivo -seguro, pero absolutamente convencido- si hubiésemos tenido la oportunidad de iniciar... iniciarlo con ese diálogo y con esa posibilidad de aportar la visión de cada lugar.

Es un Proyecto de Ley en el que, aunque les parezca lo contrario, las formas unilaterales lo único que están llevando adelante son la culminación de ese proceso que esta mañana nosotros denunciábamos. Se pretende, en cierto modo, cercenar todo lo que es el proceso autonómico, y quedan prácticamente, a nuestro juicio, en entredicho algunos de los aspectos que a nosotros nos parecen más esenciales o más vitales.

¿Y cómo lo hacen? Se hace mediante la complejidad administrativa, de tal manera que por no ser ni siquiera capaces de aumentar el número de miembros que formen el Gobierno -compromiso que en un momento determinado se estableció con aquellos criterios de austeridad que se les han puesto ya al hombro hace bastante tiempo-, resulta que ahora empiezan a buscar formulaciones nuevas con esas denominaciones de coordinadores, con esas denominaciones de viceconsejerías, que, en todo caso, nosotros ya poníamos de manifiesto en el Discurso de Investidura, para invitarle al propio Presidente del Gobierno a que no tuviese en esos aspectos miramientos, que si tiene que pasar el bochorno de que le digan aquello de "usted aumenta de nuevo o por primera vez el número de miembros en el Gobierno", de esta otra manera resulta que tiene que pasarse el bochorno de estar haciéndolo subrepticiamente de forma constante, de tal manera que el número de altos cargos que hay en estos momentos en la Administración no tiene parangón en absoluto con lo que inicialmente se había pretendido.

Pero si eso ocurre en el propio departamento, en la propia Administración Central de la Comunidad Autónoma, ahora se multiplican en un número... en virtud de las propias unidades administrativas, hasta el infinito; hasta el infinito, porque inicialmente se parte de la creación de departamentos, de la creación de negociados por cada una de las Consejerías, por cada una de las provincias, y esto supone, a nuestro juicio, un planteamiento de multiplicación extraordinaria. No lo miraríamos desde el punto de vista presupuestario, económico; lo miraríamos desde el punto de vista, posiblemente, de la complejidad, de la farragosidad, de la burocracia en definitiva, que no va a facilitarles la labor y que, lógicamente, choca con algunas pretensiones ya utópicas que teníamos desde algunas opciones, y que, en estos momentos, yo, al menos, quiero seguir enumerando.

Este territorio necesita no constantes debates de provincia por provincia, sino una concepción diferente porque en la mayor parte de las ocasiones todas las provincias se interdigitan, se intercomunican, y, a la postre, no hay una delimitación, sino una frontera efímera, una frontera sin mucho sentido. Esto, lógicamente, hace que se esté alimentando el taifismo. A lo mejor, si encontrásemos, o intentásemos encontrar fórmulas de planteamiento comarcal, e hiciésemos que las propias Diputaciones pudieran ser órganos que estuviesen conectados a la propia Administración Autonómica, simplificaríamos de manera extraordinaria todo este planteamiento, haríamos un proceso de democratización de las Diputaciones, que en estos momentos son fenómenos puramente clientelares en la mayor parte de los casos, desde el punto de vista político, y, lógicamente, encontraríamos en esa simplificación una mayor eficacia desde el punto de vista administrativo.

Y, desde luego, a nuestro juicio, con lo que se nos plantea en la actualidad como alternativa, va a suponer una Administración, a nuestro juicio, más cara, posiblemente más ineficaz, en ningún caso va a recuperarse el proceso de reequilibrio territorial mediante el sistema de contemplar en igualdad de condiciones cada uno de los estamentos o de los territorios, y, lógicamente, toda esta Administración va a significar una división mayor, un taifismo mayor, y una mayor complejidad.

Es por lo que nosotros creemos que estamos a tiempo... -porque no es urgente- en retomar el Proyecto de Ley... ya sé que usted se lo ha encontrado encima de la mesa, que no era una cuestión que hubiese partido de usted inicialmente, pero retomarlo, sin ningún tipo de urgencia, para poder conseguir la efectividad, de cara al futuro, para este Gobierno y para cualquier otro.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para compartir el turno, por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra don Joaquín Otero.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, ya sé que usted no tiene la culpa, que ya se lo dieron hecho, pero vaya bodrio de Ley, vaya bodrio de Ley. Mire, yo, como las leyes que nos llegan, y que vamos a enmendar, y queremos trabajar constructivamente -pese a nuestras discrepancias ideológicas-, cuando me puse a leer la Ley, le eché un vistazo, mire, y llegué al Artículo... me parece que es el 40..., exactamente al Artículo 40, y veo: "Órganos centrales". "La ubicación de la administración, órganos centrales", dije: bueno, que sean estos unos centralistas en las sedes de autogobierno, mal; hoy lo hemos criticado. ¡Hombre!, pero ya esto... Pero que todos los órganos centrales de la Comunidad, por Ley de Gobierno, tengan que estar en Valladolid. ¡Pero hombre!, ya huele el tema.

Señor Consejero, insisto, sé que a usted ya se la dieron hecha, pero, bueno, para alguien tengo que mirar. ¡Pero hombre!, es que esto... Mire, ya se me quitaron las ganas de hacer enmiendas, se me quitaron las ganas, ni siquiera, de venir a defenderlas, se me quitan las ganas de votarla. Esto no vale absolutamente para nada. Esto es un bodrio centralista que pueden ustedes tirar a la papelera ya, si tienen un mínimo de dignidad, entre otras razones porque no es constitucional. Usted es abogado -me parece- ¿no? Bueno, entonces, usted sabrá como yo que el principio de jerarquía normativa dice que una Ley Orgánica, como es el Estatuto de Autonomía, de norma de rango superior... -el Presidente también conoce y sabe Derecho- en la jerarquía normativa una Ley Orgánica como el Estatuto es norma de rango superior a una Ley de la Comunidad de Castilla y León.

¿Sabe lo que dice el Estatuto de Autonomía sobre la ubicación de los órganos centrales de la Administración? Se lo leo: "La Junta de Castilla y León determinará la ubicación de los organismos o servicios de la Administración de la Comunidad, atendiendo a criterios de: primero, des-cen-tra-li-za-ción, eficacia, coordinación de funciones y a la tradición histórico-cultural". Des-cen-tra-li-za-ción. ¿Sabe lo que dice la Ley del bodrio este que nos han traído? Que todo en Valladolid, que todo en Valladolid. Dice el Artículo 49: "Los órganos y unidades administrativas centrales se ubicarán en la capitalidad en que tienen su sede las instituciones básicas de la Comunidad..." -ya quedó claro en el anterior debate: Valladolid- "...o en los términos municipales de su entorno, en caso de necesidad o conveniencia apreciadas por la Junta de Castilla y León". Fuensaldaña, Boecillo, etcétera, etcétera, etcétera. Va-lla-do-lid. ¿No queréis centralismo, parece que nos estáis diciendo? Tomar dos tazas. Ya no solamente todas las sedes en Valladolid, sino que los órganos centrales de la Administración también en Valladolid. Eso sí, excepcionalmente, a lo mejor pueden viajar a algún otro sitio, excepcionalmente.

Mire, señor Consejero, con esto, el resto de la Ley ya no sirve para nada. Pero es que, insisto, esta Ley es inconstitucional, no respeta al principio de jerarquía normativa, va en contra de lo que establece y preceptúa el Estatuto de Autonomía.

El Estatuto dice: "Órganos de la Administración. Descentralización". La Ley dice: "Órganos de la Administración. Todos en Valladolid". Toma ya.

Y, además, no solamente es ilegal, sino que vamos a tratar de demostrar que es ilegal en los Tribunales. Vamos a tratar de demostrar que esto es ilegal en los Tribunales.

Mire, hay cuestiones, como el tema de las sedes, en las cuales no podemos acudir a los Tribunales; ¡ojalá pudiéramos!, pero son criterios estrictamente políticos Éste no, salvo que modifiquen ustedes el Estatuto de Autonomía.

Y, con esto, ¿qué vamos a seguir hablando? Con esto, centralismo, toma dos tazas a falta de una. Todo para Valladolid. ¿Le parece bien a usted eso? Bueno, si a usted se la dieron hecha.

Señor Presidente de la Junta ¿me entiende usted lo que le digo? Las sedes en Valladolid. Lleve algo para Burgos. Los órganos centrales de la Administración en Valladolid, y las Delegaciones Territoriales a las provincias; sólo faltaba. Hombre, y si las pudiera quitar, pues, también mejor. Poco peso político y mucha burocracia para las Delegaciones Territoriales, que así se quitan ustedes aquí el muerto de la burocracia; pero nada más. Pero las decisiones políticas de la Administración, también en Valladolid.

Y con esto, y con el hambre que tenemos y con las pocas ganas de perder el tiempo, ¿qué quiere que le diga? Mire, primero que ya renuncio al siguiente turno. Claro, para poder marchar cuanto antes. Porque esto no tiene ningún sentido, de verdad, de verdad. ¿Pero es descentralizar ubicar todos los órganos de Valladolid? Y si me dice usted: "Bueno, ya lo revisaremos en el debate parlamentario, hay luego enmiendas presentadas -una de ellas nuestra-, ya lo debatiremos". Bueno, pues todavía nos cabe esa esperanza. Pero es que me ha dado la impresión de que, en este tema, tienen ustedes tan pocas ganas de debatir como en el tema de las sede de las Cortes; las mismas pocas ganas de debatir.

Y luego, la otra enmienda importante, o la enmienda que encabeza el otro grupo importante es la organización periférica. Mire, lo único que había que nos gustaba del anterior Estatuto de Autonomía es que decía que la organización periférica se iba a canalizar a través de las Diputaciones Provinciales. Van, reforman el Estatuto, y ya ni eso. Es que son molestas las Diputaciones. Todo lo que suene a provincia va en contra de todo lo que es una región, ¿verdad? Yo entiendo que eso de las Diputaciones, si pudieran cargárselas... cuanto menos peso, mejor. Las fronteras provinciales, es que no permiten la vertebración de la Comunidad, así que ¿cómo les vamos a dar competencias a las Diputaciones? De tal manera que imagínense ustedes a los ciudadanos.

Mire, yo que soy de Ponferrada, cada vez que tengo que hacer alguna gestión tengo que averiguar si es en la Delegación de la Diputación en El Bierzo, en la Delegación de la Junta en El Bierzo, en las dependencias del organismo correspondiente, en las oficinas del Consejo Comarcal de El Bierzo, en el Ayuntamiento de Ponferrada..., pero si no hay quien se aclare con tantas Administraciones. Si era lo único bueno que había en el anterior Estatuto, que fueran las Diputaciones las que gestionasen los servicios periféricos de la Junta; y se lo cargan. Claro, se lo cargan porque también lo incumplían; no cumplían ni en Estatuto, porque, aun manteniendo ese precepto el Estatuto, hacía años que no lo cumplían porque ya habían creado las Delegaciones Territoriales.

En definitiva, señor Presidente, señor Consejero, de verdad, mire, con el Artículo 40 de la Ley no podemos seguir hablando. Si usted me dice: "Hablamos de él en la tramitación parlamentaria, hay posibilidades de modificarlo y descentralizar, efectivamente, cumpliendo lo que dice el Artículo 3 del Estatuto de Autonomía". Si usted me dice eso, de acuerdo. Pero si usted me dice que ese artículo ya es innegociable, de verdad que retiro todas las enmiendas y me niego a participar, ni como enmendante, ni como votante, en un Proyecto de Ley bodrio como éste, que lo que hace es consagrar definitivamente, consolidar definitivamente el centralismo al que somete esta Junta de Castilla y León a esta desgraciada Comunidad para ocho provincias -que no para nueve-, porque Valladolid está encantada.

Pero si usted me dice que hay posibilidad de modificarlo, seguimos adelante. Seguimos en la ponencia, seguimos en la Comisión. Si usted me dice que eso es inamovible, pues, nada, retiramos las enmiendas, nos olvidamos del bodrio, y, por lo menos, tendremos la conciencia tranquila al no haber participado, ni por activa ni por pasiva, en una Ley -insisto- que consagra ya hasta límites insufribles el centralismo de Valladolid. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para ocupar un turno en contra, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra don César Huidobro.

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ:

Gracias, señor Presidente. Señorías, intervengo para consumir un turno en contra de las Enmiendas de Totalidad presentadas por el Grupo Mixto y por el Grupo Socialista a la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que en el día de hoy ha presentado el Consejero de la Junta de Castilla y León.

Hay muchos puntos en común en cuanto a la... al rechazo que ha hecho el señor Herreros con el rechazo que ha hecho de la Ley de Gobierno el señor... el Portavoz del Grupo Socialista. Hay muy pocos puntos de coincidencia con el rechazo que de esta Ley ha hecho el Portavoz de la UPL. Por lo tanto, voy a hacer una pequeña reflexión respecto a esta última intervención, y haré luego una intervención conjunta para responder a ambos Portavoces.

Lo cierto es que un fino jurista como es el señor Otero, y ha presumido aquí de ello y ha echado piropos al Consejero como jurista, no debería de haber hecho el final, el estrambote que ha hecho en su intervención. "Si ustedes no retiran o modifican el Artículo 49, yo me voy. Yo no voy a participar, yo retiro las enmiendas, y no cuenten conmigo para nada". Ha demostrado usted en su intervención algo que el Portavoz del Grupo Socialista en la intervención anterior le ha echado en cara: no pueden chantajear. Usted no puede decir aquí que dejar de participar si no le retiran o le modifican. No puede. Usted tiene que seguir participando sabiendo que va a perder. Ha estado usted en la Oposición, está en la Oposición; yo he estado mucho tiempo en la Oposición. El que está en la Oposición sabe que debate, expone sus ideas y la mayor parte de las veces las pierde, pero tiene que seguir luchando y batallando, porque es la única manera de que, un día, quien está en la Oposición pueda llegar a gobernar. Eso no me parece que sea lógico.

Y la segunda parte es que un fino jurista como el señor Otero no puede, no puede decir que los órganos centrales se encuentren en Valladolid; es una barbaridad. Porque, mire usted, si la sede de las instituciones básicas, que es la Junta de Castilla y León, está en Valladolid, los órganos centrales, los órganos centrales tienen que estar en Valladolid. Porque si el cuerpo de una persona está en Valladolid, usted no puede pedir que su esófago, o sus pulmones, o su estómago esté en León, porque, entonces, lo que habría hecho usted -que yo creo que es lo que quiere- es cargarse la Comunidad de Castilla y León.

Bien. Creo que, puesto que no vamos a modificar en el sentido que usted quiere, la contestación ya está dada. Si usted quiere participar, será bien admitido para colaborar en la mejora de este texto; esté seguro que hay algunas cosas que se puedan mejorar, como ha ocurrido en otras muchas leyes. Y si no quiere colaborar, pues, mire, echaremos de menos su participación, que no cabe duda que en algo ayudaría a contribuir.

El Grupo Socialista y el Grupo... y el señor Herreros coinciden o parecen coincidir, en el debate que se ha hecho, en algo muy importante, y es en el ámbito territorial de la ubicación de los órganos periféricos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Ése es un tema que les preocupa. Entonces, ustedes dicen: no puede ser que tengamos todo, que utilicemos la provincia única y exclusivamente como punto o como ámbito territorial para la prestación de servicios. Yo creo que ésa es una equivocación que hay que dislumbrar. ¿Pueden estar los órganos periféricos en la provincia...? Y así lo dice el Estatuto de Castilla y León como regla general, hay un artículo que se refiere a ello, que la provincia es el ámbito territorial para la ubicación, para la prestación de los servicios. ¿Pero pueden prestarse servicios, como se están prestando en este momento, a través de algo que ha criticado don Fernando, en esta materia, habiendo sectores o ámbitos territoriales distintos para la prestación de servicios distintos? Nosotros, ha quedado claro que el Grupo Popular no es partidario de comarcalizar con límites definidos esta Comunidad Autónoma, y organizar la Comunidad Autónoma en comarcas, y que sean las comarcas el ámbito territorial para la ubicación de los órganos periféricos de la Comunidad Autónoma. Es un debate que hemos hecho en muchas ocasiones y yo creo que no vamos a seguir haciéndolo. Ustedes son partidarios de la comarca; nosotros somos partidarios de la provincia. Y como tal, nosotros hacemos, como ámbito territorial ordinario -que puede haber excepciones- la provincia, para la colocación de los órganos periféricos de la Comunidad Autónoma. Ése es nuestro criterio, y, por lo tanto, en eso no podemos encontrarnos.

¿Dónde podemos encontrarnos? Podemos encontrarnos en que aun siendo, teniendo su ubicación los órganos periféricos en la provincia, sin embargo, puede haber servicios que se puedan prestar, sin estar allí el órgano, o estando una unidad administrativa -que no es un órgano administrativo-, estando en esa zona, estando en ese núcleo donde... de especial atracción, donde se puede prestar el servicio. Ahí podemos encontrarnos. Y ahí hemos hecho esfuerzos, con su colaboración, en algunas comarcas, en algunas zonas, o en algunos pueblos, o en algunos núcleos, como son Ponferrada, como es Aranda, como es Miranda, o como es el Valle del Tiétar. Por ahí podemos ir. Por la otra parte, saben ustedes que hemos debatido mucho sobre esta materia.

Dice el Partido Socialista: "esta Ley no puede seguir adelante porque tendrían que haber hecho ustedes una Ley de Gobierno y una Ley de Administración". Se lo admito. Es una posibilidad. Nosotros hemos cogido el admitir, el llevar una sola Ley, una Ley que comprenda la Ley de Gobierno y la Ley de Administración por una razón fundamental: primero, porque así veníamos tradicionalmente haciendo con esta Ley; segundo, porque, si vamos a apoyarnos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León -que aquí se ha hecho referencia a él-, para hablar de la Ley de Gobierno y la Ley de Administración, fíjese usted como está regulado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León estas materias: hay un Capítulo dedicado al Presidente, hay un Capítulo dedicado a la Junta y hay un Capítulo dedicado al Ámbito Territorial.

Por lo tanto, nosotros, si hemos acudido a este sistema es por no romper con una tradición que ya tenemos y porque se ajusta, perfectamente, a la regulación que de esta materia se hace por el Estatuto de Castilla y León.

De todas maneras, no hacemos cuestión de debate, porque, efectivamente, tan bueno es lo uno como es lo otro. Lo que no es... es imprescindible, como se dice por el Partido Socialista, que sean dos leyes. Si hay una sola Ley y está dividido, como ocurre en esta materia, en este momento, en este Proyecto que presentan, perfectamente está definido.

Dicen ustedes que el modelo que tienen de Administración, que tienen ustedes -que tienen ambos, porque han coincidido en muchos aspectos-, es un modelo que ustedes tienen y que el Partido Popular no tiene ningún modelo. Si algo tiene el Partido Popular especial y, además, que partió de ese modelo en el año ochenta y siete, y que ha sido copiado por algunas Comunidades Autónomas que como ésta empezaron por un modelo distinto, es un modelo, un modelo de Administración basado en algo que nosotros consideramos muy importante: la Junta, el Presidente, en Valladolid como instituciones básicas dentro del Gobierno y de la Administración; y en las provincias un Delegado, una Delegación Territorial única.

¿Por qué optamos por ese... y seguimos optando por ese modelo? Optamos por ese modelo por algo muy importante. Se ha debatido aquí, se ha debatido aquí, en esta mañana, que esta Comunidad, o se ha expuesto, es una Comunidad en el que la provincia sigue pesando de manera muy importante, incluso se ha hecho referencia, por el señor Herreros, que sería bueno olvidarse de la provincia para que tuviéramos una política de tipo general que afectara o que pudiera resolver los problemas de todos. Muy bien, pues nosotros pensamos que una manera de consolidar la Comunidad Autónoma de Castilla y León, una manera de consolidar, de que todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma supieran que existía un Gobierno y un Gobierno Central, un Gobierno de la Comunidad Autónoma, un Gobierno de toda la Comunidad, es tener una sola representación de esa Comunidad Autónoma en cada provincia. Y en aquellas Comunidades Autónomas en las que ustedes gobernaban y que empezaron teniendo Directores Provinciales por cada una de las Consejerías, han dado marcha atrás, y en este momento han considerado que es muy importante que haya una representación única, y donde no han puesto una representación única han puesto un Coordinador de Directores Provinciales (que llámele usted hache, pero que es un Delegado Territorial único).

Hablan ustedes de que está sobredimensionada la Administración Provincial. Y hablan porque la creación de estos Jefes de Departamento Territoriales vienen a aumentar de manera indiscriminada y arbitraria los puestos de altos cargos. No son altos cargos, son funcionarios. Y yo quiero recordar aquí que esto es bueno para los funcionarios. Que en las provincias haya la posibilidad de llegar en la carrera administrativa hasta Jefes de Departamento, desde mi punto de vista, es muy importante. Porque los Jefes de Departamento, porque los funcionarios que estén en las provincias, para que puedan prestar un buen servicio, también tienen que ser atendidos. Y esta es una manera, entre otras muchas, de considerar, de reconocer la consideración que un Jefe de Departamento tiene dentro de cada una de las provincias. Por lo tanto, lo consideramos muy importante. Y como en muchas ocasiones no será necesario además del Jefe de Departamento un Jefe de Servicio, no se está sobredimensionando.

Tampoco hay un sobrecoste, ni siquiera aumentando los Consejeros o aumentando la posibilidad de que los Consejeros tengan gabinete. Porque, miren ustedes, yo esto lo he debatido mucho, ahora y antes, si damos marcha atrás, si nos vamos al año ochenta y seis, cuando el Presupuesto de la Comunidad Autónoma eran 60.000 millones, y ahora son 800 y pico mil millones, y contamos el número de altos cargos que había entonces, y contamos el número de gabinetes de personal eventual que había en gabinetes entonces y el que hay ahora. Bueno, yo creo que es para que automáticamente dejaran de impugnar, dejaran de criticar, este Proyecto de Ley.

En el año mil novecientos ochenta y seis el Gobierno Socialista había ciento treinta y cuatro altos cargos. En el año mil novecientos... en el año actual, sesenta y seis altos cargos tiene el Gobierno Popular. Ciento treinta y cuatro a sesenta y seis. En el año mil novecientos ochenta y seis el presupuesto de gastos para personal eventual de los gabinetes era de 154.000 millones. En este momento, en la Junta de Castilla y León, son 34.000 millones. Y le sigo diciendo: no teníamos competencias en sanidad, no teníamos competencias en educación, no teníamos competencias en acción social, no teníamos... No teníamos ninguna competencia: 60.000 millones, 60.000 millones de presupuesto. Y ustedes nos están diciendo que estamos... que esto es un derroche, que estamos inflando, tiene un coste tremendo. Coste sería si, siguiendo su proyecto, en vez de tener un ámbito territorial por provincia, eligiéramos un ámbito territorial de comarca, porque si dijéramos en comarca, ¿qué van a poner en cada comarca? Un Delegado, un Director Provincial, el de Presidencia en Aranda, el de Fomento en Miranda, en Los Pinares pondríamos... ¿o vamos a poner todos y cada uno de los sectores de las Consejerías en cada una de las comarcas y vamos a pedir que cada uno vaya a resolver sus problemas ahí? Eso sí sería inflación, eso sí sería inflación de funcionarios y un sobrecoste excesivo. Por lo tanto, no nos digan que hay un sobrecoste.

Dicen que es que en esta Ley no se da cuenta, no existe el control político. Hay un artículo dedicado concretamente a decir que tiene, que el Gobierno está sometido al control político.

¿Ustedes quieren que en esta Ley incluyamos lo que tanto tiempo se lleva debatiendo en el Reglamento de esta Cámara? ¿Ustedes quieren que sea el Gobierno que mediante un Proyecto de Ley que trae a esta Cámara, con el apoyo de la mayoría, establezca cómo se va a controlar al Gobierno? ¿Y no creen ustedes que es mucho mejor que en el Reglamento de la Cámara nos pongamos todos de acuerdo, si lo conseguimos, para decidir cuántos... cuántas veces tiene que contestar el Presidente, cuántas o cómo tienen que venir los Consejeros, qué pasa con las Proposiciones No de Ley, que es algo que ustedes están planteando aquí? Ustedes quieren regular en la Ley del Gobierno y en la Ley de la Administración problemas presupuestarios como la retribución de los Consejeros. Quieren regular el control del Gobierno. Quieren ustedes traspasar de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cómo tiene que responder el Gobierno ante esos tribunales, que está perfectamente definido. Quieren regular cómo... qué efectos tienen que tener las Proposiciones No de Ley o las Mociones, que está perfectamente definido en el Reglamento.

Miren ustedes, yo creo que lo único que están haciendo es intentar presentar una oposición, sin mucho contenido. Hasta tal punto creen ustedes o tienen ustedes falta de base que están intentando que en esta Ley se cree el Instituto de la Función Pública. Pero, vamos a ver, dentro de la Ley que regula el funcionamiento, la organización y funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma, ¿ustedes creen que se puede decir un organismo de la... un Instituto de la Función Pública? Yo creo que no. No es el lugar. Y, como no es el lugar, nosotros pensamos que ustedes no están haciendo realmente algo... una verdadera oposición, una verdadera Enmienda de Totalidad. No lo están.

Ni tampoco tienen ustedes ninguna presentación, ninguna cuestión en otras materias. Hablan ustedes de las relaciones con las Cortes. No viene regulada las relaciones con las Cortes. Miren ustedes, en el Estatuto de Autonomía viene con claridad cuál es la postura del Gobierno y cuál es la postura de las Cortes. Y yo creo que incluso a algunos Consejeros, cuando están agobiados, les gustaría que el Estatuto de Autonomía no dijera lo que dice, porque lo que dice es que el Gobierno está sometido al control político de las Cortes. Lo está el Presidente, y lo están los Consejeros, y tienen que responder. Y eso no hay por qué irlo repitiendo en cada disposición, incluso con norma de rango... de norma de orden de Consejería para que eso quede expuesto.

Existe control político. Existe una Ley de Gobierno que regula con seriedad y existen nuevas figuras de Consejeros, en las que el Consejero de Presidencia no solamente lo ha presentado como una novedad, como una novedad interesante, porque hoy se consideran necesarios en algunos campos como puede ser la Consejería de Educación y Cultura -no lo serán en otras-, la de los Delegados Territoriales... digo, la de los Jefes de Departamento, que van a dar, no solamente un mejor servicio, sino una dignidad a los funcionarios que ocupen estos puestos y una mejor representación.

Y estamos aquí intentando resolver esos problemas, no los problemas de retribuciones, no los problemas de control parlamentario al que lógicamente tiene que estar sometido el Gobierno. Hoy no se concibe que los actos políticos... -y, sin embargo, ustedes lo defendían en su momento-, que los actos políticos del Gobierno no queden sujetos a la Jurisdicción Contencioso-Administrativo; a nadie se le ocurriría decirlo. Y con ello eso está recogido; y no es necesario que nosotros sigamos recogiéndolo en una Ley como es la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por eso, señores socialistas, por eso señor Herreros, nos vamos a oponer a su Enmienda. Por eso les ofrecemos que mejoras, que no cabe duda que hay que realizar dentro del articulado, algunas de las que ha hecho referencia al cese del Presidente o a algunas de las situaciones que se crean, tengamos que mejorar el texto, se ha hecho en otras leyes y estamos dispuestos a que en esta también se haga. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para turno de réplica tiene la palabra, por parte del Grupo Socialista, señor Benito.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. Y voy a ir directamente al grano por una razón. Mire, si es políticamente incorrecto algo en un debate de una Ley es que el Grupo Popular ponga a un Ex Consejero de Presidencia; podía haber compartido con algún otro de su Grupo y así hubiera sido más jocoso, porque ya con dos Ex Consejeros de Presidencia hubiera estado bastante gracioso. Por cierto, catorce años y usted no tuvo esa necesidad de hacer nada en la Ley de Gobierno que estaba vigente desde el año ochenta y ocho.

Bien, dos cuestiones previas al debate, al debate de la propia Ley. Chantajes. Sólo le voy a decir que el chantaje ustedes son los que lo propician haciendo pactos, como el que han hecho en León, y pactos que pretenden hacer en otras ciudades como en Burgos. Luego eso es lo que tienen que tener ustedes cuidado.

Respecto... Sí, sí. Respecto a las comarcas, no. Muy sencillo, son ustedes los que en el famoso documento de ordenación territorial han representado una cosa que se llama "áreas funcionales" y otras cuantas cosas, que a mí me gustaría saber qué semejanza tiene eso, por ejemplo eso, con la Ley de Administración de la Comunidad. Pero podían ser los diecisiete otros modelos, que son el Plan Forestal, las SAC... en fin, cualquier otra de las diecisiete organizaciones territoriales sectoriales que, como le he dicho, existen, y que, por lo tanto, usted me tendrá que decir a mí -que es el que presenta la Ley- qué va a hacer de Administración en esas áreas absolutamente funcionales o comarcales, o como usted quiera decirlo.

Respecto... Vamos a ver, yo creo que está claro. Yo el que las leyes sean juntas o no sean juntas, le he dicho que no es una cuestión imprescindible; lo que sí le he dicho es que el informe de los Servicios Jurídicos de la Junta y de las Cortes han dicho que sería, incluso, pues, perceptivo, que estaría bien hacerlo. Y yo no he hecho de eso cuestión de orden, le he dicho, sustancialmente, que las Comunidades que recientemente han organizado su Función Pública lo han hecho para evitar modificaciones absolutamente constantes en la normativa de la Administración.

Hay una cosa que a mí, de verdad, es que esto es fantástico. Los departamentos que ustedes ahora defienden y nos dicen hoy, por primera vez, que los departamentos van a ser funcionarios. Pero si la Ley no dice eso, si la Ley dice que reglamentariamente se establecerá qué van a ser esos directores de departamento. Pero, vamos a ver, señor Huidobro -que usted es funcionario-, si hay un jefe de servicio y hay un delegado, ¿qué va a ser? A ver, explíquemelo usted. Yo he presupuesto con bastante razón que, desde luego, de libre designación hacia arriba. Usted dirá lo que quiera. Pero es que la Ley no dice... que se desarrollará reglamentariamente. No me venga usted diciendo ahora que ya sabe usted -que se lo habrá dicho el Consejero de Presidencia- que lo van hacer nivel veinticuatro. Pues eso no lo puede usted defender con cierto criterio porque no lo dice la Ley. La Ley en el Artículo 41 establece que los directores de departamento se desarrollarán reglamentariamente, como quieran ustedes. Por lo tanto, es evidente que no puede usted decir que la Administración disminuye.

¡Hombre!, yo lo de la cuestión política de los Delegados Territoriales ya... en fin, eso es muy fuerte. Porque, claro, resulta que el Decreto 283 del año ochenta y nueve asimila los Delegados Territoriales a altos cargos, en la Disposición Adicional dice que tienen las retribuciones de los Directores Generales, y ese Decreto lo firma un Consejero que se llama César Huidobro. O sea, desde luego, usted es el único en esta Cámara que no tiene ninguna justificación no saber que eran altos cargos desde el año ochenta y nueve. Pero, por si había alguna duda, en enero del año noventa un Consejero, César Huidobro, firma que tendrán un complemento específico por ser altos cargos de 1.200.000 pesetas al año. Entonces, ¿ahora qué les hemos hecho? ¿Políticos al cuadrado? ¿O qué les hemos hecho?

Porque la única competencia nueva que ponen ustedes de la normativa anterior a ahora es que van a coordinar la acción política de la Junta. Estaría bueno, estaría bueno. ¿Qué han estado haciendo hasta ahora desde el año ochenta y nueve? Si ya cobran por eso. Si es que no tiene ninguna justificación el que ustedes digan que refuerzan la actividad política de... es que ya está desde el año ochenta y nueve cobrando por ello.

Hombre, ya... lo que, desde luego, ya es muy duro de aceptar es que usted me establezca comparaciones... Usted sabe perfectamente que es una cierta enfermedad reincidente en ustedes en retornar al año ochenta y siete para establecer comparaciones sobre los gastos de personal, altos cargos y gastos suntuosos del Gobierno Socialista. Y tendría alguna justificación mejor, que es decir que las competencias han variado, y tal, y entraríamos en otra discusión.

Mire, no me remonto al año ochenta y siete, me remonto a los dos últimos años. Ustedes han aumentado once coordinadores y veinticinco jefes de servicio en un año, pero el total de ahora es multiplicar por diez los altos cargos... los altos funcionarios y altos cargos que estaban entonces metidos.

Le voy a dar más datos. Le he defendido los ciento treinta y cinco asesores. Le estoy excluyendo los setecientos cincuenta y tantos puestos de libre designación. No quiero entrar en esas cifras que son absolutamente afrodisiacas comparadas con lo que había en el Gobierno Socialista. Pero, vamos, por favor, ¿cómo puede usted decir esas... esas cosas aquí?

Y le voy a dar algún otro dato más, algún otro dato más que quiero que se aprenda, porque yo ya estoy harto de repetírselo al anterior Portavoz de Función Pública. Mire, ustedes en lo que es el Área de la Presidencia, comparado con el año ochenta y siete, en atenciones protocolarias han subido el 377%; pero, por ejemplo, en reuniones y conferencias, que es versus comidas, el 1.219%, ¿eh?, el 1.219%; por ejemplo, en gastos diversos estamos hablando de 761%; o, por ejemplo, en ediciones de libros -que ya sabemos que es un regalo favorito de ustedes- están haciendo el 1.155%. Eso, respecto a pesetas constantes.

Pero yo lo que le quiero decir, lo que le quiero decir es que no admite la más mínima comparación en algo que, por ejemplo -por dar una cifra, que podríamos estar de esto discutiendo, usted sabe, muchas horas-, toda la Junta del año ochenta y siete tuvo menos... teniendo gabinetes, tenía menos puestos en el gabinete que sólo un Consejero del Gobierno actual, que es el de Educación; entre todos los del Gobierno Socialista tenían menos gabinete que un Consejero actual, que tiene más de treinta personas a su servicio como gabinete. O sea que, en fin, no admite comparación estos datos, que podríamos estar -como digo- pero discutiendo muchas veces.

En definitiva, por decirle claramente: los nuevos métodos de gestión, usted me dice que lo van a aceptar, me dice que los Directores de Departamento que los van a... ser funcionarios, me modifica la mitad de la Ley aquí de un plumazo.

Yo lo que le digo es que para nosotros esta Ley no cumple los requisitos mínimos ni como Administración, ni como Gobierno, ni como control de Gobierno, y, desde luego, el no incorporar ningún ámbito nuevo, nuevo de gestión y nuevo de ámbito de gestión, en los municipios. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para el turno de réplica, por el Grupo Mixto, señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Bueno, prácticamente dos minutos y medio, casi lo hago más desde aquí; no se tome en consideración otro motivo después de las horas que son.

Y decir que aquello que inicialmente han negado sobre una fórmula de diálogo, posiblemente se quiera ahora modificar mediante esas mejoras que van a permitir en el proceso de Ponencia y Comisión. Lo tomamos en consideración, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Vamos a ver qué es lo que sale de ahí. Pero como ya tenemos una experiencia, ya la fórmula empírica nos permite pensar que no va a haber prácticamente ninguna modificación o muy escasas, lo cual, bueno, pues después tendremos oportunidad nuevamente, cuando tengamos que hacer ya el último repaso de la aprobación definitiva, de ponerlo de manifiesto.

Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, yo hasta el momento presente -y confieso que tengo que profundizar todavía mucho más- no he entendido o no he encontrado en ningún lugar que haya algún impedimento... sí hay dificultad, pero que haya algún impedimento para que se pueda simplificar lo que es el procedimiento administrativo o lo que es el procedimiento político, apoyándose, precisamente, en los elementos u órganos o instituciones existentes. Y no vale cuando hacemos esa... ese especie de análisis sobre lo que pueden ser las provincias o lo que pueden ser las comarcas, que se multiplicarían -claro- si ustedes pretenden mantener absolutamente todas las instituciones existentes y, además, añadir otra nueva; es posible que sí. Pero la fórmula que, precisamente, nosotros hemos esgrimido constantemente es buscar elementos de simplificación posible mediante esos mecanismos, entre otros, porque aunque hubiese la necesidad de aumentar, y sensiblemente, el número de personas dedicadas a esa Administración Territorial con un criterio de otra naturaleza, lo que no cabe la menor duda es que se encontraría beneficiado por el simple hecho de contemplar o de considerar zonas que en estos momentos... o comarcas que en estos momentos están siendo auténticas bolsas de pobreza y que no tienen ni conexión siquiera con su núcleo capitalino, que es otro núcleo más con unas características muy peculiares, que a nosotros nos parece que debemos de erradicar. Por tanto, a nosotros eso nos parece importante desde el punto de vista del modelo territorial.

Y, lógicamente, no entraríamos ya de nuevo a discutir todo lo que ha sido la traslación inicial de crear elementos periféricos de Administración para después elevarles de rango con la categoría suficientes como para que esa austeridad, ese ahorro, esa justificación que ustedes se hacen de "no vamos a transferirles o pasarles a altos cargos", no se produzca en un inmediato futuro. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Otero, su turno.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Gracias, Presidente. Dos minutos solamente para decir dos cosas. Señor Huidobro, me entendió usted mal. Yo lo que dije es que estoy dispuesto a seguir adelante en Ponencia y en Comisión, si el Consejero o el Presidente me dicen que sobre ese artículo que determina que los órganos centrales de la Administración tienen que estar en Valladolid, si sobre ese artículo se va a debatir. No he puesto ninguna condición de que o se cambia el artículo o yo no sigo. He dicho que si están dispuestos a debatirlos, no a cambiarlos. Evidentemente, la Ponencia es un foro de debate, como la Comisión, etcétera. Yo aquí no impongo nada. Primero.

Segundo. Pero, claro, cuando ya usted me dice que es una cuestión matemática que donde están las sedes de autogobierno tiene que estar los órganos centrales, ya me dice que qué vamos a debatir. Ya me está dando la respuesta, que sobre ese artículo no hay nada que debatir, porque si las sedes están en Valladolid, los órganos centrales de la Administración van a estar en Valladolid. Entonces, no sé a qué atenerme, si a lo que me dice usted o la posibilidad -que espero que haya- de que en la Ponencia sobre eso también se pueda dialogar, se pueda debatir, se puedan cambiar impresiones, sin perjuicio del resultado, sin perjuicio del resultado.

Porque esa teoría suya, según la cual que la sede de las instituciones de autogobierno esté en Valladolid implica necesariamente que los órganos centrales de la Administración estén en Valladolid, no digo que no sea acertada, pero se contradice con el Estatuto de Autonomía. El Estatuto dice en el Artículo 3 que "una Ley de Sedes fijará las sedes de autogobierno", y luego dice que "los órganos centrales se ubicarán atendiendo principios de descentralización". El Estatuto no dice en su Artículo 2 que los órganos centrales estarán donde estén las sedes de autogobierno. No lo dice. Entonces, a lo mejor hace una falta una Ponencia no para debatir sobre esta Ley, sino sobre el Estatuto de Autonomía y adecuarlo a lo que usted entiende como lógico y razonable, que el propio Estatuto no entiende como lógico y razonable. Entonces, por eso me quedo un poco despistado.

Bueno, en definitiva, ya hablaremos de este tema -porque no hay más tiempo y es muy tarde- en la Ponencia, si hay alguna posibilidad de modificar algo.

Y lo único que digo, para terminar, es insistir en lo que dije antes. El señor Fernando Benito en su intervención me clarificó mucho cuál es el adjetivo que yo veo con respeto a esta Ley, o el efecto que esta Ley me produce: utilizó la palabra "afrodisiaco". A mí esta Ley, de verdad, señor Huidobro, me produce ese efecto, un efecto afrodisiaco, porque sólo de verlo me excito, me cabreo, me cabreo...

(Murmullos.)

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: ..

..y espero que el texto que llegue al final...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: ..

..y espero que el texto que llegue al final sea menos excitante, porque, de verdad, no tengo ganas de cabrearme. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para cerrar el debate, señor Huidobro.

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ:

Gracias, señor Presidente. Me congratulo de que por lo menos al Portavoz de la UPL el Proyecto de Ley haya servido para algo.

(Risas.)

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: Y

Y me congratulo también de que mi intervención, si en algo le ha molestado, al menos haya servido para que, reflexionando sobre lo que había dicho, vuelva a intervenir en esta Tribuna y prometa su presencia en la Ponencia, que, lógicamente, caben todas las posibilidades de hablar, aun cuando me da la impresión de que estamos muy lejos de lo que consideramos órganos centrales y su situación y su ubicación. Pero bueno me parece que usted haya bajado, bueno me parece que usted prometa su presencia en la Ponencia, y bueno me parece -y se lo tendremos que agradecer al Consejero, aunque se lo haya encontrado encima de la mesa- que, a estas horas, la Ley, por lo menos, haya servido para excitarle a usted.

Señor Herreros, como siempre -y él sabe, porque hemos participado en Ponencia muchas veces-, sabe que los Proyectos de Ley que presenta el Gobierno están muy trabajados, muy estudiados, y que, por lo tanto, en los principios fundamentales, en los principios fundamentales no es fácil cambiarlos. Y hay algo fundamental para nosotros: la comarca para nosotros no es una institución con la que queramos contar para la organización de esta Comunidad Autónoma; pero la comarca como ámbito territorial, pero la comarca como ámbito territorial, o las zonas, o las áreas de influencia -llámelas usted como quiera-, son ámbitos territoriales que se están utilizando ya para la prestación de servicios. Y de eso se quejaba el Portavoz del Grupo Socialista. Decía: "pero si ya lo están utilizando". Pues claro. Pero no hay órganos en esas zonas, en esas comarcas o en esas áreas de influencia. Lo que hay son unidades administrativas que colaboran en la prestación de los servicios, cuando esto se puede hacer más cerca del territorio... más cerca del ciudadano que desde donde se encuentran los órganos periféricos de la Junta en cada una de las provincias.

Pero usted ofrece consenso, y lo utilizaremos. Como digo, hemos participado en muchas leyes debatiendo.

Al señor... don Fernando Benito, que ha utilizado mi presencia en la Consejería para decir que lo podía haber hecho antes, precisamente ésa es la razón por la que no se hizo antes. Cuando yo era Consejero, esta Junta no tenía el presupuesto que tiene hoy. Hoy tiene ochocientos y pico mil millones. Cuando yo me fui de la Junta, esta Junta tenía doscientos y pico mil millones, seiscientos y pico mil millones de diferencia. Seiscientos y pico mil millones de diferencia y así como del orden de cuarenta y... de cuarenta mil funcionarios más, yo creo que dan motivo suficiente para que sea necesario presentar una nueva Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma y una nueva Ley de Gobierno.

Y se ha procurado seguir con el criterio que teníamos, se ha procurado seguir los mismos esquemas, con el fin de no equivocar a nadie, de no confundir a nadie. Si la gente se había acostumbrado a utilizar este tipo de ley, esta estructura, vamos a seguir con esa estructura. Eso es lo que se ha pretendido con el fin de facilitar las cosas. No obstante, en las cosas -como digo- que sirvan para facilitar que la Ley sea mejor, estamos a su disposición. Y en algunas de ellas... de algunas de ellas ya se ha hablado, y en algunas ya estaremos de acuerdo.

Dice que no ha dicho que sea imprescindible las dos leyes. Bueno, yo, antes de venir aquí, no sabía lo que iban a decir, pero sí me he leído el escrito de presentación de enmiendas. Y, al leer el escrito de presentación de enmiendas, leo: "En la actualidad, se hace imprescindible una regulación separada de la Ley del Gobierno y de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma... de la Comunidad de Castilla y León". Luego, si se hace imprescindible, no es que tengan una opinión y les dé lo mismo. A los que nos da... a los que nos habría dado lo mismo sería a nosotros, pero ustedes lo consideran imprescindible. Y los Jefes de Departamentos no son... Territoriales no son altos cargos; lo que pasa, que como no sabía qué contestarme, ha hecho algo que, bueno, a veces da resultado (si cuela, si no me doy cuenta...). Claro que los Delegados Territoriales son altos cargos. Los Delegados Territoriales. Pero los Jefes de Departamento, de los que yo estaba hablando, que son los que más aumentan, porque los Delegados no aumenta ninguno, no son altos cargos. Y, por lo tanto, no intente usted confundir.

Ustedes tenían más personal eventual. Mire, ustedes, cuando dejaron el año ochenta y seis la Junta, tenían setenta personas como personal eventual en el Gobierno. Nosotros, en este momento, ni aunque cuente usted como personal eventual a los Delegados Territoriales...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Guarden silencio, por favor, que ya falta poco. Guarden silencio.

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: ..

..a los Consejeros y al Presidente, llegamos a setenta personas. Yo creo que es suficiente, para que ustedes tengan en cuenta lo que es. He vivido esto, me lo han echado en cara en esta intervención, y por eso puedo asegurarles que, conociendo los datos, ustedes no se quedaron cortos; y, ahora, lo que no pueden hacer -que sí nos lo podían hacer desde otros Grupos- es decirnos que nosotros estamos inflando y que tenemos mucho más personal eventual que ustedes tenían. Nada más, y muchas gracias, Señoría.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Procedemos a someter a votación, en forma agrupada, las dos Enmiendas a la Totalidad, presentadas por el Grupo Mixto y Socialista. ¿Votos a favor de las Enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y dos. Votos a favor: veintinueve. Votos en contra: cuarenta y tres. Abstenciones: ninguna. Quedan rechazadas dichas Enmiendas, y el Proyecto de Ley será remitido a la Comisión de Presidencia para que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

Gracias, Señorías. Se levanta la sesión, y que descansen.

(Se levanta la sesión a las dieciséis horas cinco minutos.)